#Panamá

Defensores/as de derechos humanos y periodistas han sido objeto de amenazas de muerte, campañas difamatorias, violencia policial y han visto su derecho a la libertad de reunión pacífica restringido.

Los/as defensores/as de derechos humanos que trabajan para proteger los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, especialmente las personas refugiadas de Colombia en la provincia oriental de Darién, han sido objeto de campañas difamatorias por parte de agencias gubernamentales en las que sugerían la participación de estas personas en la facilitación de la entrada y acogida de personas involucradas en el tráfico de drogas internacional.

Defensores/as de los derechos ambientales y periodistas que abogan por la conservación en Darién también han sido amenazados de muerte por múltiples actores involucrados en la tala ilegal, la apropiación indebida de tierras y la agricultura intensiva en la zona.

Defensores/as de los derechos laborales y líderes sindicales también han sido acosados/as judicialmente, perseguidos/as y sus protestas pacíficas han sido violentamente reprimidas. En virtud de la Ley Nº 14/2010, dirigentes sindicales han sido procesados/as ​​y castigados/as, restringiendo su derecho a la libertad de reunión y manifestación. En muchos casos, el Ministerio de Trabajo también ha interferido en la libertad sindical al negarse a registrar algunos sindicatos.

Defensores/as de los derechos indígenas y líderes comunitarios han sido atacados/as y su derecho de reunión pacífica se ha visto restringido por la violenta represión policial, particularmente en el contexto de los proyectos hidroeléctricos Barro Blanco, Chan 75 y Bayano construidos en territorio indígena.