#Burundi

Consecuencia de la negativa del presidente Pierre Nkurunziza a entrega el poder y, en lugar de esto, reformar la Constitución y avanzar con elecciones que muchos entendieron como fraudulentas, en el 2015 Burundi ingresó en un período de violencia política y malestar social. Aunque desde los incidentes de violencia masiva de la década de los años noventa se trató de una sociedad civil dinámica, las fuerzas políticas y étnicas amenazan nuevamente con desmembrar el país. Hasta que el presidente Nkurunziza apostó por un tercer período en el gobierno, burlando los límites que impone la Constitución, Burundi disfrutó una década de relativa estabilidad política y su sociedad civil era vista como una de las más pujantes de la región de los Grandes Lagos. La decisión del presidente llevó a protestas masivas en las calles, que inicialmente fueron respaldadas por los más destacados defensores/as de derechos humanos del país. Rápidamente la situación viró hacia el descontento civil, especialmente en Buyumbura, y los choques violentos entre la policía y los manifestantes se volvieron una rutina. Muchos defensores/as se hallaron tomados como blanco y fueron forzados a salir del país, junto con miles de ciudadanos que temían lo peor. Quienes se quedaron son blanco de agresiones mientras la situación se sale de control. Todas las estaciones de radio independientes fueron clausuradas y sus estudios, incendiados, a mediados de mayo de 2015, días después de que el gobierno impuso un apagón de medios de comunicación para detener la emisión de información sobre las manifestaciones en curso.

Aún antes de la crisis del 2015, la corrupción era un problema serio en el país, que se ubica en el puesto 157 de entre los 175 que figuran en el Índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional para el 2013. Se han dado frecuentes episodios de violencia entre etnias y quienes promueven la justicia se enfrentan a la prevalencia de una cultura de la impunidad y falta de independencia judicial.

Preocupa la tendencia de poner en la mira a defensores y defensoras de derechos humanos (DDH) mediante amenazas o el uso directo de la violencia, al igual que el uso de una legislación represiva para minar su labor. La legislación sobre difamación, terrorismo y contra la corrupción se utiliza contra los miembros de la sociedad civil y los/as DDH que denuncian actos de corrupción y malversación de fondos que involucran a autoridades públicas, mientras que quienes luchan contra la impunidad son objeto de hostigamiento judicial, amenazas de muerte, difamación e intimidación. Los/as DDH que han denunciado ejecuciones extrajudiciales fueron acusados de colaborar con bandas armadas.

En junio de 2013, el presidente Nkurunziza aprobó la nueva Ley de medios de comunicación que restringe seriamente la libertad de prensa: entre otros esta nueva legislación impone la obligación de revelar sus fuentes a periodistas y prohíbe expresamente la publicación de historias que se considera minan la seguridad nacional.