Hostigamiento judicial en contra de la defensora de los derechos de la mujer Vannesa Rosales
El 28 de mayo de 2021, se tiene programada la primera audiencia del caso de la defensora de derechos humanos Vannesa Rosales que se llevará a cabo en el circuito judicial del Estado de Mérida. La celebración de la primera audiencia ha excedido por más de 5 meses el plazo máximo de 15 días durante el cual debe realizarse la audiencia preliminar de un caso de acuerdo a la ley venezolana.
El 12 de abril de 2021 se cumplieron seis meses desde que la defensora de derechos humanos Vannesa Rosales fue detenida y enfrenta a un proceso penal en su contra. El proceso judicial se ha visto empañado por irregularidades y violaciones a las garantías del debido proceso, incluyendo un grave retraso en la programación de la primera audiencia de su caso. Vannesa Rosales fue puesta bajo arresto domiciliario en enero de 2021, y desde entonces ha estado esperando que se realice la audiencia que determinará su situación legal.
El 22 de diciembre de 2020, los abogados de la defensora de derechos humanos Vannesa, Rosales interpusieron un amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones de Merida. En el amparo los abogados/as solicitaron a las autoridades que cumplan con los derechos y garantías constitucionales de la defensora, en particular que se le permita quedar libre en espera de cualquier proceso judicial en su contra, y que enfrente cargos solo por sus acciones, no por su defensa de los derechos de la mujer.
Vannesa Rosales es feminista, defensora de los derechos de las mujeres, maestra y trabajadora social en la comunidad de Pueblo Nuevo, una comunidad de escasos recursos en el centro de la ciudad de Mérida. Desde hace más de ocho años, Vannesa Rosales ha estado involucrada en múltiples proyectos que han beneficiado enormemente a la comunidad de Pueblo Nuevo, por ejemplo, es la fundadora del núcleo en Pueblo Nuevo del programa Estudios Abiertos de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida UPTM en las áreas de Enfermería, salud integral, contaduría en gestión comunal y prevención del delito y criminología. La defensora también ha despeñado un rol esencial asistiendo a mujeres desde una iniciativa local que acompaña a las mujeres en la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la promoción de la despenalización del aborto.
El 28 de mayo de 2021, se tiene programada la primera audiencia del caso de la defensora de derechos humanos Vannesa Rosales que se llevará a cabo en el circuito judicial del Estado de Mérida. La celebración de la primera audiencia ha excedido por más de 5 meses el plazo máximo de 15 días durante el cual debe realizarse la audiencia preliminar de un caso de acuerdo a la ley venezolana.
Vannesa Rosales declarará el 28 de mayo de 2021 sobre la acusación en su contra por cargos de "obligar a un tercero a abortar" y de "asociación para delinquir", cargos que criminalizan su activismo en favor de la despenalización del aborto. La audiencia inicial que presenta una demora de más de 5 meses de atraso, determinará si la defensora será procesada por dichos cargos.
Front Line Defenders reitera su profunda preocupación en relación con los cargos contra Vannesa Rosales, así como por las irregularidades que han marcado el proceso judicial hasta el momento, ya que considera que la defensora de derechos humanos está enfrentando represalias por su trabajo pacífico y legítimo en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Venezuela.
El 12 de abril de 2021 se cumplieron seis meses desde que la defensora de derechos humanos Vannesa Rosales fue detenida y enfrenta a un proceso penal en su contra. El proceso judicial se ha visto empañado por irregularidades y violaciones a las garantías del debido proceso, incluyendo un grave retraso en la programación de la primera audiencia de su caso. Vannesa Rosales fue puesta bajo arresto domiciliario en enero de 2021, y desde entonces ha estado esperando que se realice la audiencia que determinará su situación legal.
Vannesa Rosales es feminista, defensora de los derechos de las mujeres, maestra y trabajadora social en la comunidad de Pueblo Nuevo. Apoya a las mujeres en su defensa de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en abogar por la despenalización del aborto en el país. La legislación sobre la interrupción del embarazo no ha cambiado desde 1873, y prohíbe el aborto incluso en casos de violación, lo que sitúa a Venezuela en el 25% de los países del mundo con la legislación más restrictiva sobre el derecho al aborto y otros derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
El 12 de octubre de 2020, la defensora de derechos humanos fue detenida por varios elementos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC) y retenida en el centro de detención del CICPC en Mérida. El proceso se inició a raíz de la asistencia que la defensora Vannesa Rosales prestó a una niña de 13 años que había sido violada repetidamente por un vecino. El juez asignado acusó a Vannesa Rosales de "obligar a un tercero a abortar" y de "asociación para delinquir", al parecer, en relación con su activismo en favor de la despenalización del aborto.
