#Philippines

La situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos (DDH) ha mejorado, hasta cierto punto desde el fin del gobierno de Arroyo en el 2010, pero el gobierno actual no ha abordado la cuestión de las violaciones contra DDH, que continúan ocurriendo. Los/as DDH siguen haciendo frente a ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acusaciones fabricadas, arresto, la negativa de fianzas, amenazas e intimidación y restricciones a sus libertades de expresión, reunión pacífica y asociación. La importante militarización de algunas áreas, especialmente Mindanao, afecta de manera significativa la labor de los/as DDH.

Causa mucha preocupación la persistencia de ejecuciones extrajudiciales y ataques físicos contra DDH, casi todos perpetrados con total impunidad. A pesar de ser parte de varios tratados internacionales de derechos humanos que imponen al estado la obligación de investigar supuestas violaciones al derecho a la vida, Filipinas ha brindado poca -o casi nula- protección a los/as DDH.

Los defensores/as de los derechos de los pueblos indígenas se ven especialmente expuestos a sufrir represalias por causa de su tarea en favor del derecho a la tierra, los desalojos forzados, el medio ambiente y la defensa del modo de vida tradicional de los pueblos indígenas. Los responsables de la violencia, que incluye asesinatos, espionaje, amenazas e intimidación son la policía, el ejército o personal de seguridad privada contratado por las corporaciones. Los/as DDH también sufren acusaciones penales por utilizar violencia y campañas públicas de difamación, que los tildan de ser agentes de grupos armados relacionados con el Partido Comunista.