#Bielorrusia

Tras la ola de violencia que siguió a las elecciones presidenciales de diciembre de 2010, la situación en materia de derechos humanos se deterioró rápidamente. Defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de actos de intimidación y hostigamiento, entre ellos hostigamiento judicial, restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación, circulación, detenciones arbitrarias y maltrato. En el camino hacia las elecciones presidenciales del 2015, 6 prisioneros políticos, entre ellos el principal oponente del presidente Lukashenko, fueron indultados.

Niegan la inscripción sistemáticamente a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos (ONG), mientras que el Código Penal criminaliza a integrantes de grupos no inscriptos. Asimismo, las reformas legislativas aprobadas en el 2011 volvió ilegal que las ONG recibiesen fondos del exterior y estableció responsabilidad penal para la recepción de subvenciones o donaciones extranjeras "en violación de la ley bielorrusa".

La enorme impunidad que gozan los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley contribuyó a las violaciones de los derechos humanos, inclusive al uso de actos de tortura en la detención contra opositores políticos y DDH. Los/as abogados/as de derechos humanos fueron expulsados/as de sus asociaciones profesionales por representar a activistas de la oposición, denunciar las condiciones de detención o la violación de las garantías de un juicio imparcial.

En el 2015, muchos periodistas independientes debieron comparecer ante la corte por "producción y distribución ilegal de información". Habitualmente se tilda a la comunidad de derechos humanos de responder a motivaciones políticas y se la acusa de llevar financiamiento occidental a la "oposición radical" local.