Desalojo forzoso de defensores/as de derechos humanos y residentes del campamento de reasentamiento urbano en Río Grande del Norte
El 7 de agosto de 2019, los residentes de la Comuna Marisa Letícia, organizada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) en São Gonçalo do Amarante, Río Grande del Norte, fueron desalojados por la fuerza por la Policía Militar sin previo aviso. Las 140 familias que vivían en la Comuna siguen desplazadas.
El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) es el movimiento social más grande que presiona por la reforma agraria en Brasil, para luchar contra la histórica gran concentración de tierra del país y las violaciones de derechos humanos asociadas a ella. Los campamentos y asentamientos organizados por los/as trabajadores/as rurales y defensores/as de derechos humanos se caracterizan por una agricultura familiar sostenible y la comercialización del excedente de productos, y a menudo son responsables del suministro de granos y verduras en las ciudades vecinas.
El 7 de agosto de 2019, los residentes de la Comuna Marisa Letícia, organizada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) en São Gonçalo do Amarante, Río Grande del Norte, fueron desalojados por la fuerza por la Policía Militar sin previo aviso. Las 140 familias que vivían en la Comuna siguen desplazadas.
La Comuna Marisa Letícia se creó el 21 de junio de 2019 por 140 familias que ocuparon un terreno urbano de una hectárea que no estaba siendo utilizada por la empresa estatal Datanorte (Compañía de Procesamiento de Datos de Rio Grande do Norte), donde comenzaron a cultivar productos agrícolas para subsistir. Las familias son miembro del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), el movimiento social más grande que presiona por la reforma agraria en Brasil, para luchar contra la histórica gran concentración de tierra del país y las violaciones de derechos humanos asociadas a ella. Los campamentos y asentamientos organizados por los/as trabajadores/as rurales y defensores/as de derechos humanos se caracterizan por una agricultura familiar sostenible y la comercialización del excedente de productos, y a menudo son responsables del suministro de granos y verduras en las ciudades vecinas.
A las 5 de la mañana del 7 de agosto de 2019, la policía militar desalojó violentamente a los/as defensores de derechos humanos y a más de 140 familias que vivían en la Comuna Marisa Letícia, organizada por el MST en São Gonçalo do Amarante, Río Grande del Norte. Los/as residentes no fueron notificados previamente y no pudieron prepararse para irse. El desalojo se llevó a cabo con violencia; utilizaron tractores para destruir las pertenencias de quienes vivían allí. Los agentes de policía amenazaron con llevarse a los/as niños/as lejos de las familias a un centro de acogida público, con ayuda de trabajadores sociales, si sus madres no cumplían con el plazo de menos de una hora para desalojar la parcela. Varios/as defensores/as de derechos humanos han sido criminalizados en relación con la disputa de tierras y tendrán que responder a acusaciones falsas de violaciones de la ley ambiental.
El día anterior, 6 de agosto de 2019, los/as defensores/as de derechos humanos que viven en la comuna y la empresa estatal llegaron a un acuerdo, según el cual se permitía a las familias quedarse hasta que las autoridades públicas aseguraran un lugar donde pudieran vivir permanentemente. Luego, las autoridades gubernamentales procedieron a inscribir a todas las familias en los programas de reasentamiento.
Sin embargo, el juez responsable de la disputa del título de propiedad sobre el área ignoró el acuerdo, alegando que el espacio ocupado era una reserva natural. La decisión no reconoció que el terreno de Datanorte tiene seis hectáreas, cinco de las cuales constituyen una reserva natural y el área restante que fue ocupada por la comuna. El Comité estatal de Conflictos Agrarios (Comitê Estadual de Conflitos Agrários), creado a nivel estatal, creado con el propósito de prevenir y mediar soluciones en conflictos agrarios, no fue informado de la decisión. Hasta la fecha, los/as defensores/as de derechos humanos y las familias siguen desplazados, y la mayoría de las 140 familias están durmiendo temporalmente en la cancha deportiva de una escuela cercana.
Esta no es la primera vez que la Comuna Marisa Letícia ha sido perseguida por las autoridades. El primer día del campamento, el 21 de junio de 2019, miembros de la Policía Militar llegaron en 10 autos para intentar forzar su desalojo sin contar con una orden. En esa ocasión, los agentes de policía amenazaron a los/as defensores de derechos humanos que vivían allí con arrestos arbitrarios. Quemaron las pertenencias de varias familias, incluida la bandera del MST que identificaba la comuna.
Front Line Defenders muestra su preocupación por el tratamiento arbitrario y violento al que han sido sometidos los miembros del MST en Rio Grande del Norte. Además, observa con preocupación el aumento de violencia en torno a los derechos a la tierra en Brasil, relacionada con políticas públicas y campañas de desprestigio de alto nivel que incitan a la violencia.
