#Perú

Mientras que muchos defensores/as de derechos humanos (DDH) pueden operar libremente en Perú, quienes trabajan por el ambiente, especialmente respecto de los efectos en el ambiente y los derechos humanos de las industrias extractivas, hacen frente a una dura represión que incluye intimidación, campañas de difamación, amenazas de muerte, vigilancia y hostigamiento judicial. Periodistas y sindicalistas también son blanco de ataques.

Uno de los rasgos de la situación económica de Perú es que las industrias extractivas han crecido exponencialmente en los últimas décadas. Los/as defensores de derechos humanos y comunidades locales han denunciado que no se consultó a las comunidades indígenas con relación a los proyectos mineros, irregularidades en la apropiación de tierras comunitarias y sobre las consecuencias de la minería en el ambiente y el medio de vida de las comunidades locales. La oposición a las consecuencias de las industrias extractivas se tradujo en protestas sociales intensas en las áreas afectadas, que se toparon con respuestas violentas de parte del estado y el excesivo uso de la fuerza de la policía y el ejército. Los/as defensores/as del ambiente que trabajan en defensa de los derechos de los indígenas o comunidades campesinas han sido blanco directo de actos de hostigamiento judicial, agresiones físicas, brutalidad policial, campañas de difamación y vigilancia.

En diciembre de 2013, un informe reveló la existencia de acuerdos entre la policía nacional y varias compañías mineras en las que la policía brinda "servicios extraordinarios adicionales". Según este acuerdo, la policía lleva adelante patrullajes de rutina en nombre de las compañías con el objeto de "prevenir, detectar y neutralizar" amenazas. En la práctica, la consecuencia es que la policía actúa como agencia de seguridad privada para las compañías.