Amenazas de funcionarios públicos contra Transparencia Venezuela

Desde el 10 de septiembre de 2018, la organización anti-corrupción Transparencia Venezuela ha recibido varias amenazas por parte de funcionarios del gobierno y se ha convertido en víctima de una campaña de desprestigio liderada por el gobierno. Estas acciones pueden entenderse dentro de un esfuerzo más amplio del gobierno venezolano para intimidar y silenciar a las personas y organizaciones que denuncian violaciones de derechos humanos y la corrupción del gobierno venezolano.

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El 10 de septiembre de 2018, la Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freites, participó en una reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU para analizar las prácticas de corrupción en el gobierno venezolano y, en general, la crisis actual. Varias delegaciones de la ONU, incluida Nikki Haley, representante de los Estados Unidos, acusaron a los altos cargos del gobierno venezolano de corrupción y delitos de narcotráfico. Después de la reunión, funcionarios del gobierno emitieron declaraciones amenazantes y estigmatizantes contra quienes participaron en la reunión.

Ese mismo día, el presidente Nicolás Maduro anunció durante una transmisión nacional que su gobierno tomaría medidas al respecto de una "campaña de desprestigio internacional contra Venezuela". El presidente además afirmó que la campaña internacional, que habla de una crisis humanitaria en el país, está dirigida por personas defensoras de derechos humanos y gobiernos extranjeros para justificar una intervención militar o un ataque terrorista en el país.

Pedro Carreño, representante de la Asamblea Nacional Constituyente, desestimó las acusaciones de corrupción hechas en contra funcionarios venezolanos durante un discurso el 12 de septiembre de 2018. También amenazó a los críticos del gobierno: “No podemos dejar que persigan a ningún camarada en el terreno que sea... a los escuálidos hay que joderlos, hay que escoñetarlos”. La Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, respaldó la declaración de Pedro Carreño en Twitter y agregó: "Totalmente de acuerdo con mi hermano Pedro Carreño. ¿Hasta cuándo vamos a poner los revolucionarios la otra mejilla? Escuálido que siga jodiendo la debe pagar y punto".

El 13 de septiembre de 2018, un blog digital controlado por el Estado llamado Misión Verdad publicó un artículo que se refiere a Transparencia Venezuela como una organización financiada y dirigida por el Gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y el fondo financiero KKR. El artículo afirmaba que la Directora Ejecutivo de Transparencia Venezuela estaba participando en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para reforzar un ataque internacional dirigido por el gobierno de los Estados Unidos contra el gobierno venezolano.

Esta no es la primera vez que la organización Transparencia Venezuela o su Directora Ejecutiva son blanco directo o indirecto de altos funcionarios del gobierno venezolano. La organización ha documentado al menos 12 ataques entre 2017 y 2018, especialmente debido a su cooperación con organizaciones internacionales y mecanismos de protección de derechos humanos. Front Line Defenders ya ha informado en el pasado sobre ataques cibernéticos llevado a cabo en contra Transparencia Venezuela. Los últimos ataques del gobierno confirman un patrón de acoso contra la organización.

Los funcionarios del gobierno venezolano regularmente se refieren a las personas defensoras de derechos humanos como criminales o aliados del gobierno de los Estados Unidos para contravenir los intereses de Venezuela. Funcionarios públicos, canales de comunicación controlados por el estado y medios impresos han estigmatizado a las personas defensoras de derechos humanos a través de campañas constantes llevadas a cabo para desacreditar su trabajo y acusarlos de buscar desestabilizar el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que las campañas de desprestigio y los ataques contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela no solo afectan sus derechos a la integridad personal, al honor y a la presunción de inocencia, sino que también pueden aumentar el clima de intolerancia en contra del trabajo llevado a cabo por personas defensoras.

Front Line Defenders expresa preocupación por los ataques dirigidos hacia el equipo de Transparencia Venezuela y hacia la reputación general de la organización, la cual se presenta como un intento de deslegitimar su trabajo a favor de revelar actos de corrupción en el país. Front Line Defenders condena el lenguaje violento y las amenazas formuladas por altos cargos dentro del gobierno contra personas defensoras de derechos humanos y simpatizantes de la oposición: estos ataques y campañas de desprestigio no solo perjudican el trabajo de las y los defensores de derechos humanos, sino que pueden llevar a un aumento de la violencia en contra ellos.

Front Line Defenders urge a las autoridades en Venezuela a:

Tomen las medidas necesarias para asegurarse que los funcionarios públicos, medios de comunicación controlados por el gobierno y otras figuras públicas se abstengan de estigmatizar el trabajo legítimo de derechos humanos de la organización Transparencia Venezuela y sus integrantes;

Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las declaraciones de los funcionarios estatales, con el fin de publicar los resultados y de llevar a los responsables ante la justicia de conformidad con los estándares internacionales;

Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras en Venezuela puedan efectuar su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos sin miedo a represalias y libre de todo tipo de restricciones arbitrarias, incluyendo el acoso judicial.