Los defensores de los derechos de los migrantes, Cristóbal Sánchez Sánchez e Irineo Mujica, podrían enfrentarse a 24 años de prisión a pesar de haber sido liberados de la prisión preventiva
Front Line Defenders condena la persecución y criminalización en curso de los defensores de los derechos de los migrantes Cristóbal Sánchez Sánchez e Irineo Mujica, cuyos cargos no han sido retirados a pesar de su reciente liberación de la prisión preventiva en Chiapas.
Cristóbal Sánchez Sánchez e Irineo Mujica fueron detenidos sin una orden judicial y retenidos por cargos fabricados desde el 5 de junio de 2019 hasta el 12 de junio de 2019. Front Line Defenders recibió información en relación a una acción urgente enviada por Front Line Defenders a las autoridades mexicanas en febrero de 2019 la cual fue utilizada como “prueba” en contra de los defensores de derechos humanos. El 12 de junio de 2019, un juez del Centro Federal de Justicia Penal del Estado de Chiapas ordenó su liberación, sin embargo no se han retirado los cargos y, en caso de ser declarados culpables en un posible juicio futuro, los defensores enfrentarían hasta 24 años de prisión.
Cristóbal Sánchez Sánchez es un defensor de derechos humanos mexicano que ha trabajado en temas de migración durante los últimos 15 años. Fundó el Colectivo de Cultura Migrante, en donde brinda apoyo a las caravanas de migrantes para que puedan acceder a ayuda humanitaria, como los albergues. También ha colaborado con la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y la Universidad de Columbia en Nueva York en proyectos de investigación académica relacionados con la migración. Debido a su trabajo de defensa de derechos humanos, fue detenido en Tapachula en 2011 por documentar violaciones de derechos humanos contra migrantes.
Irineo Mujica es defensor de derechos humanos desde hace más de 15 años. promoviendo el respeto por los derechos de las y los migrantes y las reformas migratorias tanto en México como en Estados Unidos . Es el director de Pueblo Sin Fronteras en México, organización que trabaja en México y en Estados Unidos por garantizar los derechos de personas migrantes.. Irineo ha fundado siete albergues para migrantes en México, ha documentado abusos cometidos contra migrantes, y ha acompañado a varias caravanas.
La semana pasada, Front Line Defenders recibió información en relación a que las pruebas fabricadas utilizadas en contra Cristóbal Sánchez Sánchez, incluidas las denuncias presuntamente presentadas por los migrantes contra él, contenían información extraída directamente de una acción urgente enviada a las autoridades por Front Line Defenders en febrero de 2019. En la acciónurgente, Front Line Defenders llamó la atención sobre los ataques continuos dirigidos hacia las y los defensores de los derechos humanos que brindan ayuda humanitaria a migrantes. Los archivos utilizados en el proceso penal contra Cristóbal Sánchez Sánchez incluían su foto y una captura de pantalla de la acción urgente tomada del sitio web de Front Line Defenders. Front Line Defenders busca aumentar la visibilidad y la protección de defensores y defensoras de derechos humanos al compartir información con las autoridades pertinentes. Esta organización condena enérgicamente el uso de esta información por parte de las autoridades locales y nacionales para criminalizar a los defensores de los derechos humanos.
El 12 de junio de 2019, después de una audiencia de 13 horas sobre el caso de Cristóbal Sánchez Sánchez y una audiencia de ocho horas sobre el caso de Irineo Mujica, los defensores de los derechos humanos fueron puestos en libertad debido a la falta de pruebas. Al día siguiente, la Secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, cuestionó públicamente la liberación de los defensores de los derechos humanos y acusó a Pueblo Sin Fronteras, organización que dirige Irineo Mujica, de atraer inmigrantes a México. La Secretaria declaró en un popular programa de televisión que “otras personas que integran esta organización civil realmente han provocado esas caravanas. Entonces, que el juez haya determinado que no hubo elementos suficientes es que a lo mejor no estuvo bien integrada la carpeta de investigación". El 19 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una apelación en contra de la decisión del juez Héctor Manuel Cervantes Martínez de no vincular a proceso al defensor Irineo Mujica.
La FGR ahora tiene la opción de presentar más evidencia y, de ser encontrados culpables en un juicio futuro, los defensores de los derechos humanos se enfrentarían a 24 años de prisión. La criminalización y persecución en contra de estos defensores hace eco en una tendencia más amplia en México y en la ruta de las caravanas. El próximo informe de Front Line Defenders (julio de 2019) documenta los casos de defensores y defensoras de derechos de los migrantes en México y los Estados Unidos, quienes han sido detenidos, atacados físicamente y judicializados por su trabajo pacífico en la defensa de los derechos y las vidas de las y los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en el continente.
Front Line Defenders insta a las autoridades de México a:
1. Retirar de inmediato todos los cargos en contra Cristóbal Sánchez Sánchez e Irineo Mujica, ya que se cree que están motivados únicamente por su trabajo legítimo y pacífico en defensa de los derechos humanos;
2. Cesar de inmediato la persecución, el arresto, la detención, el hostigamiento, la difamación y la intimidación de las y los defensores de los derechos de los migrantes en México;
3. Tomar las medidas necesarias para asegurar que los funcionarios del gobierno u otras figuras públicas se abstengan de hacer declaraciones públicas que estigmaticen el trabajo legítimo de las y los defensores de los derechos de las y los migrantes;
4. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad y seguridad física y psicológica de Cristóbal Sánchez Sánchez e Irineo Mujica, en consulta con ellos;
5. Garantizar en todas las circunstancias que todas y todos los defensores de los derechos humanos en México, especialmente aquellos que protegen los derechos de las y los migrantes, puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias y sin ninguna restricción, incluido el acoso judicial.
Contacto:
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Coordinadora de Visibilidad
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