Declaración: Las desapariciones forzadas como herramienta de represión contra los defensores de los derechos humanos
Front Line Defenders conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas llamando la atención sobre los numerosos casos de desaparición forzada de defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo, denunciando la impunidad que caracteriza estos casos y pidiendo que rindan cuentas los responsables de esta grave violación de los derechos humanos y apoyando a los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos los familiares de los desaparecidos, que hacen campaña por la verdad y la justicia.
Gobiernos de todo el mundo utilizan las desapariciones forzadas como herramienta para silenciar y castigar la labor en favor de los derechos humanos y la disidencia pacífica. Las personas defensoras de los derechos humanos, incluidos los periodistas y quienes documentan las violaciones cometidas por el Estado, han sido blanco de este delito. Los miembros de comunidades tradicionalmente perseguidas, como las minorías religiosas y étnicas, así como los defensores de los derechos humanos que viven en contextos altamente militarizados, han sido especialmente vulnerables a las desapariciones forzadas como represalia por su trabajo.
Front Line Defenders ha documentado numerosos casos de desapariciones forzadas de defensores y defensoras de los derechos humanos como represalia por su labor, así como los casos de quienes trabajan en la cuestión de las desapariciones forzadas: En Honduras, el 18 de julio de 2020, los defensores de derechos humanos garífunas, Suamí Mejía, Sneider Centeno, Milton Martínez Mejía y Gerardo Tróchez fueron víctimas de desaparición forzada en la comunidad de Triunfo de la Cruz, Hondura. Su paradero sigue siendo desconocido y el Ministerio Público no ha logrado avances sustanciales en sus investigaciones. Estas desapariciones se producen en un contexto de amenazas, ataques y asesinatos generalizados y sistemáticos contra la Comunidad Garífuna como represalia por la lucha para reclamar sus derechos sobre la tierra, que fue arrebatada por empresas privadas y la municipalidad con la aquiescencia del Estado.
El tristemente célebre sistema chino de vigilancia domiciliaria en un lugar designado (RSDL, por sus siglas en inglés), contemplado en su Código de Procedimiento Penal, otorga amplios poderes a la policía para detener a los sospechosos de cometer un delito contra la "seguridad nacional" incomunicados durante un máximo de seis meses en cualquier lugar elegido por la policía. Expertos en derechos humanos de la ONU han expresado su preocupación por el hecho de que las condiciones de detención en virtud de la RSDL "son análogas a la detención en régimen de incomunicación y secreta y equivalen a la desaparición forzada". Algunos casos recientes son el de la defensora de los derechos humanos He Fangmei (何方美), que estuvo desaparecida y recluida durante un periodo de tiempo desconocido en régimen de RSDL en un hospital psiquiátrico mientras estaba embarazada; y el del abogado de derechos humanos Chang Weiping (常玮平), sometido a RSDL en un lugar no revelado de la provincia de Shaanxi, días después de que hiciera públicos detalles de su tortura por agentes del Estado durante una detención anterior de diez días en régimen de RSDL.
Pakistán tiene un historial de uso de las desapariciones forzadas como herramienta para perseguir a los defensores de los derechos humanos y silenciar la disidencia contra la administración y el ejército en cuestiones de derechos humanos. En los últimos años, Front Line Defenders ha observado un número creciente de casos de desapariciones de corta duración, en los que los defensores de los derechos humanos son encontrados bajo custodia del Estado después de varias horas, días o semanas. Los supervivientes han compartido testimonios de condiciones de detención inhumanas y han detallado haber sido sometidos a horribles torturas mentales y físicas durante su cautiverio. Incluso cuando el Estado admite que los defensores de los derechos humanos están bajo su custodia, muchos de ellos se enfrentan a causas judiciales falsas, lo que da lugar a una detención prolongada, encarcelamiento y vigilancia. La desaparición forzada del defensor de los derechos humanos Idris Khattak, que fue hallado bajo custodia del Estado siete meses después, y su posterior procesamiento en virtud de la Ley de Secretos Oficiales, es emblemática de la impunidad de la que gozan los perpetradores y del continuo sufrimiento de los supervivientes y sus familias. A pesar de las garantías dadas por los sucesivos gobiernos paquistaníes, apenas se ha intentado tipificar como delito la práctica de las desapariciones forzadas, y el país aún no ha firmado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Si bien Rusia ha recurrido a las desapariciones forzadas contra defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil ucraniana desde el inicio de la ocupación de Crimea en 2014, esta práctica se ha disparado desde el inicio de su invasión a gran escala de Ucrania. La organización ucraniana de derechos humanos ZMINA ha informado de que, desde febrero de 2022, el ejército ruso ha secuestrado, hecho desaparecer por la fuerza y detenido ilegalmente al menos a 562 voluntarios, activistas y defensores de los derechos humanos, entre ellos la defensora de los derechos humanos Iryna Horobstova y los periodistas Dmytro Khyliuk y Oleh Baturin. Mientras están desaparecidos, algunos son sometidos a tortura y malos tratos por las fuerzas rusas, en algunos casos hasta el punto de la muerte - ZMINA ha documentado 16 casos en los que la persona fue encontrada muerta tras su desaparición forzada. Los defensores de los derechos humanos desaparecidos a menudo se ven obligados a incriminarse en causas penales falsas, como en el caso de Iryna Danylovych, defensora de los derechos humanos y periodista cívica de Crimea.
