Marvin Wilcox y Ligia Arreaga detenidos y liberados en medio del despojo de tierras

El 15 de enero de 2019, el defensor Marvin Wilcox fue detenido en Barú, en la provincia de Chiriquí, junto a otros 4 productores que intentaron comercializar sus producciones de frutas y vegetales. A los  productores de la región se les ha prohibido vender su producción en los últimos meses, debido a la implementación de un proyecto gubernamental que busca despojar las tierras de más de 400 productores para permitir el cultivo de bananos por parte de la empresa multinacional Del Monte Fresh. Dos semanas antes, el 2 de enero, la defensora de derechos humanos Ligia Arreaga fue detenida mientras intentaba investigar el trato de los  productores de Barú. 

Marvin Wilcox es un defensor de derechos humanos y el líder de los productores de Barú afectados por el Contrato-Ley 36-17, miembro del Comité de Defensa de la Tierra de Barú y "Unidos por el Agro". El Comité en Defensa de la Tierra de Barú es una agrupación de  productores rurales y agricultores organizados para defender sus tierras en de las concesiones de empresas multinacionales y filiales nacionales. Ligia Arreaga es una defensora de derechos humanos, coordinadora de la Alianza por un Mejor Darién (AMEDAR - Asociación para un Mejor Darién) y una periodista de investigación independiente enfocada en cubrir temas de degradación ambiental y despojo de tierras.

El 15 de enero de 2019, alrededor de la 1pm, Marvin Wilcox fue detenido junto a otros 4 productores en el municipio de Barú, Chiriquí, por vender su cosecha de plátanos, mandioca, papaya y aguacate sin la autorización de las autoridades locales. La policía confiscó los cinco camiones que usaban, así como todos sus productos, que en su mayoría se han perecido desde entonces. Su producción todavía está pendiente de inspección, prevista para el 30 de enero de 2019. Se cree que el trabajo de alto perfil de Marvin Wilcox como líder en el Comité de Defensa de la Tierra de Barú llevó a un enfoque específico en ese grupo de productores.

Los cinco productores fueron liberados a la noche del 15 de enero, después de 7 horas de detención. Una audiencia fue programada para el 2 de febrero de 2019. No se ha dado más información sobre la audiencia.

También se puso en marcha una campaña de difamación contra Marvin Wilcox; quien informa haber sido descrito en la media como buscando obtener ventaja financiera a través de las luchas de los productores. Además, una fuente desconocida ofreció soborno al defensor a cambio de suspender sus actividades de derechos humanos.

El 2 de enero de 2019, Ligia Arreaga fue detenida por documentar a un grupo de productores mientras buscaban la aprobación de un mediador designado por el gobierno para vender sus productos. La mediadora, Ulzana Valdés, también conocida como “Jueza de Paz”, sigue ubicada en la sub-sede de la policía local en Finca Blanco.

El 2 de enero de 2019, Ligia Arreaga presenció la presencia de productores con camiones llenos de productos agrícolas en un retén policial, aguardaban la aprobación de la mediadora, quien está actuando junto al alcalde y la policía. Ligia Arreaga informó que cuando le pidió una entrevista a la mediadora, Ulzana Valdés intentó golpearla y tomar su cámara. La mediadora ordenó la detención de Ligia Arreaga por "invasión de la privacidad".

Ligia Arreaga fue detenida y llevada a una estación de policía en Puerto Armuelles. No se le dijo el motivo de su detención ni a dónde la llevaban. En la estación de policía, fue sometida a dos cateos, uno de los cuales sin ropa. La esposaron a una barra de metal en la pared junto a un banco de cemento durante 26 horas, durante las cuales se le negó comida. A pesar de la decisión del Primer Juez Municipal de Barú de otorgar un habeas corpus a su favor el 2 de enero de 2019, Ligia Arreaga solo fue liberada a las 5:00 pm del 3 de enero de 2019.Ligia Arreaga recibió una multa de $ 300 dólares estadounidenses por su incapacidad para identificarse; los documentos de identificación del defensor habían sido extraviados al momento de su detención.

Desde octubre de 2018, más de 400 productores del municipio de Barú han enfrentado intentos de despojo por parte del gobierno, debido a la aprobación del Contrato-Ley 36-17 por el gobierno de Juan Carlos Varela, apoyado por la Asamblea Legislativa de Panamá, que otorga el uso de 6,000 hectáreas de tierra durante 20 años para la producción masiva de bananos por parte de la empresa privada Banana Piña, filial de la multinacional Del Monte Fresh. El Contrato-ley tiene una cláusula que refiere a los productores rurales, que han ocupado la tierra durante más de 20 años, como invasores.

Más de 800 productores han ejercido la posesión sobre las tierras por más de 20 años, estableciendo en ellas sus medios de subsistencia y sustento después de que fueron abandonadas por la United Fruit Company, desde 1998. Un número de productores están en proceso de tramitar los títulos de propiedad para sus fincas; solo uno de ellos ha tenido éxito hasta el momento.

Las autoridades panameñas han presionado a los productores para que aceptaran un trato de $2,200 dólares estadounidenses por sus tierras. Desde el 26 de diciembre de 2018, aquellos que no aceptaron la oferta han sido sometidos a varios bloqueos de carreteras administrados por la policía y los que se quedaron dentro del perímetro se les niega permisión al transporte de sus bienes, debido a su estado de "invasores".

Al obstaculizar la capacidad de los productores para vender sus productos, el gobierno limita la capacidad de las comunidades para sostenerse. Esto ha sido dirigido principalmente por el alcalde de Barú, la mediadora y la policía, en un esfuerzo por obligar a los productores a abandonar sus tierras. Estas autoridades han estado ejerciendo un control de facto sobre el transporte de productos agrícolas, cuya competencia legal es de jure del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

El gobierno no solo ha intentado despojar a los productores de sus tierras sino que también ha establecido un cerco a sus productos agrícolas, dificultando su comercialización y el sustento de las comunidades. Estas medidas han sido principalmente ejecutadas  por el alcalde del municipio de Barú, Franklin Valdés, la policía del Servicio Nacional de Fronteras y una empleada mediadora llamada  “jueza de  paz”, Ulzana Valdés. Estas autoridades han estado ejerciendo un control de facto sobre el transporte de productos agrícolas, cuya competencia legal es del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

La presión del gobierno ha aumentado desde fines del año pasado. El 12 de noviembre de 2018, la mediadora ordenó la remoción de un número de productores de sus tierras por "invasión". Esto fue confirmado por una orden judicial. Aunque un amparo posteriormente suspendió la orden judicial, los productores fueron removidos a la fuerza el 21 de noviembre de 2018. Varias casas y miles de cultivos, incluidos los que pertenecían a Marvin Wilcox, fueron destruidos. La Oficina del Defensor Público está llevando a cabo una investigación administrativa sobre los actos de la mediadora, en particular a la luz de denuncias relacionadas con abuso de autoridad.

Front Line Defenders está extremadamente preocupada por el hostigamiento judicial y la detención arbitraria de periodistas, personas defensoras y campesinas en la región de Barú. Front Line Defenders expresa su preocupación por la falta de garantías procesales en el despojo de  productores y los indicadores de abuso de autoridad y acoso en el cumplimiento del Contrato-Ley 36-17. Finalmente, Front Line Defenders condena las campañas de desprestigio contra los  productores que se oponen al proyecto, incluso Marvin Wilcox; como Front Line Defenders teme que tal estigmatización pueda llevar a un aumento en la violencia contra ellos.