Por la liberación de personas defensoras de derechos humanos encarceladas injustamente en medio del brote de COVID-19
A raíz de las advertencias de los peligros que el COVID-19 representa para las poblaciones carcelarias, Front Line Defenders hace un llamado para la liberación de todas las personas defensoras de derechos humanos encarceladas.Quienes, al encontrarse a menudo retenidas en malas condiciones, corren un grave riesgo debido a la pandemia. La sobre población de las celdas, la negación de atención médica adecuada y, en general las condiciones antihigiénicas dentro de muchas cárceles de todo el mundo, plantean la preocupación de la alta posibilidad de propagación del del virus con rapidez entre las y los presos, incluidas las personas defensoras de derechos humanos detenidas.
Estos riesgos se exacerban por la salud que se ha ido deteriorando en prisión de muchas de las personas defensoras encarcelados injustamente. Dada la vulnerabilidad particular de las poblaciones carcelarias, y los riesgos también para el personal penitenciario, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido a los gobiernos que reduzcan el número de personas detenidas y "poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”.Front Line Defenders urge especial atención sobre diez personas defensoras de derechos humanos que cumplen largas penas en prisióny que son parte de la campaña Set Them Free de la organización.
Irán ha sido uno de los países más gravemente afectados por la pandemia. Las familias de las y los presos han denunciado varios casos en las cárceles de Evin, Zanjan y Rajai Shahr, donde muchas personas defensoras de derechos humanos se encuentran recluidas arbitrariamente. Aunque las autoridades iraníes han liberado temporalmente a 85,000 prisioneros en respuesta al brote de COVID-19, muchas personas defensoras de derechos humanos siguen encarceladas. Estos incluyen a Atena Daemi, Narges Mohammadi y Nasrin Sotoudeh, quienes están cumpliendo largas penas de prisión en Irán a causa de su trabajo en defensa de los derechos humanos, haciendo campaña contra la pena de muerte y apoyando a las familias de presos políticos. A Atena Daemi y Narges Mohammadi ya les fue negada atención médica en el pasado cuando la salud de ambos comenzó a deteriorarse en prisión. Por otro lado, Nasrin Sotoudeh, quien cumple 38 años en la prisión de Evin, inició una huelga de hambre el 17 de Marzo para exigir la libertad de todas y todos los presos políticos.
A medida que China continúa negando la persecución en contra de los Uigures y otras minorías musulmanas, a pesar de la evidencia bien documentada, se han elevado las alarmas internacionales sobre el riesgo de un brote masivo de COVID-19 en los campos de internamiento y en las cárceles en Xinjiang. El anuncio de los brotes de COVID-19 en las cárceles de varias provincias Chinas aumenta la preocupación sobre la vulnerabilidad de las y los detenidos en los campamentos y en las cárceles de Xinjiang. Entre las personas que están en riesgo se encuentra Ilham Tohti, un académico Uigur y defensor de derechos humanos quien, previo a su arresto en enero de 2014, trabajó pacíficamente durante más de dos décadas para construir un entendimiento entre los chinos Han y los Uigures. El defensor está cumpliendo cadena perpetua y la naturaleza incomunicada de su detención plantea serias preocupaciones sobre su tratamiento y acceso a atención médica.
El 6 de Abril de 2020, la Corte Suprema de Kirguistán debe revisar el caso de Azimjan Askarov. La audiencia puede retrasarse debido al estado de emergencia por el COVID-19 recientemente declarado en el país. El defensor de derechos humanos, que tiene 69 años, ha sido privado de su libertad desde 2010 y su salud se ha deteriorado significativamente desde entonces. La audiencia de apelación ante el Tribunal Supremo es su última oportunidad de justicia. En Septiembre de 2010, el defensor de derechos humanos fue sentenciado a cadena perpetua bajo la acusación de "organizar disturbios masivos, instigar conflictos étnicos y complicidad en el asesinato de un policía". Según una declaración, del Comité de Derechos Humanos de la ONU de Abril de 2016, Askarov fue detenido arbitrariamente, recluido en condiciones inhumanas, torturado, maltratado e incapaz de recibir el tratamiento adecuado por afecciones médicas graves. Como resultado de pasar 10 años tras las rejas, soportar condiciones inhumanas y un trato cruel, la salud del defensor se ha deteriorado drásticamente, lo que lo hace extremadamente vulnerable a las enfermedades infecciosas.
Dawit Isaak es un periodista y defensor de derechos humanos sueco-eritreo, encarcelado y recluido incomunicado en Eritrea desde 2001, sin cargos ni juicio. Según algunas fuentes, Dawit Isaak ha sido recluido en régimen de aislamiento en condiciones deplorables y torturado, lo que ha afectado significativamente su salud. Si bien las autoridades eritreas han anunciado un caso confirmado de COVID-19, es extremadamente difícil acceder a información confiable; un brote del virus probablemente se extendería rápidamente entre la población carcelaria.
