#Sri Lanka

La situación de los/as defensores/as de derechos humanos ha mejorado notablemente en los últimos tiempos. con los cambios ocurridos en el espectro político, primero a través de la elección presidencial de enero y luego la elección parlamentaria de agosto de 2015, el escenario para los/as DDH ha cambiado mucho en Sri Lanka. Los años anteriores fueron testigos de una enorme represión al disenso, los/as DDH esperan ahora, con cautela, un cambio importante.

A pesar del fin del prolongado conflicto armado con los Tigres de Tamil (LTTE, en inglés) en el 2009, están en vigor estrictas leyes de seguridad, y la situación de defensores y defensoras de derechos humanos (DDH) en Sri Lanka sigue siendo crítica. Los/as DDH que buscan se rindan cuentas por las violaciones cometidas por ambas partes en el conflicto, al igual que quienes luchan contra la corrupción, las desapariciones forzadas o que defienden el ambiente corren riesgos serios que incluyen amenazas de muerte, campañas de difamación, hostigamiento judicial, tortura, desaparición forzada y asesinados. Las ONG nacionales e internacionales también ven muy limitadas sus actividades y operan bajo control del gobierno. Los/as DDH de la región norte y este del país deben obtener autorización previa para viajar en esa zona. En las mismas áreas, se han incrementado los casos relacionados con el derecho a la tierra debido a que el estado no ha desmilitarizado el área después del conflicto.

Los/as DDH que trabajan en incidencia en el ámbito internacional, interactúan con los organismos internacionales de derechos humanos, ONG o diplomáticos, también fueron tomados como blanco. En el 2014, funcionarios de gobierno y los medios de comunicación estatales atacaron a los/as DDH que asistieron a una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante el que se adoptó una resolución sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en Sri Lanka. Los medios de comunicación controlados por el gobierno tildan a DDH y periodistas de "simpatizar con el terrorismo" o "no patriotas" y los acusan de traición y estar mal informados. Los periodistas que se atreven a criticar a las autoridades también son objeto de arrestos arbitrarios, detenciones y, en ocasiones, homicidios. En consecuencia, muchos periodistas se vieron forzados a ocultarse o ir al exilio.

La Ley de prevención del terrorismo de 1979 permite el arresto por "actividades ilícitas" no especificadas sin orden de arresto y detenciones prolongadas sin acusaciones, y ha sido utilizada contra los/as DDH. Esta ley también prohíbe procedimientos contra funcionarios que actúan de "buena fe" o bajo órdenes dictadas bajo la PTA, que tenga como consecuencia impunidad por actos erróneos, incluyendo la tortura. Las autoridades no han investigado los ataques y asesinatos de DDH.