#Guinea Ecuatorial
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Guinea Ecuatorial ha sido reconocida como uno de los países más represivos del mundo en términos del entorno civil y político, libertad de prensa y de expresión y corrupción en el gobierno. El presidente de Guinea Ecuatorial, Teoboro Obiang Nguema Mbasogo, ha estado en el poder desde 1979 y su gobierno, la élite política, la policía y las fuerzas de seguridad trabajan con impunidad. Durante su reinado, los miembros de la comunidad internacional han encontrado que no se han celebrado elecciones libres y justas, y los partidos políticos de la oposición son reprimidos mediante obstáculos administrativos, falta de financiación y presión del partido gobernante, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE).
En este contexto, el trabajo de los/as defensores de derechos humanos está siendo gravemente limitado y han sido objeto de reiteradas represalias, amenazas, estigmatización, hostigamiento y arrestos y detenciones arbitrarios. En Guinea Ecuatorial no existen organizaciones de derechos humanos independientes legalmente reconocidas, y el gobierno sospecha que las actividades de derechos humanos son anti-gubernamentales. Los/as defensores de derechos humanos han sido suspendidos de sus trabajos por sus actividades legítimas y pacíficas. Las defensoras de derechos humanos trabajan en un ambiente aún más hostil, ya que la violencia contra las mujeres es generalizada, el acoso sexual no es ilegal y, legalmente, las mujeres están sometidas a restricciones en cuanto a su derechos a la propiedad y a la herencia.
En 1992, el gobierno promulgó la Ley de Prensa, Edición y Medios Audiovisuales que autorizó la censura gubernamental de todas las publicaciones. Para los/as periodistas que trabajan en este ambiente, la autocensura es rutinaria, ya que la libertad de expresión y expresión son activamente negadas. Según se informa, la cobertura de noticias de los eventos internacionales no está permitida en los medios de comunicación locales a menos que el Presidente o un alto funcionario viaje fuera del país. No existen leyes que garanticen la libertad de información y la difusión de información y noticias en las zonas rurales es escasa.
Además, la vigilancia del gobierno impregna la vida cotidiana, siendo común la vigilancia digital, física y de los medios de comunicación. Se ha informado de que la policía y las fuerzas de seguridad operan bajo la impunidad, con pocos recursos o ninguno para los ecuatoguineanos/as que expresen su preocupación o denuncien malos tratos. La policía ha sido acusada de torturar a personas detenidas, trabajar en estado de ebriedad y exigir sobornos a los/as ciudadanos/as. La policía, el ejército, los medios de comunicación y el poder judicial están controlados por el gobierno. La falta de independencia de estas ramas de la sociedad en Guinea Ecuatorial conduce a la impunidad y a la corrupción en todos los niveles.