La Democracia y Los Derechos Humanos Se Encuentran Ante Una Encrucijada en Guatemala

El 4 de septiembre de 2018, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, tomó la medida extraordinaria y extralegal de negar el reingreso de Iván Velásquez al país. El Sr. Velásquez es el Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), esfuerzo respaldado por las Naciones Unidas y creado a fines de 2006 para investigar la corrupción y la impunidad en el país. Esto hechos se dieron tras el anuncio del presidente Morales el 31 de agosto de que no renovaría el mandato de la CICIG, a pesar de las campañas en apoyo a su trabajo.

El 16 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala votó a favor de revocar la prohibición de reingreso del Sr. Velásquez, lo que llevó a que el Presidente Morales respondiera rápidamente que no cumpliría, hecho que ha sumido al país en una crisis constitucional. Las y los defensores de derechos humanos y la sociedad civil guatemalteca han mantenido la presión pública, iniciando una semana de protestas el 10 de septiembre. El 12 de septiembre, el tercer día de protestas, más de 2000 policías respaldados por unidades de las fuerzas armadas impidieron que los manifestantes marcharan al Congreso. Tras la decisión del Tribunal Constitucional, las y los activistas continuaron las protestas por el estado de derecho a pesar de la creciente represión del gobierno contra la sociedad civil¹.

“Guatemala se encuentra frente a una aguda crisis política, producto de decisiones tomadas por el presidente Jimmy Morales, las cuales buscan socavar los esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad en el país", afirmó Andrew Anderson, director ejecutivo de Front Line Defenders. "Front Line Defenders expresa preocupación por la grave situación y ante el hecho de que la respuesta a la insatisfacción social ha sido el despliegue de la fuerza pública y la intimidación hacia activistas y periodistas. Está claro que existe una lista de vigilancia de facto de activistas y periodistas reconocidos, la cual es una amenaza a su seguridad y dificulta el tan necesario trabajo de monitoreo y difusión de información que están realizando. "

Cuando el Presidente Morales anunció que no permitiría que el Comisionado Velásquez regresara al país, se aseguró de contar en la rueda de prensa con una fuerte presencia de militares de alto rango y oficiales de policía. Para el público guatemalteco, fue un claro intento de recordar el golpe de Estado de 1982 que llevó al genocida convicto General Ríos Montt al poder y advirtió sobre uso de la fuerza militar para combatir una eventual oposición.

La organización de derechos humanos guatemalteca, Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), ha detallado el acoso y la intimidación que han sufrido las defensoras y defensores desde que el gobierno anunció que no renovaría el mandato de la CICIG. La propia UDEFEGUA se encuentra bajo vigilancia y ha reportado que desde el 31 de agosto vehículos militares han permanecido estacionados cerca de la sede de la organización. Oficiales de policía vestidos de civiles en vehículos que no están identificados han visitado las oficinas y residencias de varias personas defensoras de derechos humanos preguntando por su paradero. Personas defensoras de derechos humanos y periodistas han estado bajo vigilancia policial cuando se trasladan a reuniones y también han sido constantemente fotografiados al participar en manifestaciones públicas.

El 10 de septiembre, la Policía Nacional Civil detuvo al defensor Eliceo Hernández, miembro del Comité de Desarrollo Campesino – CODECA, después que CODECA convocara la realización de protestas a nivel nacional el día 12 de septiembre con el objetivo de exigir cambios en el gobierno actual.

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, condenó la vigilancia y el acoso de periodistas por parte de miembros de la Policía Nacional de Guatemala durante una conferencia de prensa que brindó la Corte de Constitucionalidad el 17 de septiembre.² Una semana antes, periodistas guatemaltecos advirtieron posibles ataques y amenazas en contra de periodistas y activistas. Algunos rumores apuntan a la existencia de una lista de personas pertenecientes a medios de comunicación que el gobierno planea enjuiciar por sedición debido a sus posturas críticas. Los rumores han causado alarma entre periodistas y activistas, ya que el Presidente Morales es conocido por hacer declaraciones públicas de descrédito hacia los medios de comunicación.

En un país que ha visto un incremento en el número de asesinato de personas defensoras de derechos humanos, con 20 casos documentados en lo que va del 2018, la decisión en contra de la CICIG y el Comisionado Velásquez no ha sido el único intento del gobierno de bloquear los esfuerzos por poner un fin a la impunidad endémica o de manipular la ley. Una serie de propuestas de ley han sido presentadas ante el Congreso Guatemalteco. De ser aprobadas, restringirían la libertad de expresión y asociación y el derecho al debido proceso. Estas iniciativas incluyen leyes que permitirían amnistías generales a perpetradores de violaciones de derechos humanos acusados de crimines llevados a cabo durante el conflicto armado; podrían introducir complejos requisitos para el registro de ONG; y legislación anti-terrorista que incluiría una definición de terrorismo cibernetico que criminaliza las voces criticas al gobierno en turno.³ Estas propuestas legislativas pueden restringir severamente la labor de derechos humanos en Guatemala.

“Aunque las personas que defienden derechos humanos en Guatemala están siendo vigiladas, amenazadas e intimidadas, ellas han redoblado sus esfuerzos para preservar la democracia en el país, desafiando el poder de las élites y las fuerzas armadas. La labor de la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de los Derechos Humanos y la CICIG han sido descritas como la última linea de defensa para asegurar la vigencia de la democracia y los derechos humanos en Guatemala. La resolución de esta crisis no solo determinará si el Sr. Velásquez continua en su cargo, sino también el futuro de los derechos humanos en Guatemala” advirtió el Sr. Anderson.

Front Line Defenders insta al gobierno de Guatemala a respetar sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo la protección del derecho a la protesta y que las autoridades se abstengan de hacer uso de la fuerza en contra de manifestaciones públicas.

Front Line Defenders igualmente urge a las autoridades en Guatemala garantizar que, bajo cualquier circunstancia, que todas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Guatemala puedan llevar a cabo sus actividades sin temor a sufrir represalias y libres de cualquier restricción.

Para más información, póngase en contacto con:

Adam Shapiro
Front Line Defenders
adam@frontlinedefenders.org
+1-202-294-8813
@FrontLineHRD

¹ Ver Washington Post, https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/09/10/withou...

² La mujer fue identificada como funcionaria policial después de que comenzara a filmar y tomar fotografías de periodistas y se marchara del edificio diciéndole a otros funcionarios policiales que no la siguieran porque ella era integrante de la policía.

³ La propuesta de Ley 5257 busca reformar la Ley ONG-D; Si se implementa, las ONGs estarían obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Personas y se les exigiría tramitar licencias para cada una de las instituciones gubernamentales con las que quieran relacionarse debido a la naturaleza de sus actividades. La Ley contra Actos Terroristas (5239) incluye clausulas que pueden considerar la obstrucción del trafico, herramienta comúnmente utilizada para protestas legitimas, como un acto terrorista. La ley también define al terrorismo cibernético como el uso de las redes sociales para criticar al gobierno o exigir que el gobierno tome determinadas acciones.