#Thailand

Los/las defensores/as de los derechos humanos de Tailandia están sujetos a amenazas, agresiones físicas, detención arbitraria, desaparición forzada y ejecuciones sumarias. Entre los/as DDH que corren mayor riesgo se incluye a quienes trabajan con los migrantes, especialmente en la frontera con Birmania/Myanmar, quienes luchan por los derechos económicos, sociales y culturales, y quienes trabajan la zona de conflicto de los límites de tres provincias de Tailandia del Sur. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia ha documentado 35 casos de ejecuciones extrajudiciales de defensores/as de derechos humanos entre los años 2003 y 2012, de los que casi 30 trabajaban por los derechos económicos, sociales y culturales. Muchos de estos casos no fueron investigados adecuadamente por las autoridades.

La libertad de expresión está limitada en forma particular por el uso de la Ley de delitos informáticos y la Ley de "lesa majestad" (que prohíbe la crítica a la familia real), que fue utilizada reiteradamente para hacer blanco en los activistas políticos, defensores/as de derechos humanos y otras voces independientes. La policía también respondió con violencia ante manifestaciones pacíficas, haciendo uso excesivo de la fuerza contra comunidades locales que protestaban pacíficamente contra la construcción de represas o oleoductos. En varias situaciones, la policía arrestó y acusó a varios manifestantes y defensores/as de derechos humanos. También se procesó a sindicalistas por su tarea, que fueron acusados de organizar reuniones ilegales.

La situación en Tailandia del Sur, donde las violaciones contra organizaciones de derechos humanos ocurren en un contexto de impunidad generalizada para los perpetradores, a menudo el gobierno o funcionarios militares. Sigue impuesta la ley marcial en regiones del límite sur con las provincias. El decreto de emergencia del 2005 que sigue en vigor permite retener a una persona durante hasta 30 días sin acusarla. Los/as DDH del sur, especialmente quienes colaboran con las víctimas del conflicto, en su mayor parte musulmanas, denuncian el habitual abuso de la ley y los decretos de emergencia y el abuso de poder generalizado por parte de las autoridades.