#Burma

Las reformas políticas del 2011 trajeron la libertad de más de 1000 prisioneros políticos, entre ellos muchos defensores y defensoras de derechos humanos. Hoy día, muchos/as DDH que estuvieron encarcelados/as se enfrentan a varias limitaciones a su labor y corren riesgo de sufrir futuras persecuciones. Los estudiantes activistas no fueron autorizados a retomar sus estudios en las universidades y el Ministerio de Asuntos Internos se negó a emitir pasaportes a ex prisioneros políticos y destacados DDH.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue creada en el 2011, pero muy criticada por ser ineficaz y negarse a investigar violaciones ocurridas en áreas de minorías étnicas. La nueva legislación birmana sobre libertad de reunión no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos y exige a los manifestantes pedir autorización con cinco días de antelación y presentar sus eslóganes para la aprobación del estado. Si los discursos de los manifestantes son considerados perjudiciales para el estado por "hacer cualquier cosa que cause temor o provoque disturbios", podrían enfrentar cargos penales y seis meses de cárcel.

Las amenazas contra los/as DDH que trabajan por los derechos económicos, sociales y culturales han ido en aumento. Aquellos/as defensores/as que respaldan a las comunidades afectadas por el proyecto minero Letpadaung son objeto de hostigamiento judicial, arrestos, cárcel y les impiden viajar hasta ese área. Además, la violencia contra los apátridas rohingya en el estado de Arakan y la población musulmana pone en peligro a DDH rohingya y musulmanes, mientras que los líderes/lideresas que se embarcan en el diálogo interreligioso y la documentación de violaciones de los derechos humanos hacen frente a arrestos y acusaciones.