Preocupación por la escalada de ataques e intimidaciones contra el pueblo indígena Ka'apor

Front Line Defenders expresa su preocupación por la escalada de violencia contra el pueblo indígena Ka'apor en el estado de Maranhão, Brasil. Durante el ataque más reciente que tuvo lugar el 22 de enero de 2022, defensores y defensoras de los derechos humanos del pueblo indígena Ka'apor fueron perseguidos por cuatro vehículos en una carretera del municipio de Santa Luiza do Paruá, conducidos por madereros ilegales que bloquearon la carretera en un acto de intimidación.

Los/as defensores/as afirmaron que el incidente se produjo en represalia por la creación de la undécima zona de protección el 18 de enero de 2022, en una región deforestada alrededor de la tierra indígena Alto Turiaçu. En esa ocasión, los ka'apor pudieron fotografiar las matrículas de tres de los vehículos y descubrieron que dos de ellos llevaban matrículas falsas: los modelos de los vehículos no coincidían con las matrículas oficiales. Uno de estos vehículos llevaba el nombre y el número de un político local, que es precandidato al gobierno del estado en las próximas elecciones que se celebrarán en octubre de 2022.

El territorio del pueblo Ka'apor fue reconocido en 1982. La tierra indígena Alto Turiaçu se extiende a lo largo de más de 530 mil hectáreas y está situada en la frontera entre los estados de Maranhão y Pará, en la región amazónica de Brasil. Este territorio está sometido a una constante tala ilegal, a la minería y a la expansión del agronegocio, facilitadas por organizaciones criminales con el supuesto apoyo de los políticos locales.

Desde 2013, con el fin de frenar las invasiones del territorio y la explotación ilegal de la selva amazónica, el pueblo indígena ka'apor estableció zonas de protección y producción agroforestal en las áreas limítrofes de la tierra indígena, cerca de las carreteras clandestinas abiertas por los mineros y madereros ilegales. Estas actividades de protección de la tierra indígena aún no han recibido el apoyo de ningún organismo público, incluida la FUNAI, el organismo indigenista del Estado brasileño responsable de velar por el cumplimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Las acciones de las comunidades ka'apor en todo el territorio han contribuido a la reforestación de la región, consiguiendo recuperar cerca del 80% de las áreas degradadas. Debido a su trabajo de protección del territorio y el medio ambiente, representantes del pueblo Ka'apor han sido constantemente objeto de ataques y acoso por parte de madereros y mineros ilegales.

Desde 2015, siete miembros del pueblo indígena ka'apor han sido asesinados, entre ellos cuatro líderes indígenas y defensores de derechos humanos, concretamente el cacique Eusébio Ka'apor, que fue objeto de una emboscada y asesinado por hombres armados en 2015; Sairá Ka'apor, miembro de Ka'a usak ha (Guardia de Autodefensa Ka'apor), asesinado a puñaladas en el asentamiento maderero de Betel, en el municipio de Araguanã, en 2016; Jurandir Ka'apor, asesinado a tiros por madereros ilegales en 2019 y Kwaxipuru Ka'apor, asesinado a golpes en 2020. Hasta la fecha, las investigaciones no han encontrado a las personas responsables de los asesinatos, lo que refuerza un ambiente de impunidad que autoriza la persecución y la violencia extrema contra los defensores y defensoras indígenas que desafían los intereses comerciales de los políticos locales, las empresas privadas y las organizaciones criminales de la región.

En los últimos años, defensores/as de los derechos humanos del pueblo indígena ka'apor han sido objeto constante de intimidaciones, campañas de difamación, criminalización y agresiones físicas. Actualmente, 4 miembros de dicha comunidad están incluidos en el Mecanismo Brasileño de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en el Estado de Maranhão; sin embargo, se ha limitado la asistencia efectiva en términos de protección y apoyo para formalizar las denuncias de ataques y otros tipos de violencia ante los organismos públicos competentes.

El 9 de marzo de 2022, el proyecto de ley 191/2020, impulsado por el presidente Jair Bolsonaro, fue incluido en la orden del día de forma urgente en la Cámara de Diputados. Dicho proyecto, que pretende permitir la minería en tierras indígenas y que actualmente se considera inconstitucional en virtud de la Constitución brasileña, fue reintroducido con la excusa de dar respuesta a una posible escasez de fertilizantes minerales utilizados por la agroindustria brasileña, que podrían escasear debido a la invasión militar rusa en Ucrania. Si se aprueba, podría exponer a un mayor riesgo a los pueblos indígenas y sus tierras y fomentar el aumento de envenenamientos por mercurio, los desplazamientos forzados, las agresiones físicas y los asesinatos, lo que afectaría especialmente a quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente.

Front Line Defenders condena la escalada de ataques y amenazas contra el Pueblo Indígena Ka'apor y sus defensores y considera que los mismos están directamente relacionados con la legítima y necesaria labor que realizan los líderes indígenas en defensa de los derechos territoriales y ambientales. Front Line Defenders manifiesta su profunda preocupación por la ausencia de medidas efectivas para garantizar la integridad física de las personas integrantes del pueblo Ka'apor y su territorio, lo que ignora las obligaciones que establece la Constitución brasileña. Front Line Defenders insta a las autoridades locales y nacionales a que investiguen las violaciones, entre otras, los ataques físicos y los asesinatos cometidos contra el pueblo Ka'apor y los defensores y defensoras de los derechos indígenas en la Tierra Indígena Alto Turiaçu, con el fin de publicar los resultados y llevar a las personas responsables ante la justicia de acuerdo con las normas internacionales.