proceso judicial contra defensora de derechos humanos Mapuche Moira Millán
El 3 de abril de 2019 se celebró una audiencia final sobre el caso, después de varios aplazamientos desde el 21 de febrero de 2019, sin una justificación aparente. El tribunal concluyó que la participación de Moira Millán en la protesta en Esquel no podía interpretarse como intimidante de ninguna manera y, por lo tanto, la absolvió de todos los cargos.
Está programada para el 21 de febrero de 2019 la audiencia de la defensora Mapuche de derechos humanos Moira Millán, acusada de "coacción doblemente agravada" después de organizar una protesta pacífica en septiembre de 2017 en el Juzgado Federal de Esquel. La protesta buscaba la responsabilización de autoridades estatales por presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas contra indígenas mapuche durante allanamientos llevados a cabo en septiembre de 2017.
Moira Ivana Millán es una weychafe mapuche y defensora de derechos humanos. Durante más de veinte años, ha trabajado para proteger y defender los territorios indígenas y los derechos de las mujeres de las treinta y seis naciones indígenas que viven en Argentina. Es la fundadora y coordinadora del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que organiza campañas de visibilidad y pide justicia por las violaciones cometidas contra los pueblos indígenas. Debido a su trabajo en la defensa de derechos humanos, Moira Millán ha sido objeto de amenazas de muerte, ataques y persecución judicial.
El 13 de abril de 2019, Moira Millán fue absuelta definitivamente por el Tribunal Federal de Justicia de Comodoro, Rivadavia. Durante nueve meses, la defensora de derechos humanos indígena sufrió un proceso judicial por presunta "coerción agravada" relacionado con su participación en una protesta pacífica en septiembre de 2017.
El 3 de abril de 2019 se celebró una audiencia final sobre el caso, después de varios aplazamientos desde el 21 de febrero de 2019, sin una justificación aparente. El tribunal concluyó que la participación de Moira Millán en la protesta en Esquel no podía interpretarse como intimidante de ninguna manera y, por lo tanto, la absolvió de todos los cargos.
Al mismo tiempo en que Front Line Defenders celebra la absolución de Moira Millán, sigue preocupada por el uso del sistema judicial y de procedimientos injustificadamente largos como una herramienta para criminalizar e intimidar a las personas defensoras de derechos humanos. Además, Front Line Defenders expresa su preocupación por el trato a los pueblos indígenas mapuche por parte de las autoridades argentinas, dada la discriminación y el abandono que sufren las comunidades mapuche en el país.
Está programada para el 21 de febrero de 2019 la audiencia de la defensora Mapuche de derechos humanos Moira Millán, acusada de "coacción doblemente agravada" después de organizar una protesta pacífica en septiembre de 2017 en el Juzgado Federal de Esquel. La protesta buscaba la responsabilización de autoridades estatales por presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas contra indígenas mapuche durante allanamientos llevados a cabo en septiembre de 2017. Los allanamientos, autorizados por un juez federal, fueron parte de la investigación sobre la desaparición del activista Santiago Maldonado.
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Moira Ivana Millán es una weychafe mapuche y defensora de derechos humanos. Durante más de veinte años, ha trabajado para proteger y defender los territorios indígenas y los derechos de las mujeres de las treinta y seis naciones indígenas que viven en Argentina. Es la fundadora y coordinadora del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que organiza campañas de visibilidad y pide justicia por las violaciones cometidas contra los pueblos indígenas. Debido a su trabajo en la defensa de derechos humanos, Moira Millán ha sido objeto de amenazas de muerte, ataques y persecución judicial.
El 20 de septiembre de 2017, Moira Millán acompañó a integrantes de la comunidad mapuche Vuelta del Río al Juzgado Federal de Esquel. Buscaron presentar quejas y protestar por los allanamientos y las violaciones de derechos humanos que habían sufrido por parte de la Gendarmería en Vuelta del Río el 18 de septiembre de 2017. Los manifestantes también pidieron la renuncia inmediata del juez federal Guido Otranto, quién fue percibido por las víctimas como el responsable por los allanamientos y las consecuentes violaciones de derechos humanos. Durante la protesta, aproximadamente veinte víctimas presentaron sus quejas a las autoridades presentes.
Los allanamientos llevados a cabo por la Gendarmería el 18 de septiembre de 2017 se autorizaron como parte de la investigación sobre la desaparición de Santiago Maldonado, defensor de derechos humanos que fue encontrado muerto en octubre de 2017 luego de su desaparición el 1 de agosto de 2017. Según informes de defensores/as de derechos humanos locales, la Gendarmería golpeó a las y los indígenas y les humilló intencionalmente durante los allanamientos.
El 26 de junio de 2018, Moira Millán fue notificada de que había sido acusada de "coacción doblemente agravada" por la Fiscalía Federal de Esquel, a raíz de su destacado rol en las protestas. Ella fue la única persona acusada.
En la primera audiencia, el 19 de septiembre de 2018, Moira Millán compareció ante el Tribunal, donde reafirmó su inocencia. Fue sobreseída de todos los cargos por el juez Gustavo Lleral (quien reemplazó al juez Guido Otranto en las investigaciones a solicitud de la familia de Santiago Maldonado).
La fiscalía apeló la decisión, alegando tener nuevas pruebas a presentar. Se espera que proporcionen esta evidencia en la próxima audiencia el 21 de febrero de 2019. De ser declarada culpable, Moira Millán puede ser condenada por una pena de 2 a 4 años de prisión.
Front Line Defenders condena la criminalización de la defensora mapuche Moira Millán. Front Line Defenders cree que este caso representa un esfuerzo por suprimir su rol como defensora de los derechos de las mujeres y de los derechos de los pueblos indígenas. Front Line Defenders también expresa su preocupación por el trato a los pueblos indígenas mapuche por parte de las autoridades argentinas, dada la discriminación y el abandono que sufren las comunidades mapuche en el país.
Front Line Defenders insta a las autoridades en Argentina a que:
1. Inmediatamente retiren todos los cargos contra Moira Millán;
2. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica y la seguridad de Moira Millán, sus familiares y todos los grupos indígenas mapuche, en coordinación con ellos;
3. Lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los presuntos ataques y violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas estatales contra la comunidad mapuche de Vuelta del Río, con el fin de publicar los resultados y llevar a los responsables ante la justicia de acuerdo con las normas internacionales;
4. Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras en Argentina puedan efectuar su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos sin miedo a represalias y libre de todo tipo de restricciones arbitrarias, incluyendo el acoso judicial.
