Ecuador: Próxima audiencia en caso de criminalización y estigmatización de seis defensores de derechos humanos y de la naturaleza en la provincia de Bolívar
El próximo 4 de diciembre 2024, los defensores de derechos humanos y de la naturaleza Ángel Luis Rochina Rochina, Luis Enrique Borja Andrade, Luis Arnulfo Caiza Caiza, Mauricio Freddy Díaz Sánchez, Ángel Oswaldo Lumbi Lara y Carlos Napoleón Yunapanta Tocta estarán presentes en la Corte Provincial de Justicia de Bolívar para apelar la sentencia de mayo de 2024 que resultó de un caso de criminalización que están enfrentando como represalia a su trabajo protegiendo los derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador.
Los seis defensores de derechos humanos y de la naturaleza son de las comunidades de los cantones de Las Naves, Echeandía y Guaranda, los tres ubicados en la provincia de Bolívar. Junto a sus comunidades, que son en mayoría pequeñas agricultoras, han trabajado activamente en la protección de sus territorios ante los efectos negativos causados por la minería, en especial desde el 2006 cuando se anunció el ingreso en la zona de la empresa ecuatoriana Curimining S.A., subsidiaria de las empresas canadienses Salazar Resources Ltd. y Silvercorp Metals Inc. Desde entonces, las comunidades hicieron una serie de reivindicaciones al poder público para ser incluidas y escuchadas en consultas en relación a la actividad minera en la zona, pero no recibieron respuesta positiva alguna. Ante la ausencia de compromiso por parte de las autoridades, iniciaron protestas pacíficas exigiendo su derecho a participar en el proceso de licenciamiento ambiental requerido para que el proyecto pueda dar inicio.
Los defensores acusan al Estado, en especial al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), de no difundir información clara y accesible para las comunidades sobre la dimensión del proyecto Curipamba – El Domo, sus impactos socioambientales y las posibles medidas que pudieron ser adoptadas para prevenir el otorgamiento del licenciamiento. Las comunidades también critican al Estado por iniciar el proceso de consulta a finales del 2023 sin la debida notificación a las comunidades impactadas.
En el contexto del proyecto Curipamba – El Domo de la empresa Curimining S.A., el incremento de demandas por parte de las comunidades ha resultado en acciones de represalia por parte de las autoridades y de la empresa minera. A la fecha, Front Line Defenders ha documentado casos de criminalización de 18 personas defensoras de derechos humanos en relación al proyecto Curipamba – El Domo.
El 22 de enero 2024, el MAATE emitió la licencia ambiental para la fase de explotación del de cobre y oro del proyecto Curipamba – El Domo, a pesar de los reclamos de las personas defensoras de derechos humanos que señalaron que la consulta se llevó a cabo sin la debida participación ciudadana y comunitaria requerida para su validez. Curimining S.A. anunció que el licenciamiento se obtuvo con la aprobación por parte del 98% del total de la población de Las Naves. Sin embargo, de acuerdo a la documentación de las personas defensoras, solo hubo 150 asistentes en la audiencia, muchos de los cuales eran trabajadores de la empresa y sus familiares, cuando en realidad la población total de las comunidades directamente afectadas se aproxima a más de 7000 personas. Sumado a ello, la consulta solo incluyó a 7 comunidades del cantón y no consideró a otras 10 también impactadas por el proyecto. Finalmente, los defensores también resaltaron otras irregularidades, como el hecho de que varios materiales informativos del proyecto y de absolución de consultas fueron distribuidos por la empresa en vez del Estado.
El 15 de mayo de 2024, los seis defensores de derechos humanos fueron sentenciados a una pena privativa de libertad de tres años y una multa de 600 dólares americanos que deberán pagar a la empresa minera multinacional canadiense Curimining S.A tras ser declarados culpables de una acusación de asociación ilícita. La acusación fue hecha en el 2021 y promovida por la Fiscalía de Ecuador con el apoyo de la empresa Curimining como acusadora particular. A los seis defensores se les acusa de haber conspirado para dañar la maquinaria y las instalaciones del proyecto Curipamba – El Domo. Sin embargo, los defensores continúan afirmando y probando que sus acciones se dieron de manera pacífica por medio de la participación en marchas y protestas en las cuales cargaron carteles con consignas en la defensa del agua y de la naturaleza.
