#Laos

Desde que el Partido Revolucionario Popular tomó el poder en 1975, Laos es una república con un solo partido político. En este contexto, defensores y defensoras de los derechos humanos (DDH) trabajan inmersos en muchas dificultades y no pueden operar con libertad: se enfrentan a vigilancia, intimidación, arresto y detención arbitraria, tortura durante la detención y desaparición forzada. A pesar de que estos derechos están garantizados por la Constitución, la libertad de expresión, asociación y reunión están muy restringidas.

Los medios de comunicación laosianos están en su mayoría controlados y en manos del estado y -generalmente- los periodistas ejercen la autocensura por temor a represalias. La desaparición forzada del líder comunitario Sombath Somphone, detenido en un puesto de control policial en Vientiane el 15 de diciembre de 2012, quien no volvió a ser visto desde entonces, es una muestra emblemática de que el gobierno de Laos no asume su responsabilidad por los abusos a los derechos.

En los últimos años, muchas tierras y recursos naturales fueron arrendados a compañías con base en China y Vietnam. Las operaciones de estas compañías entran en conflicto con las comunidades locales e indígenas, y trajeron como consecuencia desplazamientos forzados y relocalizaciones. Las organizaciones de comunidades de base de DDH que trabajan en materia del derecho a la tierra y de la comunidad enfrentan serios riesgos. En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Relator Especial sobre la situación de defensores/as de derechos humanos dio a conocer su preocupación sobre "los casos de defensores del derecho a la tierra del país, que corren riesgo de detención arbitraria, maltrato y desaparición forzada como consecuencia del ejercicio de sus derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión".