Asesinato de defensora y defensores de derechos humanos refuerza demandas por política pública de protección integral de personas defensoras
En los primeros meses de 2019, Perú ha visto un aumento en el número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Los casos de Cristian Javá Ríos, Paul McAuley, Wilbelder Vegas Torres y Claudia Vera ilustran la falta de protección integral a personas defensoras de derechos humanos en riesgo por parte del estado, así como el aumento de la necesidad de una política de derechos humanos que aborde este problema.
El 17 de abril, en Urarinas, en la región amazónica, el defensor de derechos indígenas Cristian Javá Ríos fue asesinado en una emboscada organizada por integrantes de pandillas que buscaban la expulsión de las comunidades indígenas de sus tierras causando filtraciones en oleoductos. El 2 de abril, el misionero británico y defensor ambiental Paul McAuley fue asesinado y quemado en Iquitos, en la región amazónica. Su cuerpo fue encontrado por estudiantes del refugio Red Ambiental Loretana, establecido por el propio defensor. El 19 de enero, Wilbelder Vegas Torres, líder del Frente de Defensa de la comunidad campesina de San Sebastián de Suyo, fue asesinado a tiros mientras viajaba por la región de Ayabaca. El defensor ambiental había protestado contra la minería ilegal y solicitado la protección del estado debido a amenazas recibidas antes del ataque. El 30 de marzo, la defensora de derechos de la comunidad transgénero y trabajadora sexual Claudia Vera fue asesinada en Lima, mientras trabajaba en la calle. La defensora de derechos humanos fundó la organización de derechos humanos Jóvenes Cambiando Vihdas, que brinda visibilidad, educación, empoderamiento y oportunidades de trabajo a las personas jóvenes con VIH.
Al momento de los asesinatos, Perú no tenía leyes o políticas específicas para la protección de personas defensoras de derechos humanos, y la aprobación de proyectos promovidos por organizaciones de la sociedad civil seguía siendo obstruida por actores políticos vinculados a las industrias extractivas. El 25 de abril de 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó el Protocolo para garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos en el Perú. El Protocolo establece un registro oficial de incidentes de seguridad contra personas defensoras de derechos humanos.
El Protocolo es un paso bienvenido y necesario hacia la protección de personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, defensoras y defensores en Perú y sus aliados instan a las autoridades que adopten una política de protección integral que se centre tanto en las medidas reactivas como en las preventivas. Las propuestas de la sociedad civil buscan garantizar un ambiente seguro y propicio para que defensoras y defensores de derechos humanos realicen sus actividades legítimas y también incluyen amplias consultas de parte del gobierno con personas defensoras al nivel local sobre cualquier reforma legal y política que les afecte.
Front Line Defenders insta al gobierno de Perú a adoptar e implementar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de todas las personas defensoras de derechos humanos, incluso a través de la ratificación del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que representa un paso crucial hacia la protección de las y los defensores de los derechos ambientales en la región.
Front Line Defenders condena los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en Perú, y pide a las autoridades que implementen una política de protección integral para defensoras y defensores de derechos humanos, tal como propone la sociedad civil peruana. Front Line Defenders sigue preocupada por el mensaje intimidante enviado a quienes realizan trabajos de derechos humanos en Perú a través de los patrones de asesinatos de integrantes de la comunidad LGBTI+ y defensores de derechos ambientales, e insta al estado a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su integridad física y psicológica.
