Riesgo de desalojo judicial de personas defensoras de derechos humanos del pueblo indígena Bribri en Salitre
Durante varios años el pueblo indígena Bribri en Costa Rica se ha consagrado a la defensa de su territorio que ha sido ocupado de manera ilegal por personas no indígenas. El 2 de noviembre de 2019, el pueblo indígena logró recuperar el territorio localizado en la finca Kapleña, en la localidad de Puente en la zona de Salitre, al sur de Costa Rica, que se encontraba ocupado de manera ilegal por una persona no indígena. Como resultado de este hecho, el ocupante ilegal ha promovido un proceso judicial en contra del pueblo indígena, que resultó en la orden judicial de desalojo dictada en junio de 2022 que no ha sido efectiva. No obstante, el pasado 8 de junio de 2023, el Ministerio de Seguridad Pública hizo una solicitud de aclaratoria al Juzgado Agrario, sobre la posibilidad de proceder con la ejecución de la orden judicial de desalojo en contra del pueblo indígena. Dicha solicitud surje a raíz de la decisión tomada por la Sala Constitucional de Costa Rica en relación a otro caso, que decidió la improcedibilidad de los desalojos judiciales en el territorio recuperado por los pueblos indígenas de los ocupantes ilegales. Front Line Defenders expresa su preocupación sobre el riesgo que representa para el pueblo Bribri la ejecución de la orden judicial de desalojo que desconocería el precedente constitucional que ha cobijado su derecho a la tierra.
El pueblo Bribri es un grupo indígena conformado por varios clanes unidos de manera matrilineal, donde todos sus integrantes son personas nacidas de madres Bribris y que se encuentra ubicado principalmente en la zona de Salitre y Cabagra, al sur de Costa Rica. Como personas herederas de las tierras, defensoras de Iriria- su tierra sagrada, durante varios años han trabajado por recuperar su territorio por vías de hecho, utilizando medios no violentos en el marco de la legalidad, que ha sido ocupado ilegalmente por personas no indígenas. Desde 2010 han iniciado un gran movimiento de recuperación de tierras, por medio de acciones de protesta, visibilización de su reclamo por el derecho a la tierra,y ocupación pacífica del territorio luego de la falta de respuesta estatal ante su situación. Como consecuencia de su trabajo en defensa de sus derechos humanos han enfrentado violencia, amenazas, y violación a su derecho a la tierra. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les concedió medidas cautelares y ordenó al gobierno de Costa Rica que adoptara medidas para proteger la vida y la integridad física de los pueblos Bribri y los Brörán. Sin embargo, estas medidas no han sido aplicadas por las autoridades a pesar de los continuos ataques contra los defensores de los derechos de los pueblos indígenas.
La finca Kapleña, está ubicada en la localidad de Puente, en la zona de Salitre, al sur de Costa Rica en el territorio del pueblo indígena Bribri. La finca tiene una extensión de 55 hectáreas y hasta el 2 de noviembre de 2019 fue ocupada ilegalmente por una persona no indígena quien, ha sido señalado por la comunidad Bribri de ser responsable por ataques violentos, como tentativa de homicidio, agresión con armas, amenazas, ataque con sustancias químicas, en contra de la comunidad. El 2 de noviembre de 2019 el pueblo indígena Bribri lograron recuperar el territorio que ocupa la finca Kapleña. Sin embargo, como resultado de un proceso interdictal interpuesto por un ocupante ilegal, ante el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) mediante sentencia 40-2021, en junio de 2022 se ordenó el desalojo de las personas recuperadoras de sus tierras ancestrales.
Ante la orden de desalojo, el lunes 11 de julio de 2022, voceros e integrantes del Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW) organización propia del Pueblo Bribri de Salitre, presentaron ante el Ministro de Seguridad Pública formalmente la Solicitud de Declaración de Vulnerabilidad Social del Desalojo de la finca Kapleña. Lo anterior con el objetivo de lograr que el Ministro de Seguridad Pública, en el marco de sus facultades, declare vulnerabilidad social ante un desalojo en razón de los derechos de las personas indígenas involucradas en esta situación.
La problemática de la ocupación ilegal de tierras del pueblo indígena Bribri se remonta a hace varios años y más recientemente se ha intensificado pues usurpadores no indígenas han llegado al territorio a adquirir tierras de manera ilegal, como lo determino la Sala Constitucional de Costa Rica en la resolución 2022024725 del 19 de octubre del 2022 visible en el expediente 21-017138-0007-CO. Esta situación ha representado una fuente de conflicto social y violencia acompañado de impunidad para el pueblo indígena Bribri, quienes han sido atacados en retaliación por sus actividades en defensa del territorio.
Muestra de ello fue el asesinato en marzo de 2019 del defensor de derechos humanos y líder indígena bribri Sergio Rojas beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, quien defendía los derechos de los pueblos indígenas frente a la ocupación ilegal de sus territorios. En ese momento, Rojas era beneficiario de medidas cautelares de la CIDH. Si bien el 24 de septiembre de 2020, la Fiscalía notificó a la familia del defensor de derechos humanos su decisión de archivar la investigación, tras una investigación breve e inadecuada, el proceso judicial continua su curso pues el pasado 14 de junio de 2023, el Juzgado decidió de manera negativa ante la solicitud de archivo realizada por la Fiscalía.
Igualmente, Minor Ortíz Delgado, indígena bribri defensor de derechos humanos, ha sufrido frecuentes amenazas de muerte y agresiones, incluyendo al menos seis intentos de asesinato. Tras el último intento de asesinato, en marzo de 2020, en el que recibió un disparo en la pierna, el autor fue puesto en libertad y sólo recibió indicaciones de mantenerse a cierta distancia de Minor Ortíz, medidas que no han sido respetadas. A pesar de las numerosas denuncias formales presentadas ante las autoridades y de los informes sobre las amenazas de muerte contra el defensor de derechos humanos Minor y su familia, aún no se ha puesto en marcha ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad.
En este contexto de creciente violencia contra el pueblo Bribri, y sus continuos esfuerzos denunciando las violaciones ante instancias nacionales e internacionales, las comunidades habían obtenido medidas cautelares internacionales (MC-312-12) por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, estas medidas cautelares no han sido respetadas ni cumplidas. Desde 2019, dos integrantes de la comunidad han sido asesinados y decenas más han sido baleados, gravemente heridos, desalojados por la fuerza y amenazados de muerte.
De esta manera, la solicitud de aclaratoria presentada el 8 de junio de 2023, por el Ministerio de Seguridad Pública ante el Juzgado Agrario, encargado de decidir sobre la ejecutoria de las vigentes ordenes judiciales de desalojo en contra de los Bribri en la finca Kapleña, reaviva el riesgo de desalojo de su territorio.
Front Line Defenders expresa su preocupación por la solicitud aclaratoria ya que una posible respuesta positiva podría significar la ejecución de la orden de desalojo de integrantes del pueblo Bribri. Front Line Defenders entiende que estos hechos de violencia y hostigamiento en contra del pueblo indígena Bribri se presentan como represalia a la legítima actividad en defensa de los derechos humanos. Front Line Defenders reitera su preocupación por el clima de impunidad y desprotección de las personas defensoras de derechos humanos y especialmente de los pueblos indígenas en Costa Rica e insta a las autoridades de Costa Rica a iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los actos de violencia acontecidos en contra de los pueblos indígenas Bribri, así como tomar todas las medidas para garantizar su seguridad e integridad física y psicológica.
