Difamación y amenazas contra Rocío San Miguel
El 25 de marzo de 2014, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro realizó comentarios difamatorios a través de la televisión nacional contra la defensora de derechos humanos, la Sra Rocío San Miguel acusándola de ser parte de un intento de golpe de estado. En días anteriores, el 18 de marzo de 2014, mientras la defensora de derechos humanos estaba en su vehículo, un individuo desconocido se acercó profiriendo amenazas en su contra.
Rocío San Miguel es abogada defensora de derechos humanos y presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. La organización trabaja por el derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre los sectores de la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Tambien supervisa los compromisos de Venezuela al Estatuto de Roma y la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 17 de diciembre 2014, durante su programa de televisión semanal “Con el Mazo Dando”, transmitida por Venezolana de Televisión, el presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), el Sr Diosdado Cabello, realizó comentarios difamatorios en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Los comentarios se tratan del una reunión reciente en la oficina de Human Rights Watch en Nueva York el 1 de diciembre 2014, a la cual muchos defensores y defensoras de derechos humanos asistieron.
Durante la emisión, fueron mencionados varios defensores y defensoras de derechos humanos por haber participado en la reunión, entre ellos el Sr Marcos Ponce del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, la Sra Rocío San Miguel, del Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional y el Sr Carlos Nieto Palma de Una Ventana a La Libertad. Diosdado Cabello mencionó también el Sr Marino Alvarado de la Programa Venezolano de Educación y Protección de los derechos humanos – PROVEA, el Sr Humberto Prado Sifontes, el coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones – OVP. Sin embargo, ninguno de los dos participó en la reunión. Anteriormente, Diosdado Cabello y otros representantes gubernamentales han realizado declaraciones difamatorias contra unos de esos defensores de derechos humanos por su papel en la observación y la denuncia de violaciones de derechos humanos en el país.
Durante la sección “Los mazazos” de la emisión, Diosdado Cabello realizó comentarios infundados sobre la reunión y como los defensores la utilizaron para planificar su estrategia de 2015. Él sugiere que ellos retomarán la campaña violenta en la que supuestamente se involucraron durante el principio de 2014, en la que se murieron 43 personas. En la reunión, la cual Diosdado Cabello dijo tenía “financiamiento del imperialismo”, alegó que los defensores de derechos humanos y ONG hablaran de su plan de 'desestabilización' de 2015, incluida la continuación de la medida de “Guarimba”, una forma de manifestación que incluye bloqueos de camino, incendiar ruedas de goma, y tirar piedras. Criticó también las ONG por hablar de supuestas violaciones de derechos humanos en el país, el papel de los partidos políticos y la persecución de defensores de derechos humanos por el Presidente de Venezuela el Sr Nicolás Maduro.
Diosdado Cabello también comentó que fue informado supuestamente por los participantes en la reunion que Marcos Ponce se encargará en 2015 de organizar a los sindicalistas de la Corporación Venezolana de Guayana, un conglomerado estatal descentralizado situado en la region Guayana, para protestar, sean factores del aumento del conflicto y paralicen el resto de las industrias básicas. Marino Alvarado fue tambien supuestamente designado por el grupo como instigador de manifestaciones sindicalistas en 2015. Al nombrar Humberto Prado Sifontes, Diosdado Cabello sugirió que no fue incluido en la reunión por falta de confianza en él entre compañeros defensores de derechos humanos por falta de responsabilidad de los 250.000 dólares que le fueron entregados y Diosdado Cabello dijo que él fue descrito como 'malandro' y 'ladrón'.
Además, criticó el uso de la organización Transparencia Venezuela, el sucursal nacional de Transparency International que promueve transparencia y responsabilidad atrás todo sector de sociedad, como modo de limpiar la imagen de las instituciones a la derecha. En su critica de la organización, destaca como la directora Sra María Freitas Sánchez ha viajado a los EEUU diez veces este año y que ella es responsable por el financiamiento de la organización, incluido dinero transferido desde los EEUU, y siguiere que ella tiene vínculo a varios políticos conocidos a la derecha en Venezuela. Se cree que los comentarios difamatorios realizados durante el programa son parte de un campaña de difamación en contra de defensores y organizaciones de la sociedad civil por el Presidnete de la Asamblea Nacional.
