Preocupación por el deterioro de las condiciones de trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y el retroceso en el acceso a la justicia en Guatemala

Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por el deterioro de las condiciones en las que trabajan las personas defensoras de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y periodistas en Guatemala. Esto es atribuible al significativo aumento de los ataques y la criminalización de quienes defienden los derechos humanos, la impunidad generalizada, la elaboración de legislación restrictiva y el cierre de espacios fundamentales para el diálogo con las autoridades del país, el acceso a la justicia y la información.

24 años después de la firma de los acuerdos de paz en 1996, que pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno en Guatemala, las autoridades siguen enfrentando profundos retos para garantizar los derechos humanos de las personas que viven en el país, entre ellos los derechos y la protección de personas defensoras quienes trabajan para promover y proteger los derechos humanos en el país. En este contexto, la Unidad para la Protección de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA) ha reportado que las y los defensores de derechos humanos y periodistas se enfrentan a un riesgo generalizado y constante debido a la falta de implementación de políticas públicas efectivas destinadas a su protección por parte del gobierno.

En el último año, UDEFEGUA registró un aumento sustancial en el número de ataques registrados contra personas defensoras de derechos humanos, pasando de 494 ataques en 2019 a 1.056 ataques en 2020. En su Análisis Global, Front Line Defenders documentó que sólo en 2020, al menos 15 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en Guatemala, casos probablemente relacionados de forma directa con su trabajo de defensa.

A pesar de la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) en marzo de 2020 de otorgar un amparo provisional contra el Decreto No.04-2020 -conocido como la Ley de ONG- debido a la preocupación por su potencial impacto negativo sobre los derechos humanos, el carácter provisional del amparo sigue siendo un motivo de preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Las posibles reformas del Decreto 2-2003 por el Decreto nº 04-2020, permitirían un mayor control gubernamental sobre las organizaciones nacionales y extranjeras que operan en el país, al otorgar al poder ejecutivo la facultad de revocar la personalidad jurídica de cualquier ONG cuando sus actividades se consideren contrarias al "orden público".

Entre junio y julio de 2020 -en medio de las restricciones a la movilidad por la pandemia del COVID-19- el presidente Alejandro Giammattei anunció la fusión de cuatro instituciones estatales, antes dedicadas a la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos y del conflicto armado, y a la promoción de los derechos humanos: la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), la Secretaría de la Paz (Sepaz), la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) (tres de ellas surgidas a raíz de los acuerdos de paz de 1996) en una sola institución, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh). La fusión de estas instituciones ha creado una sensación de incertidumbre y falta de claridad en cuanto a la forma en que el gobierno cumplirá con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ya que las responsabilidades dentro de la institución recién creada siguen sin estar claras.

La disolución de la COPREDEH pone en riesgo el proceso que la institución había emprendido desde 2015 para diseñar una política pública con recursos y participación adecuados, para fortalecer la respuesta interinstitucional a los riesgos que enfrentan los y las defensoras de derechos humanos. Además, el 23 de marzo de 2021, el Congreso de la República votó en contra de transferir 20 millones de quetzales a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a pesar de la asignación de los fondos a la PDH en el presupuesto de 2020, específicamente designados para los salarios del personal que ahí labora.

El 14 de abril de 2021, los cinco nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y sus suplentes tomaron posesión de sus cargos hasta 2026. Organizaciones de la sociedad civil y académicos han expresado su preocupación por los posibles conflictos de intereses y las garantías de imparcialidad, debido a la estrecha relación de algunos de los y las nuevas integrantes de la magistratura con el poder ejecutivo, con la cúpula militar y vínculos relacionados con el general Efraín Ríos Montt en particular.

En un momento en el que todavía están presentes los impactos sociales causados por la pandemia del COVID-19 y la devastación dejada por los huracanes Eta e Iota, persiste un patrón de ataques y amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos, actores de la sociedad civil y periodistas que han puesto de manifiesto las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran miles de personas en Guatemala. Front Line Defenders ha denunciado anteriormente estos ataques, la impunidad de la que gozan sus autores, y ha destacado que en su mayoría tienen como objetivo intimidar a quienes defienden el medio ambiente, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, a quienes ejercen la libertad de expresión y, lo que es especialmente preocupante, a las mujeres indígenas defensoras de derechos humanos.

El 5 de abril de 2021, se suspendió la audiencia de apelación del defensor indígena q'eqchi' Bernardo Caal. El equipo jurídico del defensor de derechos humanos debía presentar una defensa contra su condena. Bernardo Caal fue detenido y condenado a siete años de prisión por los cargos fabricados de "detención ilegal con agravantes y robo agravado" en 2018. El proceso penal en su contra es una represalia por su liderazgo en los esfuerzos por defender el derecho de las comunidades indígenas de Santa María Cahabón a la consulta libre e informada en relación con la construcción de una presa hidroeléctrica en los ríos Oxec y Cahabón en Alta Verapaz.

El 31 de marzo de 2021, el periodista Marvin del Cid fue detenido e interrogado durante 20 minutos por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) en la Ciudad de Guatemala. Marvin del Cid cree que fue atacado porque denunció en redes sociales el intento de criminalización de su colega Sonny Figueroa, tras la publicación de su investigación "Los rostros y perfiles del Centro de Gobierno" en septiembre de 2020. Los intentos de criminalización de Sonny Figueroa son considerados como un intento de socavar su trabajo periodístico y su integridad. Ambos periodistas afirman que el acoso policial contra ellos ha aumentado desde principios de 2020.

El caso de la defensora indígena maya k’iche’ y periodista Anastasia Mejía Tiriquiz, quien permanece bajo arresto domiciliario por acusaciones infundadas de "sedición y agresión agravada", ha sufrido múltiples retrasos y violaciones al debido proceso en el proceso penal en su contra. La defensora de los derechos humanos lleva mucho tiempo defendiendo el derecho a la libertad de expresión, a pesar de la discriminación, la persecución y la criminalización que sufre por hacerlo y por expresar su identidad indígena.

Front Line Defenders reitera su llamado a las autoridades de Guatemala para que adopten e implementen mecanismos y políticas efectivas que reconozcan el valioso aporte de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos a la sociedad guatemalteca. Asimismo, la organización recuerda la obligación del gobierno de garantizar la integridad personal de los defensores y defensoras de derechos humanos, así como de reconocer el derecho a defender los derechos humanos, tal y como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 2014 "DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS y otros vs. GUATEMALA" en la que la Corte ordenó a Guatemala adoptar una política pública de protección a personas defensoras de derechos Humanos. Sin embargo, la realización de dicha política pública se ve ahora comprometida por la fusión de la COPREDEH, institución que lideró el inicio de dicha política, con otras tres instituciones.

Front Line Defenders insta a las autoridades de Guatemala a que permitan seguir la colaboración entre personas defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil para la construcción de políticas públicas integrales de protección con perspectiva de género y enfoque interseccional, y a que se abstengan de cometer actos de estigmatización verbal, intimidación legal, criminalización o uso indebido del derecho penal contra las y los defensores de derechos humanos y periodistas en el país.