"La realidad es que las mujeres, somos actoras de resistencia porque defendemos nuestros territorios, nuestras familias, la vida y la soberanía, alzar la voz para defender yenfrentar al sistema represivo es un delito, la criminalización contra las mujeres va en aumento, hay más de 344 órdenes de aprehensión y esto viene de la defensa de la vida en el territorio por querer hacer valer nuestros derechos como mujeres".
Lesbia Patricia Artola es una defensora de derechos humanos e integrante del Comité Campesino del Altiplano - CCDA en Cobán, Alta Verapaz, Guatemala.
Lesbia Patricia Artola trabaja en la lucha constante contra el sexismo en todas sus formas, promoviendo las voces de las defensoras de derechos humanos y la igualdad de género. Lesbia Patricia Artola ha luchado por el acceso igualitario de hombres y mujeres a los derechos a la tierra, así como por los derechos de los campesinos. En medio de un Estado patriarcal, sexista y racista, ser mujer indígena significa enfrentar muchos retos para resistir. Lesbia Patricia Artola lucha contra estos desafíos que muchas veces provienen desde las familias, donde las mujeres no son valoradas, su fuerza no es reconocida y sus demandas enfrentan muchas limitaciones.
Ser líder indígena le ha exigido a Lesbia Patricia Artola ser valiente y aguerrida para resistir el exterminio de los pueblos originarios en Guatemala, al tiempo que ha luchado por el acceso a la tierra y los derechos laborales de los indígenas Mayas Q'eqchi en Guatemala.
Durante diferentes periodos de la historia de los indígenas Mayas Q'eqchi han sido víctima de despojo que en las últimas décadas se ha agudizado debido a la imposición de megaproyectos de palma africana, hidroeléctricos, mineros por parte de empresas transnacionales que continúan saqueando los recursos naturales en sus territorios. Esto ha significado persecución, criminalización, violencia, asesinatos y pobreza extrema de las familias indígenas.
Los defensores y defensoras de derechos humanos (DDH) de Guatemala son objeto de amenazas de muerte, ataques físicos, acoso, vigilancia, estigmatización, hostigamiento judicial, detención arbitraria, desaparición forzada y asesinato. Muchas de las violaciones son perpetradas por estructuras clandestinas de seguridad y grupos ilegales. El alto nivel de impunidad que gozan los perpetradores aumenta exponencialmente el riesgo para los/as DDH.
Una grave problemática es el uso injusto de procesos judiciales para impedir que los/as DDH desarrollen sus actividades legítimas. Las compañías privadas ( a menudo respaldadas por los gobiernos de América del Norte y Europa) relacionadas con la minería y la construcción de represas inician procesos judiciales y acusan a los/as DDH de delitos tales como terrorismo, usurpación de tierras, secuestros, etc. Como parte del proceso de criminalización, tanto actores estatales como no estatales llevan a cabo campañas de difamación y estigmatización de los/as DDH, especialmente de parte de compañías transnacionales y medios de comunicación de derecha. Las autoridades del estado siguen publicando declaraciones y comunicados de prensa en los que incriminan públicamente a los/as de delitos no probados.