Esto es la mas reciente en una serie de comentarios difamatorios por Diosdado Cabello en su programa. En una reciente audiencia de Venezuela ante el Comité contra la Tortura, realizada en Ginebra, se ejemplificó el programa de Diosdado Cabello como muestra de la campaña de criminalización contra los defensores de derechos humanos en Venezuela.
Front Line Defenders insta a las autoridades Venezolanas a que:
1. Tomen medidas para asegurar que funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones difamatorias contra defensores y defensoras de derechos humanos en su labor legítima y pacífica de derechos humanos
2. Emitan una declaración que aclara que las posiciones tomadas por Diosdado Cabello son inaceptables y no reflejan la política gubernamental;
3. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela, desarrollando sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.
El 25 de marzo de 2014, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro realizó comentarios difamatorios a través de la televisión nacional contra la defensora de derechos humanos, la Sra Rocío San Miguel acusándola de ser parte de un intento de golpe de estado. En días anteriores, el 18 de marzo de 2014, mientras la defensora de derechos humanos estaba en su vehículo, un individuo desconocido se acercó profiriendo amenazas en su contra.
Rocío San Miguel es abogada defensora de derechos humanos y presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. La organización trabaja por el derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre los sectores de la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Tambien supervisa los compromisos de Venezuela al Estatuto de Roma y la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 25 de marzo de 2014, aproximadamente a las 7:15pm, en su condición de presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel acudió a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), solicitando una visita a tres generales de la aviación militar, detenidos en la DGCIM, bajo acusaciones de intento de golpe de estado. Después de aproximadamente 45 minutos, fue informada que la visita no estaba autorizada y que los generales comparecerían ante las corte el día siguiente, 26 de marzo. Por la tarde, Rocío San Miguel, informó a través de su cuenta de Twitter, que consideraba la detención de los tres generales como inconstitucional, por no haberse cumplido el precepto constitucional de antejuicio de mérito previsto.
La misma noche, aproximadamente a la 10pm, el Presidente Venezolano apareció en la cadena estatal de la televisión venezolana y acusó a Rocio San Miguel de estar involucrada en un intento de golpe de estado. Habría dicho que "hay varios enlaces con sectores de la oposición, uno de ellos es con una persona llamada Rocío San Miguel. Es el enlace con el sector golpista de la oposición, del partido voluntad popular. Ella es el enlace. Ella está involucrada plenamente en este intento de golpe de Estado". Así mismo, habría dicho que la defensora “recibe sueldo de esos organismos internacionales [que han conspirado contra Venezuela] desde hace mucho tiempo”. El 27 de marzo la defensora de derechos humanos formuló solicitud a la Fiscalía General por las acusaciones a su nombre por parte del Presidente.
En días anteriores, el 18 de marzo de 2014, un individuo desconocido se acercó a Rocío San Miguel mientras estaba en el interior de su vehículo, y la amenazó: “San Miguel te vamos a quebrar”. Aunque la identidad del individuo es desconocida,la amenaza parece estar relacionada con el trabajo que realiza como defensora de derechos humanos en Control Ciudadano. El incidente ocurrió en una área extensamente vigilada por cámaras de seguridad. A pesar de las peticiones de lo grabado, la defensora no ha obtenido acceso a estas imágenes que permitirían identificar al individuo.
Rocío San Miguel cuenta con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 18 enero de 2012, las cuales han sido rechazadas por el Estado Venezolano.
Front Line Defenders manifiesta su preocupación ante los comentarios difamatorios en contra de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, particularmente porque emanan del presidente del país y puedan tener como consecuencia el fomento de mas amenazas y ataques en su contra. Así mismo, Front Line Defenders se preocupa por la integridad física y psicológica de Rocío San Miguel, en la luz del incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas en su favor.
Front Line Defenders insta a las autoridades Venezolanas a que:
1. Tomen todas las medidas necesarias para cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en favor de Rocío San Miguel con el fin de garantizar en todo momento su integridad física y psicológica, así como la de su familia;
2. Tomen medidas para asegurar que funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones difamatorias contra defensores y defensoras de derechos humanos en su labor legítima y pacífica de derechos humanos
3. Inicien una investigación inmediata e imparcial sobre la amenaza de muerte en contra de Rocío San Miguel, con el fin de llevar a los responsables ante la justicia en conformidad con los estándares internacionales;
4. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela, desarrollando sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.
