Ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas en medio de una crisis política en Nicaragua
Front Line Defenders condena los ataques contra los/as defensores/as de derechos humanos y periodistas que han estado documentando las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones en Nicaragua.
Desde el 18 de abril de 2018, los/as manifestantes que se oponen a las reformas de la seguridad social y al Gobierno del presidente Daniel Ortega se han enfrentado a una brutal represión mientras que defensores/as de derechos humanos y periodistas en Nicaragua han denunciado múltiples violaciones de derechos humanos. En el contexto de las manifestaciones, se han producido asesinatos, desapariciones, detenciones arbitrarias, agresiones físicas mediante el uso de piedras, palos, balas de goma y gas lacrimógeno, amenazas y actos de intimidación. Según las organizaciones locales, los responsables de estos ataques son las fuerzas de seguridad del Estado y grupos de civiles vinculados a la Juventud Sandinista que actúan con total impunidad. Estos ataques se han producido con la complicidad y el beneplácito de la policía y han provocado brotes de violencia que ya se han cobrado la vida de al menos 300 personas y han resultado en miles de heridos. Otros cientos de personas han sido detenidas.
En los últimos tres meses, varios miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) han sido objeto de campañas de difamación e intimidación. La Dra. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENIDH, ha sido víctima de constantes campañas de difamación contra ella y su trabajo en Nicaragua. Imágenes de la defensora fueron publicadas en redes sociales y medios de comunicación convencionales aliados del Gobierno, en las que aparece cubierta de sangre y se le describe como instigadora de la violencia. Adelayda Sánchez y Braulio Abarca, defensores de derechos humanos y miembros del CENIDH, han recibido constantes amenazas y también fueron descritos como instigadores de manifestaciones violentas en el país. Hombres no identificados arrojaron piedras a la casa de la coordinadora regional del CENIDH en Matagalpa, causando múltiples daños a su propiedad. La defensora estaba con su esposo y dos niños dentro de la casa cuando se produjo el ataque.
El 30 de mayo de 2018, 13 miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos fueron detenidos arbitrariamente en la ciudad de Rivas. El grupo se encontraba en una misión de campo investigando desapariciones en el área. Los/as defensores/as fueron puestos en libertad después de seis días. Sin embargo, se les acusa de posesión de armas ilegales, intento de homicidio, fuente de peligro y asesinato, debido a su presunta participación en las manifestaciones violentas de Boaco.
Según el CENIDH, desde el comienzo de las protestas, los/as periodistas que informaron de la violencia también han sido blanco de ataques y campañas de difamación en todo el país. El 10 de junio de 2018, Sydney Josué Garay, un periodista del diario nacional La Prensa que había informado sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades durante las recientes protestas en Nicaragua así como de las muertes asociadas a ella, fue atacado por dos hombres cuando se encontraba en su casa. Fue golpeado y le exigieron el pasaporte y su móvil de empresa. También amenazaron con matarlo con un machete. El periodista había recibido amenazas de la Juventud Sandinista semanas antes, exigiéndole que dejara de escribir artículos criticando al Gobierno.
El 12 de junio de 2018, Arnaldo Arita y Jorge Cabrera, periodistas de campo de Reuters en Nicaragua, fueron atacados y asaltados mientras cubrían la represión policial de las protestas en El Edén, Managua. Según el CENIDH, los responsables de los ataques fueron hombres encapuchados custodiados por la Policía Nacional, que les arrebataron violentamente los teléfonos, las cámaras, los cargadores, las computadoras, el dinero y documentación de los periodistas. El valor del equipo robado ascendía aproximadamente al menos a 6.000 dólares.
El 14 de junio de 2018, periodistas de Canal 10 y Radio Corporación fueron atacados por la policía en Nindirí, mientras cubrían el uso de la fuerza contra manifestantes en el municipio. Los policías confiscaron y destruyeron la cámara de un periodista de Canal 10. El periodista Yilber Idiáquez de Radio Corporación en Masaya también informó que la policía disparó contra un equipo de periodistas durante la protesta, a pesar de haberse identificado como prensa mostrando sus carnets y su equipo.
Las campañas de criminalización y difamación contra los/as defensores/as de derechos humanos obstaculizan su capacidad para continuar defendiendo los derechos humanos, que se ven gravemente debilitados en el contexto de la crisis que afecta a Nicaragua. Además, los ataques contra periodistas y miembros de la prensa no solo violan su derecho a la libertad de expresión, sino también el de acceso a la información, y representan un riesgo para la documentación independiente de los hechos.
Front Line Defenders insta al gobierno nicaragüense a que cese la represión y la violencia llevada a cabo por las fuerzas armadas, la policía y grupos de civiles vinculados al Gobierno contra los/as defensores/as de derechos humanos y periodistas, y a que las personas responsables comparezcan ante la justicia.
