#Malaysia

Los defensores y defensoras de los derechos humanos (DDH) en Malasia enfrentan hostigamiento judicial, arrestos arbitrarios, amenazas, intimidación y campañas de difamación. Son particularmente vulnerables quienes trabajan contra la corrupción, llaman a la reforma del sistema electoral y piden elecciones libres y justas. Los/as DDH que trabajan en la zona oriental de Malasia y en la isla de Borneo sobre temas relativos a los derechos de los indígenas están sujetos a prohibición de viajar hacia la península y no cuentan con acceso a respaldo internacional. Desde junio de 2015, el gobierno malayo todavía no ha aceptado las solicitudes realizadas en los años 2002 y 2010 por parte de la Relatora Especial de la ONU para la situación de los defensores de derechos humanos, para visitar el país.

El partido monolítico Barisan Nasional gobierna Malasia desde hace 58 años. A pesar de que la célebre Ley de Seguridad Interna (Internal Security Act - ISA) fue rechazada en el 2011, las mismas disposiciones sobre detención preventiva regresaron con la nueva ley de Medidas Especiales para delitos contra la seguridad (Security Offenses Special Measures Act - SOSMA) del 2012, o al adoptar reformas para otras leyes como la Ley de prevención del delito (Prevention of Crime Act - PCA), Ley de Sedición de 1948, que permite la detención administrativa de sospechosos sin intervención judicial. La Ley de reunión pacífica (Peaceful Assembly Act - PAA) del 2011 prohíbe las protestas en las calles, otorga a la policía el poder de arrestar a cualquier organizador o participante de una reunión pacífica sin que medie orden de arresto y prohíbe la participación de personas que no son malayas o menores de 21 años de edad.

El número de arrestos realizados según la Ley de sedición se ha incrementado de 7 en el 2010 a 18 en el 2013 y saltó a 44 en el 2014. Durante el mes de julio de 2015 fueron 37 las personas arrestadas sospechadas de "sedición". Según la ley, se puede llegar a un veredicto de culpabilidad sobre la evidencia de un testigo no corroborado. Las autoridades también han utilizado las leyes de censura para silenciar el debate sobre cuestiones de derechos humanos. En el 2013, tres defensores de derechos humanos fueron arrestados y procesados por exhibir un documental sobre abusos a los derechos humanos en Sri Lanka. En el 2011, las autoridades también prohibieron un festival organizados por grupos LGBT.