Ataque, secuestro y tortura a integrantes de la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis

Desde la firma del “Acuerdo para la Paz y el Desarrollo” en noviembre de 2018 por la empresa hidroeléctrica Energía y Renovación y las autoridades locales y nacionales, las y los integrantes de la Resistencia Pacífica de la Microregión de Ixquisis han sufrido un nuevo ciclo de ataques, hostigamientos e intimidaciones. La Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis ha sido galardonada como uno de los cinco premiados del Premio Front Line Defenders 2018 para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo, en reconocimiento a su importante lucha por sus derechos a la tierra y la justicia ambiental. Se creó en respuesta a las graves violaciones de derechos cometidas en nombre del desarrollo económico en Guatemala.

El 9 de diciembre de 2018, el defensor de derechos humanos y presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microregión de Ixquisis Lucas Jorge, fue atacado físicamente. El 16 de diciembre, integrantes de la Resistencia Pacífica y defensores de derechos humanos Nery Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro fueron asesinados por una persona que ha sido identificada por su presunta cercanía con la empresa hidroeléctrica Energía y Renovación.

Como parte de la implementación del Acuerdo, se desplegó un contingente militar de alrededor de 200 soldados del ejército a San Mateo Ixtatán, donde se encuentran varias comunidades indígenas, incluida Ixquisis, al norte del departamento de Huehuetenango. El contingente llegó el 4 de febrero de 2019 bajo el argumento de reforzar la seguridad del área para la futura instalación de entidades estatales de justicia. El 15 de febrero, el contingente se retiró después de la presión de grupos locales, incluida la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis, quienes se sentían intimidados por la presencia de fuerzas fuertemente armadas en un contexto de represión constante a los movimientos sociales para la defensa del medio ambiente.

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) visitó la Microregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, el 23 de enero de 2019. La visita fue en respuesta a una queja presentada por la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis contra el proyecto hidroeléctrico en agosto de 2018. La delegación del MICI se reunió con representantes de las comunidades que integran la Microregión y tomó sus testimonios sobre los impactos ambientales y sociales de los proyectos hidroeléctricos en los derechos humanos de las comunidades, con una preocupación especial por la falta de consulta previa y la violencia que surgió desde la implementación del proyecto hidroeléctrico. El 31 de enero, el MICI publicó una resolución en la cual declaró que iba a llevar la queja adelante.

Después de la visita del MICI, el 22 de febrero de 2019, Julio Gómez Lucas, delegado ante el Gobierno Ancestral Plurinacional “Payxail Yajaw Konob’” en representación de la nación indígena Chuj y aliado público del movimiento de la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis, y seis integrantes de su familia fueron privados de la libertad y torturados por residentes de la comunidad Tz’ununkab. Julio Gómez Lucas fue falsamente inculpado por tráfico ilegal de madera, golpeado y arrastrado por las autoridades de Tz’ununkab hacia un centro comunitario, donde fue torturado y sometido a malos tratos por un período aproximado de 8 horas. Los residentes locales fueron llamados a reunirse en el centro y presenciar el castigo público.

En el centro comunitario, se cambiaron las acusaciones a Julio Gómez Lucas, las cuales se volveron relacionadas con su papel de la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis en la pausa de la construcción de las presas hidroeléctricas en el municipio; la remoción de las fuerzas militares de la zona; el incumplimiento del Acuerdo de Paz y Desarrollo; y la falta de implementación de proyectos de infraestructura por parte del municipio de San Mateo Ixtatán.

La esposa del defensor de derechos humanos, María Felipe Gómez y Gómez, fue llamada para acudir a ver a su esposo, donde fue también privada de la libertad y sometida a tortura junto a los cinco familiares que la acompañaron, durante un período de aproximadamente 5 horas. Los integrantes de la comunidad de Tz’ununkab exigieron la suma de Q150,000.00 (aproximadamente EUR 17,200) para la liberación de Julio Gómez Lucas, alegando que de lo contrario sería quemado vivo. Una prima de María Felipe Gómez y Gómez fue sometida a violencia sexual por supuestamente haber intentado filmar la escena, a pesar de que su teléfono no fue encontrado cuando la catearon. Después de darse cuenta de que la familia no podía pagar más de los Q 60,000 (aproximadamente EUR 6,900) que ya les habían dado, el grupo de comunitarios los liberó y amenazó con secuestrar y matar al defensor de los derechos humanos y sus familiares si revelaban lo ocurrido.

El secuestro de Julio Gómez Lucas y sus familiares, así como los ataques y asesinatos previos a integrantes de la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis quienes defienden los derechos de su comunidad, muestra el patrón de violencia en el municipio de San Mateo Ixtatán que Front Line Defenders viene documentando desde julio de 2018. El nivel de violencia en la región ha aumentado sustancialmente, por lo que Front Línea reitera sus que Front Line Defenders reitera sus peticiones a las autoridades locales y nacionales para que brinden protección adecuada a las personas defensoras de derechos humanos de la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis y garanticen su integridad física y psicológica.

Front Line Defenders condena fuertemente el asesinato de integrantes de la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis. Front Line Defenders también expresa su preocupación por la falta de respuestas apropiadas del Estado con respecto al secuestro y la tortura de Julio Gómez Lucas y sus familiares, e insta a las autoridades de Guatemala que inmediatamente lleven a cabo una investigación completa y transparente sobre estos incidentes violentos.

Además, Front Line Defenders observa con preocupación que la implementación del megaproyecto hidroeléctrico continúe contribuido significativamente a un aumento en el nivel de tensiones entre comunidades indígenas, y que las políticas implementadas por la empresa hidroeléctrica y las autoridades locales han fomentado la animosidad y la polarización entre los diferentes grupos en la región. Front Line Defenders cree fuertemente que dichos problemas son exacerbados por una falla en asegurar los derechos de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre los proyectos que las y los afectan, de acuerdo con las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.