Criminalización y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos y del territorio de la comunidad indígena Chontal El Coyul
Front Line Defenders y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TdT) condenan la sentencia contra los defensores de derechos humanos Román Sosa Miñon, Saúl Robles Aragón y las diecinueve personas defensoras de derechos humanos y del territorio de la comunidad indígena Chontal El Coyul. Las organizaciones denuncian la situación de amenazas, hostigamiento y criminalización que están enfrentando, pues consideran que esta se da como represalia a su labor pacífica de defensa de su territorio y del ecosistema que habita en él.
El 26 de noviembre de 2024, la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes Colegiada adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca anunció la suspensión hasta nuevo aviso de la audiencia en el caso contra veintiún personas defensoras de derechos humanos y del territorio. Entre estos defensores se encuentran Román Sosa Miñon y Saúl Robles Aragón de la comunidad indígena Chontal El Coyul, muncipio de Huamelula, en el Estado de Oaxaca.
Román Sosa Miñon es un pescador, guía de ecoturismo, representante de la Asamblea Comunitaria de la Comunidad Indígena Chontal El Coyul, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), y defensor de derechos humanos y del territorio. Ha trabajado activamente en la defensa del territorio indígena de su comunidad y en la conservación de la zona del manglar, flora y fauna endémica como el desove de tortugas de la playa Ensenada, la cual es un área natural protegida. Producto de su labor de defensa, ha sufrido de represalias como amenazas, el despojo y desplazamiento de su lugar de trabajo en el 2021, así como ha enfrentado procesos de criminalización en su contra por parte de personas externas a la comunidad indígena Chontal El Coyul que pretenden apropiarse de su territorio ancestral.
Saúl Robles Aragón es un campesino, representante de la Asamblea Comunitaria de la Comunidad Indígena Chontal El Coyul, integrante de la Coordinación Regional de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), y defensor de derechos humanos y del territorio. Desde el 2022 representa a la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, compuesta por doscientas veintiún familias que han defendido 1,452 hectáreas de tierras con selva, lagunas y playas desde su posesión en 1972, de las cuales han sido despojados desde diciembre de 2023.
El 8 de mayo de 2024, el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos, del Circuito Judicial del Istmo de Tehuantepec, dictó sentencia en contra las veintiún personas de la comunidad indígena Chontal El Coyul y los condenó a una pena privativa de libertad de quince años más el pago de una reparación del daño de 55 millones de pesos mexicanos y una multa de noventa mil pesos mexicanos luego de declararlos culpables por el delito de despojo de tierras en perjuicio de la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul Oax S.C.
Esta es la tercera ocasión en la que integrantes de la comunidad indígena son criminalizados por su trabajo de derechos humanos, siendo la primera vez en el año 2011 cuando fueron denunciados por la misma sociedad agrícola. Ese caso terminó con una resolución de no vinculación a proceso en el mismo año. El segundo intento de criminalización ocurrió en el 2019 y concluyó nuevamente con una resolución de no vinculación contra los denunciados en el 2022. En ambos casos se los acusó del delito de despojo de tierras. El tercer intento inició en el 2022 y los defensores de derechos humanos y territorio recibieron sentencia condenatoria el 8 de mayo de 2024 .
Durante el tercer caso, la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, que representa a doscientas veintiún familias indígenas, proporcionó pruebas fundamentales que comprueban la titularidad de las 1,452 hectáreas de territorio por parte de la comunidad indígena, pruebas que fueron rechazadas por el tribunal. La comunidad El Coyul denuncia que esto se trata de un intento de silenciar su continua defensa de los derechos de los pueblos indígenas y del territorio por parte de empresas inmobiliarias con el fin de desalojar a la comunidad de su territorio, de apropiarse del mismo y de explotar los recursos ubicados en la selva baja lo que ocasionaría más daños a su ecosistema.
Además de la apropiación del territorio de la comunidad, los defensores de derechos humanos y territorio Román Sosa Miñon y Saúl Robles Aragón también han denunciado que recibieron amenazas y hostigamientos que resultó en ellos siendo desplazados de su lugar de trabajo. Durante el mes de noviembre de 2024, los defensores sufrieron amenazas en su contra y de sus familias mediante llamadas telefónicas y reportaron que encontraron gallinas muertas fuera de sus domicilios.
Front Line Defenders y la Red TdT condenan la sentencia contra los defensores de derechos humanos Román Sosa Miñon, Saúl Robles Aragón y las diecinueve personas defensoras de derechos humanos y del territorio de la comunidad indígena Chontal El Coyul. Las organizaciones denuncian la situación de amenazas, hostigamiento y criminalización que están enfrentando, pues consideran que esta se da como represalia a su labor pacífica de defensa de su territorio y del ecosistema que habita en él.
Ambas organizaciones expresan su preocupación por la continua situación de criminalización contra quienes derechos humanos, especialmente contra quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas, y consideran que se ha convertido en una forma típica de ataque contra los pueblos en México.
Front Line Defenders y la Red TdT hacen un llamado a las autoridades del sistema de justicia y al Estado mexicano a respetar los estándares internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho a defender derechos humanos incluyendo el de los pueblos indígenas, cumpliendo así las obligaciones asumidas ante la comunidad internacional.
Front Line Defenders insta a las autoridades de México a:
Retirar inmediatamente todos los cargos contra los defensores de derechos humanos Román Sosa Miñon, Saúl Robles Aragón y las diecinueve personas defensoras de derechos humanos de la comunidad indígena Chontal El Coyul, por darse en base a su trabajo legítimo y pacífico en la defensa de derechos humanos;
Investigar y procesar a las personas responsables de las amenazas contra los defensores de derechos humanos Román Sosa Miñon, Saúl Robles Aragón, salvaguardando su integridad física y mental;
Garantizar que todas las personas defensoras de derechos humanos en México puedan llevar a cabo su labor pacífica y legítima sin restricciones indebidas ni miedo al hostigamiento, amenazas o represalias, incluyendo el hostigamiento judicial en su contra.
