#Venezuela

Los/as DDH trabajan desde hace años en un contexto de políticas restrictivas: el gobierno de Maduro continúa con la tarea iniciada por Chávez para restringir el espacio de la sociedad civil y restar legitimidad a los DDH, acusándolos reiteradamente de socavar la democracia venezolana con la presunta colaboración de los EE.UU. Los/as DDH son desacreditados y criminalizados por los medios de comunicación controlados por el estado (televisión, radio, medios impresos) todas las semanas.

En forma sistemática, las autoridades han minado la libertad de expresión, lo que no solamente afectó a los/as DDH y otras voces críticas, sino que también creó un ambiente de medios de comunicación más restringido. Así es que, los/as DDH que han hablado en forma pública sobre violaciones a los derechos humanos, entre otros en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también han sido sometidos a restricciones en la esfera privada; la vigilancia del correo electrónico y de las comunicaciones se ha vuelto un lugar común.

El gobierno ha tomado ventaja del control que ejerce sobre las frecuencias de emisión para presionar a los medios de comunicación hacia la autocensura y a limitar sus críticas. De manera continua se denuncian actos de intimidación y amenazas de muerte contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, que también son amenazados con procesos judiciales. Los funcionarios públicos, al igual que los canales de comunicación controlados por el estados y los medios impresos, también siguen estigmatizando a los/as DDH mediante campañas persistentes para desacreditar su tarea y acusarlos de intentar desestabilizar el país. Estas declaraciones públicas ponen a los/as DDH y a sus organizaciones en riesgo de nuevos ataques.