Antes de la sentencia de primera instancia, el 18 de marzo 2024, el representante de las Naciones Unidas en Sudamérica, Jan Jarab, conversó con los defensores de derechos humanos, compartiendo su preocupación sobre la situación actual de las comunidades campesinas en Ecuador. A la semana siguiente, el 25 de marzo 2024, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, también expresó su preocupación por la situación de las comunidades que tienen proyectos mineros implementados en sus territorios. En mayo de 2024, la Relatoría Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, y otros organismos de Naciones Unidas emitieron un comunicado expresando su preocupación por el incumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos y las fallas del Estado ecuatoriano en garantizar el respeto por los derechos humanos en contextos de proyectos mineros, incluyendo el caso de las comunidades de Las Naves.
Si bien Front Line Defenders saluda los esfuerzos de la comunidad internacional en denunciar la situación y dar visibilidad al caso, también resalta que ello no excluye la necesidad de contar con una mayor presencia y acompañamiento de las instituciones de derechos humanos ecuatorianas, las cuales a la fecha no han jugado el rol fundamental que podrían asumir salvaguardando el derecho que tienen las comunidades a defender derechos humanos.
Front Line Defenders expresa su preocupación por el reciente incremento de actividades mineras en Ecuador que a su vez intensifica las presiones sobre las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas alrededor del país, deteriorando la realización de sus derechos humanos y condiciones ambientales. Front Line Defenders también muestra preocupación por la situación de las personas defensoras de derechos humanos que están siendo criminalizadas por ejercer su derecho a actuar en defensa de los derechos humanos, a la protesta pacífica y a la defensa de un medio ambiente sano, derechos ampliamente respaldados por instrumentos internacionales, como lo son la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, dos marcos normativos internacionales de los cuales Ecuador es signatario.
Front Line Defenders se suma al llamado de la comunidad internacional y expresa su preocupación sobre la situación de la posible criminalización y privación de libertad de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza Ángel Luis Rochina Rochina, Luis Enrique Borja Andrade, Luis Arnulfo Caiza Caiza, Mauricio Freddy Díaz Sánchez, Ángel Oswaldo Lumbi Lara y Carlos Napoleón Yunapanta Tocta. Front Line Defenders considera que los defensores están siendo criminalizados en represalia a su liderazgo comunitario, así como por el trabajo de incidencia y movilización que realizan frente al impacto socioambiental negativo del proyecto minero Curipamba – El Domo en las comunidades. Front Line Defenders también resalta la falta de garantías de derechos humanos y colectivos como la debida consulta previa en el marco de proyectos mineros nacionales e internacionales implementados en el país.
Front Line Defenders ve este caso de criminalización como un claro ejemplo de cómo el sistema de justicia cae en un uso indebido con el fin de hostigar y silenciar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos en Ecuador, particularmente para quienes trabajan protegiendo los derechos de la naturaleza y del territorio en contextos de proyectos extractivos. En caso se confirme la sentencia contra los defensores, ello podría implicar un precedente peligroso y negativo sobre el derecho a defender derechos humanos en Ecuador.
Front Line Defenders insta a las autoridades de Ecuador a:
- Desestimar los procesos de criminalización en contra de los defensores de derechos humanos Ángel Luis Rochina Rochina, Luis Enrique Borja Andrade, Luis Arnulfo Caiza Caiza, Mauricio Freddy Díaz Sánchez, Ángel Oswaldo Lumbi Lara y Carlos Napoleón Yunapanta Tocta, pues estos se encuentran motivados por su legítima y pacífica labor de defensa de derechos humanos y de la naturaleza;
- Resaltar la importancia del acompañamiento por parte de la Defensoría del Pueblo en el caso, dado su potencial como caso emblemático de violación de los derechos humanos y que puede sentar un posible precedente negativo sobre el derecho a defender derechos en Ecuador;
- Garantizar que todas las comunidades impactadas por el proyecto minero Curipamba – El Domo tengan el derecho a acceder a un debido proceso de consulta con participación efectiva en la toma de decisiones de todo proyecto que afecte sus territorios;
- Garantizar en todo momento que las personas defensoras de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades de defensa de derechos humanos sin temor a represalias y libre de restricciones, en línea con los compromisos y obligaciones asumidas por el Estado ecuatoriano;
- Desarrollar medidas de protección efectivas para las personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza enfrentando situaciones de riesgo, hostigamiento y amenazas en razón de su labor de defensa de derechos humanos y de la naturaleza.