El 11 de enero de 2021, el Juzgado Tercero de Control de Circuito Judicial Penal del Estado de Mérida concedió la solicitud de medidas cautelares sustitutivas a Vanessa Rosales, por lo que la defensora de derechos humanos fue trasladada a arresto domiciliario. La audiencia preliminar de su caso, que determinará los cargos formales en su contra y su situación jurídica, sigue pendiente. La demora excede el plazo máximo de 15 días establecido por la ley venezolana, durante el cual debe realizarse la audiencia preliminar de un caso. Los y las abogadas de la defensora de los derechos humanos también denuncian que desde febrero se les ha negado el acceso a los expedientes de investigación de su caso.
En febrero de 2021, tres expertos de la ONU, entre ellos la Relatora Especial sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, expresaron su profunda preocupación por una serie de intentos de criminalizar a personas defensoras de los derechos humanos y a organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. Los expertos destacaron el proceso de criminalización en contra de Vannesa Rosales y recordaron a las autoridades de Venezuela sus obligaciones en virtud del derecho internacional de proteger los derechos de las mujeres y las niñas.
Front Line Defenders reitera su profunda preocupación en relación con los cargos contra Vannesa Rosales, así como por las irregularidades que han marcado el proceso judicial hasta el momento. Front Line Defenders considera que la defensora de derechos humanos está enfrentando represalias por su trabajo pacífico y legítimo en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Venezuela.
El 22 de diciembre de 2020, los abogados de la defensora de derechos humanos Vannesa, Rosales interpusieron un amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones de Merida. En el amparo los abogados/as solicitaron a las autoridades que cumplan con los derechos y garantías constitucionales de la defensora, en particular que se le permita quedar libre en espera de cualquier proceso judicial en su contra, y que enfrente cargos solo por sus acciones, no por su defensa de los derechos de la mujer.
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Vannesa Rosales es feminista, defensora de los derechos de las mujeres, maestra y trabajadora social en la comunidad de Pueblo Nuevo, una comunidad de escasos recursos en el centro de la ciudad de Mérida. Desde hace más de ocho años, Vannesa Rosales ha estado involucrada en múltiples proyectos que han beneficiado enormemente a la comunidad de Pueblo Nuevo,
por ejemplo, es la fundadora del núcleo en Pueblo Nuevo del programa Estudios Abiertos de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida UPTM en las áreas de Enfermería, salud integral, contaduría en gestión comunal y prevención del delito y criminología. La defensora también ha despeñado un rol esencial asistiendo a mujeres desde una iniciativa local que acompaña a las mujeres en la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la promoción de la despenalización del aborto.
El 9 de diciembre de 2020, los abogados de la defensora, -a quienes hasta la fecha se les ha negado el acceso a los expedientes de la investigación-, solicitaron ante el Tribunal Tercero de Control de Merida, la consideración de medidas cautelares sustitutivas a la privación de la libertad. El 22 de diciembre de 2020, los abogados de Vannesa, Rosales interpusieron un amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones de Merida, para solicitar el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales de la defensora.
Este amparo constitucional surge luego de que su audiencia preliminar, que estaba prevista para el 14 de diciembre, fuera aplazada y no reprogramada, excediendo así el plazo establecido en la ley para realizar la audiencia preliminar dentro de los 15 días siguientes a la acusación de la Fiscalía que se formuló en contra Vannesa Rosales en octubre.
El 12 de octubre de 2020, funcionarios del Cuerpo Venezolano de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) allanaron la casa de la defensora Vannesa Rosales, la detuvieron y la trasladaron al Centro Penitenciario de Mérida, donde desde entonces permanece incomunicada en un área aislada.
Pese a las múltiples recomendaciones hechas por organismos de derechos humanos como ONU-Mujeres y UNICEF al gobierno venezolano sobre la despenalización del aborto, Venezuela sigue siendo parte del 25% de los países del mundo que no han despenalizado ni flexibilizado la legislación sobre el derecho al aborto y otros derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
El 16 de octubre de 2020, se llevo a cabo la audiencia de flagrancia durante la cual la Fiscalía expresó su intención de imputar el menor de los delitos establecidos en el código penal venezolano con respecto al aborto, - pena menor de 4 años de prisión con el beneficio de ser juzgado en libertad-.
Sin embargo, el juez asignado calificó la solicitud de la fiscalía con base en activismo de la defensora Vannesa Rosales por la despenalización del aborto, y la acusó de los delitos de, aborto asistido a terceros sin consentimiento, asociación para delinquir y agavillamiento, impidiéndole finalmente a la defensora ser juzgada en libertad en tanto que la pena imputada supera los 4 años. Es preciso señalar que la audiencia de flagrancia tuvo lugar cinco días después de la detención, lo que viola el plazo de 36 horas establecido en el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano.
Front Line Defenders está profundamente preocupada por el uso de cargos fabricados en contra de Vannesa Rosales como resultado de su trabajo pacífico y legítimo en defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Venezuela.