Front Line Defenders reconoce el terrible trauma infligido por la desaparición forzada a los defensores y las defensoras de los derechos humanos, así como a sus familias y comunidades en general. También reconocemos la labor de innumerables defensores y defensoras de los derechos humanos en todos los rincones del mundo, especialmente de los familiares de personas desaparecidas, que siguen trabajando pacíficamente por la verdad y la justicia para sus seres queridos desaparecidos. Las personas defensoras de los derechos humanos son víctimas de desapariciones forzadas, pero también trabajan incansablemente para luchar contra esta práctica y sus efectos en la sociedad en general.
En mayo de 2022, México alcanzó el macabro hito de 100.000 víctimas de desapariciones, lo que indica la gravedad del problema en el país. En 2022, Front Line Defenders destacó la labor fundamental realizada por los defensores de derechos humanos y los colectivos que buscan a los desaparecidos mediante la entrega de su Premio para Defensores de Derechos Humanos en Riesgo a Javier Barajas y María del Tránsito Piña Salvatierra, de Guanajuato. Su caso ilustra hasta dónde llegan los familiares de desaparecidos para encontrar justicia y a sus seres queridos, y los peligros que corren al hacerlo, convirtiéndose ellos mismos en defensores de los derechos humanos. Cuando su hija Guadalupe Barajas Piña, maestra como ellos, desapareció en 2020, se convirtieron en buscadores, junto con su hijo Javier Barajas Piña. En febrero de 2021, el cuerpo de Guadalupe fue identificado en una fosa clandestina junto con otros 80 cadáveres. Lamentablemente, este trabajo de derechos humanos llevó a que Javier Barajas Piña fuera asesinado el 29 de mayo de 2021 por individuos vinculados a la desaparición de su hermana. El 16 de agosto de 2023, el Poder Judicial de Guanajuato absolvió a los sospechosos acusados de su asesinato. Esta sentencia es un terrible mensaje de impunidad que expone a más riesgos a los defensores de derechos humanos Javier Barajas y María del Tránsito y a los colectivos que buscan a sus desaparecidos en Guanajuato.
En Colombia, Yanette Bautista, directora de la Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB), lleva décadas trabajando sobre las desapariciones forzadas vinculadas al conflicto armado, después de que su propia hermana desapareciera en 1987 a manos de las Fuerzas Armadas. La FNEB y otras siete organizaciones de mujeres presentaron una propuesta legislativa para que el Congreso colombiano desarrollara medidas y mecanismos de protección específicos para las defensoras de los derechos humanos que dedican su vida a buscar a los desaparecidos y se enfrentan a altos riesgos en esta lucha. El Congreso aprobó esta propuesta el 16 de agosto de 2023, y el texto se debatirá ahora en el Senado.
En Pakistán y Sri Lanka, organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos han hecho campaña incansablemente por la verdad, la rendición de cuentas y la reparación a pesar de las amenazas a su propia seguridad. A falta de mecanismos estatales creíbles que garanticen la liberación y la justicia, las familias han protestado pacíficamente en las calles y han abogado en foros nacionales e internacionales en busca de justicia.
Front Line Defenders considera que el uso de desapariciones forzadas contra defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo está directamente relacionado con su labor en defensa de los derechos humanos, y condena enérgicamente esta práctica y la impunidad de la que han gozado sus autores. Los gobiernos nacionales deben trabajar para aprobar y hacer cumplir leyes que prohíban esta práctica y otras represalias contra las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan en el tema de las desapariciones forzadas más ampliamente. También es importante luchar contra la impunidad asociada a las desapariciones forzadas, dando visibilidad a los casos de personas desaparecidas forzosamente y a los defensores de los derechos humanos que trabajan en esta cuestión.
