Hostigamiento, amenazas, campaña de difamación y criminalización en contra de la organización de acompañamiento ACOGUATE en Guatemala

Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por los recientes hechos intimidatorios en contra del Proyecto de Acompañamiento Internacional en Guatemala ACOGUATE, a raíz de su acompañamiento durante una movilización en ocasión del día de la resistencia indígena el pasado 12 de octubre de 2021. De manera particular preocupan las amenazas y la campaña de difamación y criminalización a las que han sido sujetas integrantes de la organización a través de redes sociales y pronunciamientos públicos por parte de autoridades de Guatemala. Así mismo, es preocupante que la limitación al trabajo de ACOGUATE pueda impactar negativamente a otras organizaciones de derechos humanos, personas observadoras y defensoras de derechos humanos y a la sociedad civil.

El Proyecto de Acompañamiento Internacional en Guatemala ACOGUATE inició su labor como organización bajo el mandato de acompañamiento y observación internacionales en el año 2000. Durante más de veinte años la organización ha operado en Guatemala a partir de las solicitudes de las personas defensoras de derechos humanos y de organizaciones sociales. Actualmente, ACOGUATE observa y acompaña a personas defensoras de derechos humanos en riesgo en dos áreas de trabajo: la lucha por el acceso a la justicia y contra la impunidad, y la defensa de la tierra y el territorio. El proyecto tiene su sede en la capital y está compuesto por seis comités de Francia, Alemania, Austria, Suiza, Suecia y Canadá que envían personas voluntarias de todo el mundo para realizar actividades pacíficas de observación y acompañamiento internacional.

El 12 de octubre de 2021, dos integrantes del equipo de ACOGUATE observaron a petición de organizaciones de la sociedad civil una parte de la movilización denominada "Marcha por la Dignidad" en la Ciudad de Guatemala. La observación se realizó con el fin de salvaguardar los derechos humanos de las personas que se manifestarían de manera pacífica. Durante la actividad, las personas observadoras permanecieron en el perímetro de la plaza, visiblemente aparte del grupo manifestante y se identificaron con chalecos verdes. Alrededor de las 11 AM personas desconocidas tomaron fotografías de las integrantes de ACOGUATE desde una motocicleta. Dichas imágenes se utilizaron para motivar una campaña de difamación, amenazas y desinformación en redes sociales en contra del proyecto de ACOGUATE y su legítimo trabajo de acompañamiento y observación internacional en el país.

Los mensajes difamatorios, amenazantes y la campaña de desinformación iniciaron el mismo 12 de octubre a través de redes sociales y ocurrieron principalmente en Twitter y Facebook. Sin embargo, las y los integrantes de ACOGUATE también han recibido mensajes amenazantes y con discurso de odio a través de un formulario de contacto en la página web, así como comentarios en su cuenta oficial de Youtube. Gran parte de los mensajes apelan a las autoridades guatemaltecas y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (MINEX) a la cancelación del proyecto de ACOGUATE, a iniciar procesos de judicialización y/o criminalización en su contra y a la expulsión de todas las personas integrantes del equipo en el marco del recientemente aprobado decreto nº 04-2020 conocido como “Ley de ONGs”, la cual ha sido señalada como preocupante para el desempeño de las labores de defensa de derechos humanos, tanto por esta organización como esta como por otras organizaciones y organismos nacionales e internacionales. Las amenazas directas e indirectas en contra de ACOGUATE y sus integrantes contienen acusaciones de participación en los hechos, promoción, instigación o financiación de los hechos de violencia ocurridos en la manifestación, injerencia extranjera y el deterioro del patrimonio histórico nacional.

El 12 de octubre de 2021 el ex Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, publicó en Twitter su opinión buscando criminalizar la observación de ACOGUATE durante la manifestación e instó a las autoridades a poner a prueba las reformas a la Ley de ONGs en este caso. El 13 de octubre de 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores pronunció a través de su cuenta oficial en Twitter que en el caso de la participación de actores extranjeros, la Cancillería guatemalteca adoptaría las medidas diplomáticas correspondientes.

El 18 de octubre de 2021, se hizo pública la presentación de una querella penal en contra de ACOGUATE por parte de un movimiento cívico y político llamado Guatemala Inmortal , que cree en dios,defiende el derecho a la vida, la familia, la propiedad privada, las libertades individuales y económicas . Con esta acción, la agrupación busca que se investigue a la organización por los delitos de sedición, actividades contra la seguridad interior de la nación y depredación de patrimonio cultural.

El hostigamiento, amenazas y campaña de difamación y criminalización en contra de ACOGUATE se da un contexto en el que la sociedad guatemalteca y las organizaciones de la sociedad civil han denunciado un continuo y acelerado deterioro de las condiciones en las que trabajan las personas defensoras de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y periodistas en Guatemala, así como por el rechazo a la Ley de ONGs que permite un mayor control gubernamental sobre las organizaciones nacionales y extranjeras que operan en el país.

Front Line Defenders recuerda que el legítimo trabajo de observación y acompañamiento internacional que realiza ACOGUATE ha sido reconocido y respaldado oa través de los años por distintas organizaciones nacionales e internacionales. Nuestra organización reconoce que el trabajo de ACOGUATE siempre se ha desarrollado bajo petición y en consonancia con los principios de la no-injerencia, el no- partidismo y el no-intervencionismo incluidos en su mandato. En este sentido reconocemos y nos solidarizamos con su labor que se rige por el principio de la no-violencia y se encuadra en el marco jurídico de la legalidad y de derechos humanos.

Front Line Defenders hace un nuevo llamado a las autoridades de Guatemala a impulsar una ruta de trabajo colaborativa con personas defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, así como a abstenerse de cometer cualquier acto de estigmatización verbal, intimidación jurídica, criminalización o uso indebido del derecho penal en contra de organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el país.