Cierre del proceso a favor del periodista Carlos Ernesto Choc Chub, así como de tres pescadores artesanales criminalizados
El 31 de enero de 2024, durante la etapa intermedia de sobreseimiento, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y de Delitos contra el Ambiente del Departamento de Izabal dictó el sobreseimiento y cierre del proceso a favor del defensor de derechos humanos y periodista comunitario maya Q’eqchi Carlos Ernesto Choc Chub, así como de tres pescadores artesanales por el delito de detenciones ilegales.
El 25 de marzo de 2022, integrantes del medio de comunicación Prensa Comunitaria Kilómetro 169 fueron notificados que uno de sus periodistas, el periodista Maya Q’eqchi’ Carlos Ernesto Choc Chub aparece en una nueva denuncia presentada por 13 miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y por fiscales del Ministerio Publico (MP) del municipio de Morales en el departamento de Izabal. La denuncia en contra del periodista por cargos de “instigación a delinquir” está relacionada con hechos supuestamente ocurridos el 22 y 23 de octubre de 2021 en El Estor en el marco de la ola de violencia y represión por parte del Estado en contra de quienes han exigido el derecho a la consulta y realizado protestas contra las actividades de la mina empresa ruso-suiza Solway Investement Group.
Carlos Ernesto Choc Chub es un periodista comunitario indígena Maya Q'eqchi que forma parte del medio independiente Prensa Comunitaria Kilómetro 169. Su trabajo periodístico y el del medio en el municipio de El Estor, Izabal ha tenido un alto alcance en Guatemala por lo que desde el 2017 enfrenta ataques digitales, hostigamiento judicial incluyendo criminalización por cargos fabricados por la empresa CGN-PRONICO y amenazas que se han materializado en ataques en su contra. El periodista se ha re-ubicado en varias ocasiones para salvaguardar su seguridad.
El 31 de enero de 2024, durante la etapa intermedia de sobreseimiento, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y de Delitos contra el Ambiente del Departamento de Izabal dictó el sobreseimiento y cierre del proceso a favor del defensor de derechos humanos y periodista comunitario maya Q’eqchi Carlos Ernesto Choc Chub, así como de tres pescadores artesanales por el delito de detenciones ilegales.
El 14 de agosto de 2017, el Ministerio Público de Guatemala ejecutó una orden de aprehensión en contra de Carlos Ernesto Choc Chub por los delitos de amenazas, instigación a delinquir, asociación ilícita, reunión y manifestaciones ilícitas, y daños y detenciones ilegales de cuatro empleados de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel SA. La denuncia fue interpuesta por 4 trabajadores mineros de nacionalidad rusos, de la empresa minera CGN-Pronico de Solway Investment Group. La criminalización de Carlos Ernesto Choc Chub es consecuencia de la investigación y documentación de la contaminación del lago de Izabal y la cobertura de una protesta de las comunidades Maya Q'eqchi' y de pescadores artesanales, donde fue asesinado el pescador Carlos Maaz el 27 de mayo 2017.
Mientras que Front Line Defenders celebra la conclusión del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y de Delitos contra el Ambiente del Departamento de Izabal, condena el proceso en contra de Carlos Ernesto Choc ya que cree firmemente que el defensor de derechos humanos y periodista comunitario fue criminalizado a raíz de su trabajo pacífico a favor de los derechos de los pueblos indígenas y de la la libertad de expresión.
Asimismo, Front Line Defenders muestra su preocupación por las irregularidades en el procesamiento y la criminalización en su contra, así como por el contexto de criminalización y hostigamiento en contra de periodistas comunitarios en el país. Es de gran preocupación el efecto intimidatorio que el caso puede tener en la defensa de derechos de la libertad de expresión y de los pueblos indígenas en Guatemala.
