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Los defensores y defensoras de derechos humanos de la Argentina cumplen desde hace largo tiempo un papel fundamental en la búsqueda de la justicia transicional de ese país. El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a Adolfo Pérez Esquivel en 1980 por su labor como defensor de derechos humanos que promovió la democracia y los derechos humanos en el contexto de las dictaduras en Latinoamérica.

Durante por lo menos una década, Argentina está establecida como un gobierno y una sociedad que respeta mayormente los derechos humanos. Sin embargo, los crímenes del pasado y los intentos por asignar responsabilidades todavía empañan la situación. Si bien muchos/as defensores/as de derechos humanos (DDH) pueden operar en libertad, aquellos/as DDH que buscan justicia para las violaciones perpetradas durante la dictadura, periodistas y sindicalistas han sido objeto de amenazas de muerte, hostigamiento, arresto arbitrario, procesos judiciales, violencia policial y campañas de difamación. En el último tiempo, defensores y defensoras han enfrentado nuevos riesgos, entre ellos brutalidad policial, hostigamiento judicial y opresión de comunidades indígenas.

En el 2003 Argentina creó el Programa Nacional de Protección de Testigos, cuyo mandato fue extendido en el 2005 para incluir casos relativos a los juicios en curso en casos de delitos perpetrados durante la dictadura. El programa fue muy criticado por la sociedad civil y organismos internacionales. Las Naciones Unidas señalaron su falta de adecuación, consecuencia de personal de seguridad no preparado, la falta de coordinación entre agencias nacionales y su falta de capacidad para investigar y prevenir las amenazas recibidas por defensores y defensoras de derechos humanos.