Secuestro y violencia sexual contra una mujer cercana a la defensora de derechos humanos Marylen Serna Salinas

El 7 de abril de 2017, una mujer cercana a la defensora de derechos humanos, Marylen Serna Salinas, fue secuestrada, interrogada, golpeada, torturada y agredida sexualmente por tres hombres no identificados en Popayán, Colombia.

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En la mañana del 7 de abril de 2017, una mujer campesina cercana a Marylen Serna Salinas fue abordada por tres hombres armados que la obligaron a entrar en un vehículo y le cubrieron la cabeza con una bolsa negra. Los hombres golpearon la cara y el brazo de la mujer e inyectaron una sustancia desconocida en su brazo derecho. Ella fue interrogada sobre el paradero de Marylen Serna Salinas y pidieron para aclarar la naturaleza de su relación con la defensora de derechos humanos. Después del interrogatorio, los criminales llevaron el vehículo a un lugar tranquilo en la ciudad, donde ataron a la mujer y la abusaron sexualmente. Los criminales se fueron sin desatar y liberar a la mujer y procedieron a llamar a Marylen Serna Salinas por teléfono para confirmar su relación con la víctima, afirmando que el acto fue perpetrado como resultado de su relación y el trabajo de la defensora de derechos humanos. El crimen ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.

Este acto de violencia de género es el último de una serie de ataques, asesinatos, amenazas e intimidaciones contra movimientos sociales, indígenas, campesinas/os y de derechos a la tierra en Colombia. En el último mes, Front Line Defenders ha reportado varias violaciones contra personas defensoras de derechos humanos en el país. Entre el 21 y el 22 de marzo de 2017, durante una serie de eventos coordinados, la Policía y el Ejército Nacional realizaron incursiones en residencias y detuvieron a varios líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos de la región sur de Bolívar, entre ellos miembros del Congreso de los Pueblos. El Estado colombiano ha acusado previamente a líderes sociales de estar vinculados a grupos guerrilleros sin pruebas concretas.

Front Line Defenders expresa su preocupación por la situación en Colombia. El 2 de marzo de 2017, el asesinato de Ruth Alicia López Guisao llevó al número de líderes comunitarios muertos en el país a 25 desde el comienzo de este año. La defensora de derechos humanos trabajó con indígenas y fue miembra del Congreso de los Pueblos. En su Informe Anual 2017, que abarca el período comprendido entre enero y diciembre de 2016, Front Line Defenders reportó 281 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en todo el mundo. 86 de esos asesinatos tuvieron lugar en Colombia, convirtiéndose en el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en el mundo.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo colombiano, 156 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en los últimos 14 meses. Además de eso, se informó 5 desapariciones, 33 ataques y más de 500 casos de amenazas. Según el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera: "una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las FARC,  para controlar las economías ilegales que han sido el combustible de la guerra en Colombia".

El 2 de abril de 2017, por la tarde, el defensor de derechos humanos, José Vicente Murillo Tobo, también miembro del Congreso de los Pueblos, asistió a una mesa redonda de intercambios culturales para diálogo y consulta entre organizaciones indígenas y de derechos territoriales con el gobierno colombiano. Después de la reunión, el defensor de derechos humanos recibió un mensaje de texto y una llamada telefónica que contenía amenazas contra él por su trabajo en derechos humanos. La persona se identificó como Camilo y dijo que era el líder de Águilas Negras, una organización paramilitar en Colombia.

El gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016, pero esto no ha hecho que el país sea más seguro para las y los activistas indígenas y de derechos humanos. A pesar de todas las pruebas en contrario, el gobierno continúa manteniendo la posición de que estos homicidios no son ni sistemáticos ni vinculados a la actividad paramilitar, y se niega a reconocer la causa de las muertes en lugar de tomar medidas para evitar que sucedan.

Front Line Defenders expresa preocupación por el acto de violencia de género más reciente contra la mujer cercana a la defensora de derechos humanos Marylen Serna Salinas, ya que la violencia se perpetró directamente en relación con su trabajo de derechos humanos y roles destacados en su comunidad y organizaciones. Front Line Defenders expresa también su preocupación por la violencia contra los líderes sociales en Colombia, en particular las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan en áreas históricamente afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

Front Line Defenders insta a las autoridades de Colombia a:

1. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los crímenes cometidos contra la mujer cercana a la defensora de derechos humanos Marylen Serna Salinas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;

2. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la mujer cercana a la defensora de derechos humanos Marylen Serna Salinas, así como de defensora misma y todas/os las/os miembros del Congreso de los Pueblos y otras organizaciones en Colombia;

3. Investiguen el patrón de asesinatos y hostigamiento de las personas defensoras de derechos humanos, identifique las causas fundamentales y los autores y tome medidas decididas para prevenirlos..