Detención incomunicada de defensora de derechos humanos Rocío San Miguel

El 9 de febrero de 2024, la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel fue detenida por agentes del servicio de inteligencia del país bajo los cargos de traición a la patria, conspiración, terrorismo, entre otros, junto a cinco de sus familiares. La defensora fue acusada por el Fiscal General de estar involucrada en un plan para asesinar a los altos funcionarios del país, incluyendo al Presidente.

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Rocío San Miguel es abogada defensora de derechos humanos y presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. La organización trabaja por el derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre los sectores de la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. También supervisa los compromisos de Venezuela al Estatuto de Roma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Debido a su trabajo, Rocío San Miguel se ha enfrentado a represalias de autoridades y funcionarios del gobierno, incluyendo difamación. En el 2018, el Estado de Venezuela fue hallado responsable de la violación de los derechos a la participación política, libertad de pensamiento y expresión, entre otros, en perjuicio de la defensora de derechos humanos en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 9 de febrero de 2024, la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel fue interceptada en el aeropuerto por agentes del servicio migratorio, bajo el requerimiento de revisión de su estatus migratorio, para luego ser detenida y transferida a un sitio desconocido. Posteriormente, su hija y otros cuatro familiares también fueron detenidos. La defensora de derechos humanos se encuentra sin acceso a su abogado y tanto su ubicación como situación legal eran desconocidas hasta el 11 de febrero, cuando el Fiscal General publicó en su cuenta personal de la red social X que Rocío San Miguel había sido detenida por supuestamente estar involucrada en un plan para asesinar al Presidente de Venezuela y a otros altos funcionarios. No se publicó ninguna información relacionada a los cinco familiares hasta la noche del 12 de febrero, cuando desde la misma cuenta se informó que en una audiencia de presentación que se llevaba a cabo esa misma noche el Ministerio Público solicitó que también los familiares fueran investigados por estar presuntamente involucrados en el mismo plan.

El 13 de febrero, cuatro de los cinco familiares de la defensora de derechos humanos fueron liberados mientras Rocío San Miguel continuará detenida en El Helicoide, la prisión del servicio de inteligencia venezolano, bajo los cargos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, conforme a la decisión del Tribunal Segundo Contra Terrorismo. Al día de hoy, la defensora no cuenta con acceso a su abogado y familia.

Front Line Defenders anteriormente llamó la atención a la situación que enfrentaba la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien ha sido constantemente objeto de una campaña de difamación por autoridades del gobierno debido a su participación en espacios de derechos humanos y por denunciar las violaciones de derechos humanos en el país.

La situación actual de la abogada de derechos humanos ha captado la atención de organizaciones tanto nacionales como internacionales. El 12 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en las redes sociales su condena a lo que consideran constituyó una desaparición forzada de la defensora de derechos humanos. Rocío San Miguel es beneficiaria de medidas cautelares por la Comisión Interamericana desde el 2012, y la CIDH instó al Estado de Venezuela informar sobre su paradero y asegurar el respeto a sus garantías judiciales. Adicionalmente, el 13 de febrero, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas también informó mediante las redes sociales que se encuentran dando seguimiento a la detención de la defensora de derechos humanos, e insta a su inmediata liberación y respeto a su derecho a una defensa legal. Esto se suma al comunicado de prensa de la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual la Misión expresa su profunda preocupación a la situación de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y al uso indebido del derecho contra quienes expresan su oposición al gobierno actual del país, instando a poner fin a esta represión.

Front Line Defenders expresa su preocupación en relación a la detención incomunicada de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, así como a la serie de irregularidades en el proceso en su contra y de sus familiares, pues considera que constituye otro intento de detener su legítima labor de defensa de derechos humanos en Venezuela. Front Line Defenders también nota con preocupación el uso de medidas punitivas por el gobierno de Venezuela para desalentar, sancionar o prevenir el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en el más amplio sentido, así como los intentos generalizados de criminalización del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos en el país.

Front Line Defenders insta a las autoridades de Venezuela que:

1. Retiren todos los cargos contra la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y sus familiares, por darse en base a su trabajo legítimo y pacífico en la defensa de derechos humanos;
2. Tomen todas las medidas necesarias para asegurar la liberación de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel de manera inmediata e incondicional, y garantizar su seguridad física y psicológica de manera íntegra así como la de su familia;
3. Garanticen que el tratamiento a la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel durante su detención esté de acuerdo con las condiciones del “Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión“, adoptado por la Asamblea General, resolución 43/173, el 9 de diciembre de 1988;
4. Informen a la familia y defensa de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel sobre su lugar de detención, así como de cualquier cambio de ubicación, y permitan el acceso inmediato e irrestricto a ella;
5. Garanticen que todas las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela puedan llevar a cabo su labor pacífica y legítima sin restricciones indebidas ni miedo al hostigamiento, amenazas o represalias, incluyendo el hostigamiento judicial en su contra o de sus familias.