Mohamed Al-Roken cumple una condena de 10 años de prisión en los Emiratos Árabes Unidos debido a su trabajo como abogado de derechos humanos en defensa de otros activistas durante una ofensiva gubernamental. Él está cumpliendo su condena en la prisión de Al-Razeen ubicada en el desierto, donde los reclusos están expuestos a temperaturas extremadamente altas y bajas, con informes de que el aire acondicionado se apaga deliberadamente. Mohamed Al-Roken ha sido puesto de manera regular en confinamiento solitario sin acceso a la luz del día. Según los informes, ha sido sometido a tortura por ruido, la cual ha exacerbado sus problemas de presión arterial, y se le ha negado el acceso a atención médica. Los expertos de Procedimientos Especiales de la ONU han instado recientemente a las autoridades emiratíes a reformar las condiciones degradantes de detención.
Abdulhadi Al-Khawaja, defensor de derechos humanos de Baréin y ex coordinador de protección de Front Line Defenders para el Medio Oriente y África del Norte, fue arrestado y torturado durante la represión de las protestas en favor de la democracia en Baréin en el 2011. Posteriormente fue sometido a un juicio simulado y sentenciado a cadena perpetua. Con pleno conocimiento de los riesgos que enfrentan los prisioneros en las actuales circunstancias, el 12 de Marzo de 2020, el rey Hamad bin Isa Al Khalifa emitió un decreto que otorga indultos a 901 prisioneros "por razones humanitarias". Otros 585 reclusos cumplirán el resto de sus condenas en programas de rehabilitación y capacitación. Abdulhadi Al-Khawaja sigue encarcelado.
El caso de Germain Rukuki es un ejemplo emblemático de los continuos esfuerzos de las autoridades burundesas por silenciar a las y los defensores de derechos humanos. Ha estado detenido desde su arresto en julio de 2017. El 26 de abril de 2018, fue sentenciado a 32 años de prisión por cargos de "rebelión", "violación de la seguridad del Estado", "participación en un movimiento insurreccional" y "ataque contra el Jefe de Estado", en relación con su trabajo pacífico con la organización ACAT-Burundi que aboga por la abolición de la tortura y la pena de muerte. El defensor de derechos humanos está detenido en la prisión de Ngozi, de donde han habido informes de condiciones antihigiénicas, suministro insuficiente de alimentos y agua, celdas sobrepobladas e inundaciones regulares. La salud de Germain Rukuki se ha deteriorado desde que se rompió la pierna en junio de 2019. Hasta hace poco, los funcionarios de la prisión le negaban el acceso a un médico fuera de la prisión. Su solicitud de fianza por razones médicas y humanitarias fue denegada.
En México, Pablo López Alavéz fue encarcelado arbitrariamente desde 2010 por falsos cargos de asesinato debido a su trabajo en defensa del medio ambiente y los derechos del pueblo indígena Zapoteco. Como consecuencia de su trabajo para crear conciencia sobre el papel del bosque como fuente sostenible de agua y denunciar las violaciones de los derechos humanos derivadas de la tala ilegal en la región, fue arrestado, sometido a un juicio injusto y, a pesar de la ausencia de cualquier credibilidad pruebas en su contra, condenado a 30 años de prisión.
El caso de Pablo López Alavéz representa el uso endémico de la criminalización como represalia contra las y los líderes indígenas que trabajan por la defensa de la tierra y el territorio, y, en particular, contra aquellos que luchan por proteger los recursos ambientales de la explotación ilegal. En Abril de 2017, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria reconoció la detención de Pablo López Alavéz como arbitraria y recomendó su liberación, así como una indemnización y reparación completas. Las autoridades Mexicanas no han cumplido con sus obligaciones internacionales de derechos humanos y el defensor de derechos humanos sigue en prisión hasta la fecha.
Como lo ilustran los casos anteriores, las y os defensores de derechos humanos a menudo se encuentran recluidos en condiciones inhumanas y en cárceles sobre pobladas, con frecuencia sin acceso a atención médica adecuada. Frente a la posibilidad de infección con COVID-19, es muy poco probable que reciban un tratamiento médico adecuado. Front Line Defenders está profundamente preocupada por el continuo encarcelamiento de personas defensoras en todo el mundo a pesar de su exposición y alto riesgo de contraer COVID-19. Por esta razón, insta a los gobiernos a liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas defensoras de derechos humanos, incluidas las mencionadas anteriormente, brindarles atención médica adecuada y tomar todas las medidas necesarias para garantizar su integridad y seguridad física y psicológica.
