#Guatemala

Desde que Otto Pérez Molina asumió la presidencia en enero de 2012, han aumentado los casos de hostigamiento y amenazas contra DDH. Los defensores y defensoras de derechos humanos (DDH) de Guatemala son objeto de amenazas de muerte, ataques físicos, acoso, vigilancia, estigmatización, hostigamiento judicial, detención arbitraria, desaparición forzada y asesinato. Muchas de las violaciones son perpetradas por estructuras clandestinas de seguridad y grupos ilegales. El alto nivel de impunidad que gozan los perpetradores aumenta exponencialmente el riesgo para los/as DDH.

Una grave problemática es el uso injusto de procesos judiciales para impedir que los/as DDH desarrollen sus actividades legítimas. Las compañías privadas ( a menudo respaldadas por los gobiernos de América del Norte y Europa) relacionadas con la minería y la construcción de represas inician procesos judiciales y acusan a los/as DDH de delitos tales como terrorismo, usurpación de tierras, secuestros, etc. Como parte del proceso de criminalización, tanto actores estatales como no estatales llevan a cabo campañas de difamación y estigmatización de los/as DDH, especialmente de parte de compañías transnacionales y medios de comunicación de derecha. Las autoridades del estado siguen publicando declaraciones y comunicados de prensa en los que incriminan públicamente a los/as de delitos no probados.

La violencia e inseguridad en general constituyen una seria preocupación, y los/as DDH continúan siendo blanco de amenazas y ataques en sus hogares y oficinas, que además suelen ser objeto de allanamientos y redadas ilegales. Todavía prevalece en el país un clima de impunidad respecto de las violaciones de los derechos humanos, pocos ataques a DDH se investigan y menos aún traen aparejadas condenas. De hecho, los/as DDH que trabajan para combatir la impunidad están particularmente en riesgo, por ejemplo en el caso del enjuiciamiento por genocidio contra Efraín Ríos Montt; muchos ya han perdido la vida por esta causa.