Integrantes de la organización humanitaria, ONG Azul Positivo ligados a proceso
El 14 de enero de 2021 los defensores de derechos humanos y trabajadores humanitarios de Azul Positivo, Johan Leon Reyes, Yordy Bermudez, Layners Gutierrez Diaz, Alejandro Gomez Di Maggio y Luis Ferrebuz fueron ligados a proceso por presuntos cargos de ‘manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, legitimación de capitales y asociación para delinquir’.
El 12 de enero de 2021, seis integrantes de Azul Positivo fueron llevados as las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Maracaibo, Zulia. La detención se produjo tras una presunta auditoría de la oficina de Azul Positivo por parte de la Policía Estatal de Zulia y la DGCIM, la cual duró aproximadamente seis horas. A los defensores de derechos humanos y miembros de Azul Positivo se les ha negado el acceso a sus abogados desde su detención. Los cargos en su contra aún se desconocen.
Azul Positivo es una organización humanitaria que lleva más de quince años brindando ayuda humanitaria a las comunidades mas vulnerables del Zulia, en particular a las personas que viven con el VIH / SIDA. La organización ha sido excepcionalmente activa en la lucha contra el impacto del COVID-19 en las comunidades locales a través de talleres sobre salud sexual y reproductiva, sesiones educativas sobre prevención de enfermedades y asistencia en seguridad alimentaria.
El 14 de enero de 2021 los defensores de derechos humanos y trabajadores humanitarios de Azul Positivo, Johan Leon Reyes, Yordy Bermudez, Layners Gutierrez Diaz, Alejandro Gomez Di Maggio y Luis Ferrebuz fueron ligados a proceso por presuntos cargos de ‘manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, legitimación de capitales y asociación para delinquir’.
El 12 de enero de 2021, seis integrantes de Azul Positivo fueron llevados detenidos as las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Maracaibo, Zulia. La detención se produjo tras una presunta auditoría de la oficina de Azul Positivo por parte de la Policía Estatal de Zulia y la DGCIM.. El 13 de enero de 2021, los abogados fueron informados que serían presentados ante la jurisdicción militar. A los defensores de derechos humanos miembros de Azul Positivo se les negó el acceso a sus abogados por dos días
El 14 de enero de 2021 los defensores fueron notificados que el Tribunal Militar Decimoctavo de Control declinó la competencia para conocer el caso siendo competencia del Tribunal Cuarto de Primera instancia del Estado de Zulia. El Tribunal ratificó en contra de cinco de los seis detenidos los cargos por presuntos ‘manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, legitimación de capitales y asociación para delinquir’. El Tribunal también ordenó prisión preventiva como medida en contra de ellos. El sexto integrante detenido el 12 de enero fue liberado sin cargos.
El ministerio público tiene ahora 45 días a partir de la audiencia para investigar y presentar sus conclusiones sobre las acusaciones contra Johan Leon Reyes, Yordy Bermudez, Layners Gutierrez Diaz, Alejandro Gomez Di Maggio and Luis Ferrebuz.
Front Line Defenders reitera su profunda preocupación por la criminalización en curso que enfrentan los trabajadores humanitarios y las organizaciones humanitarias en el país. Esta decisión pone de relieve el patrón de hostigamiento y persecución contra quienes, en ejercicio de su derecho a la libertad de asociación y reunión, intentan mitigar el impacto negativo que la compleja emergencia humanitaria y la pandemia del COVID-19 tienen sobre la población de Venezuela.
Front Line Defenders condena el uso indebido del sistema judicial para criminalizar la labor que realiza la organización humanitaria Azul Positivo. Front Line Defenders cree que su detención está motivada únicamente por su trabajo humanitario e insta a las autoridades venezolanas a que retiren todos los cargos en su contra y que sean puestos en libertad de forma inmediata e incondicional.
El 12 de enero de 2021, seis integrantes de Azul Positivo fueron llevados as las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Maracaibo, Zulia. La detención se produjo tras una presunta auditoría de la oficina de Azul Positivo por parte de la Policía Estatal de Zulia y la DGCIM, la cual duró aproximadamente seis horas. A los defensores de derechos humanos y miembros de Azul Positivo se les ha negado el acceso a sus abogados desde su detención. Los cargos en su contra aún se desconocen.
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Azul Positivo es una organización humanitaria que lleva más de quince años brindando ayuda humanitaria a las comunidades mas vulnerables del Zulia, en particular a las personas que viven con el VIH / SIDA. La organización ha sido excepcionalmente activa en la lucha contra el impacto del COVID-19 en las comunidades locales a través de talleres sobre salud sexual y reproductiva, sesiones educativas sobre prevención de enfermedades y asistencia en seguridad alimentaria.
El 12 de enero de 2021, alrededor de las 11:30am, agentes de la Policía Estatal de Zulia y de la DGCIM ingresaron a la sede de Azul Positivo en Maracaibo. Según la información disponible, los funcionarios informaron a los integrantes de Azul Positivo que realizarían una auditoría de la organización. Como parte de este trámite, se interrogó al director general, Johan León Reyes, y otros miembros ejecutivos de Azul Positivo presentes. Seis horas después, cinco integrantes de la organización fueron trasladados a la sede de la DGCIM en Zulia, donde permanecen detenidos. Más tarde ese mismo día, las organizaciones locales fueron informadas que un sexto miembro de Azul Positivo también había sido detenido. Desde su detención, los seis defensores de derechos humanos no han tenido acceso a ningún abogado. A sus abogados se les negó la entrada y no pudieron verificar el estado de los detenidos.
El 13 de enero en las puertas de la DGCIM le negaron nuevamente a los abogados el acceso a los integrantes de Azul Positivo detenidos; se les informó a los abogados que serían presentados ante un tribunal militar. De ser así, eso configuraría un precedente peligroso para la defensa de derechos humanos en Venezuela. Todavía no se les ha informado sobre cuales son los cargos en su contra.
Front Line Defenders ha denunciado anteriormente la escalada de ataques contra organizaciones que realizan labores humanitarias y promueven los derechos humanos en el contexto de la compleja crisis humanitaria que ha enfrentado Venezuela en los últimos años. Front Line Defenders condena los ataques contra Azul Positivo y expresa en particular su preocupación por el hecho de que a los defensores de derechos humanos se les haya negado el acceso a sus abogados e indicado que el caso podría ser juzgado por tribunales militares.
Front Line Defenders reitera su preocupación de que hechos como los llevados a cabo contra Azul Positivo tengan un efecto intimidatorio en la comunidad de defensores de derechos humanos en Venezuela, en particular quienes continúan denunciando la crisis humanitaria y quienes brindan apoyo humanitario fundamental durante la lucha contra la pandemia causada por el COVID-19.