El 25 de marzo de 2022, integrantes del medio de comunicación Prensa Comunitaria Kilómetro 169 fueron notificados que uno de sus periodistas, el periodista Maya Q’eqchi’ Carlos Ernesto Choc Chub aparece en una nueva denuncia presentada por 13 miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y por fiscales del Ministerio Publico (MP) del municipio de Morales en el departamento de Izabal. La denuncia en contra del periodista por cargos de “instigación a delinquir” está relacionada con hechos supuestamente ocurridos el 22 y 23 de octubre de 2021 en El Estor en el marco de la ola de violencia y represión por parte del Estado en contra de quienes han exigido el derecho a la consulta y realizado protestas contra las actividades de la mina empresa ruso-suiza Solway Investement Group.
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Carlos Ernesto Choc Chub es un periodista comunitario indígena Maya Q'eqchi que forma parte del medio independiente Prensa Comunitaria Kilómetro 169. Su trabajo periodístico y el del medio en el municipio de El Estor, Izabal ha tenido un alto alcance en Guatemala por lo que desde el 2017 enfrenta ataques digitales, hostigamiento judicial incluyendo criminalización por cargos fabricados por la empresa CGN-PRONICO y amenazas que se han materializado en ataques en su contra. El periodista se ha re-ubicado en varias ocasiones para salvaguardar su seguridad.
Trece integrantes de la PNC y de la fiscalía del Ministerio Pública de Morales Izabal denunciaron penalmente al periodista Carlos Ernesto Choc Chub y a otras 11 personas autoridades representantes de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi que llevan a cabo la resistencia pacífica en contra de la compañía minera. Las doce personas que enfrentan cargos por el delito de “instigación a delinquir” luego de que, supuestamente policías sufrieron golpes y lesiones en el Estor el 22 y 23 de octubre de 2021. Los hechos ocurrieron luego de que un contingente de centenares de policías intentaran desalojar a personas Maya Q’eqchi’ del plantón pacífico que mantenían las comunidades desde el 4 de octubre de 2021 frente a la planta procesadora de Solway.
El 6 de marzo de 2022, más de 20 medios periodísticos de todo el mundo, publicaron la investigación “Mining Secrets” coordinada por Forbidden Stories, una organización francesa que publica historias de periodistas que sufren censura o amenazas. La investigación revela que la empresa de minería ruso-suiza de Solway Investement Group canaliza dinero hacia la PNC para que realicen los desalojos de comunidades Q’eqchi’ que la empresa minera ha identificado como oponentes implementando estrategias de vigilancia y sobornos.
Front Line Defenders cree que la denuncia presentada por 13 miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y por fiscales del Ministerio Publico (MP) del municipio de Morales en el departamento de Izabal está directamente relacionada con el trabajo periodístico de Carlos Ernesto Chub Choc y de Prensa Comunitaria, así mismo parecen estar directamente relacionadas con la reciente publicación de la investigación “Mining Secrets”.
Esta es la segunda vez que el periosdista Carlos Ernesto Choc Chub enfrenta cargos penales por dar cobertura a los hechos que rodean a la empresa minera en El Estor. Front Line Defenders cree que el Estado de Guatemala está señalando al defensor de derechos humanos en un intento de vincular su labor periodística con la resistencia antiminera para desacreditar y socavar su condición de periodista comunitario. Tanto el ejercicio del periodismo como la defensa de la tierra y el territorio son actividades legítimas y no deben ser perseguidas por la ley ni por las autoridades.
Front Line Defenders condena los intentos de criminalización del trabajo periodístico de Carlos Ernesto Choc Chub y el trabajo de Prensa Comunitaria y expresa su profunda preocupación por su bienestar físico y emocional, ya que los eventos parecen estar directamente relacionadas a su trabajo en particular por reportar los hechos de violencia cometidos por autoridades en octubre de 2021 en el Estor y por la participación de Prensa Comunitaria Kilómetro 169 en la investigación Mining Secrets.
Front Line defenders reitera su profunda preocupación por los ataques, hostigamientos judiciales y criminalización en contra de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Guatemala.
