Sergio Huamani
Front Line Defenders visitó el Perú en febrero de 2014 y viajó a lo largo de las regiones de Cajamarca y Cusco, donde realizó una investigación sobre los conflictos actuales entre las empresas mineras y las personas defensoras campesinas e indígenas. Tras esta visita, Front Line Defenders publicó un informe basado en investigación en el terreno y entrevistas con defensores de derechos humanos independientes y organizaciones de la sociedad civil.
Presentación de Front Line Defenders a la 28 sesión del Exámen Periódico Universal, novimebre 2017
Sergio Huamani es un defensor de derechos humanos y ex dirigente de Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) de la Provincia de Espinar, en el sur del Perú.
Las comunidades campesinas de Espinar se han organizado y movilizado en resitencia a la mina de cobre Tintaya, propiedad de la corporación suiza Glencor-Xstrata, que opera en las afueras de la ciudad de Espinar. Las demandas de las comunidades incluyen más garantías de protección mediambiental frente a los alarmantes niveles de contaminación, que la explotación minera resulte en un efectivo desarrollo social en la región, una supervisión independiente de las actividades mineras y que se respeten los derechos de las comunidades. Las comunidades de Espinar han estado acompañadas por Derechos Humanos Sin Fronteras, una organización no gubernamental que promueve la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente en Cusco, Perú.
El 21 de mayo de 2012, las comunidades de Espinar convocaron a una huelga general para presionar a la minera Tintaya para que negociara un nuevo contrato social, llamado Convenio Marco. En el octavo día de la huelga, civiles desarmados ocuparon y bloquearon las vías de acceso a la mina. En respuesta, el presidente Ollanta Humala declaró el estado de emergencia en la provincia, suspendiendo los derechos constitucionales, y despleó comandos especiales de la policía contra los huelguistas. Cuatro civiles murieron en los enfrentamientos resultantes, más de 100 personas resultaron heridas y varias personas fueron detenidas arbitrariamente y maltratadas bajo custodia policial, incluyendo a los defensores de derechos humanos Herbert Huamán y Sergio Huamani. Oscar Mollohuanca, el entonces gobernador provincial de Espinar, fue detenido el 31 de mayo en la Municipalidad de Espinar y fue condenado a cinco meses de prisión preventiva mientras se llevaban a cabo la investigaciones de instrucción. Los tres defensores están siendo acusadas por delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios. La Fiscalía solicita 8 años por los dos primero delitos y 7 por el tercero.
Front Line Defenders visitó Perú en febrero de 2014 y visitó las regiones de Espinar y Cajamarca para investigar los conflictos sociales relacionados con las actividades mineras, reportando sobre la difícil situación que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en Perú, siendo blanco directo de intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones físicas, asesinatos, vigilancia, estigmatización, campañas de desprestigio y criminalización directamente relacionadas con su labor legítima y pacífica en defensa de los derechos humanos. En marzo de 2017, Front Line Defenders de nuevo concluyó que Perú ha fallado reiteradamente en brindar protección a defensores y defensoras de derechos humanos.
Uno de los rasgos de la situación económica de Perú es que las industrias extractivas han crecido exponencialmente en los últimas décadas. Los/as defensores de derechos humanos y comunidades locales han denunciado que no se consultó a las comunidades indígenas con relación a los proyectos mineros, irregularidades en la apropiación de tierras comunitarias y sobre las consecuencias de la minería en el ambiente y el medio de vida de las comunidades locales. La oposición a las consecuencias de las industrias extractivas se tradujo en protestas sociales intensas en las áreas afectadas, que se toparon con respuestas violentas de parte del estado y el excesivo uso de la fuerza de la policía y el ejército. Los/as defensores/as del ambiente que trabajan en defensa de los derechos de los indígenas o comunidades campesinas han sido blanco directo de actos de hostigamiento judicial, agresiones físicas, brutalidad policial, campañas de difamación y vigilancia.
En diciembre de 2013, un informe reveló la existencia de acuerdos entre la policía nacional y varias compañías mineras en las que la policía brinda "servicios extraordinarios adicionales". Según este acuerdo, la policía lleva adelante patrullajes de rutina en nombre de las compañías con el objeto de "prevenir, detectar y neutralizar" amenazas. En la práctica, la consecuencia es que la policía actúa como agencia de seguridad privada para las compañías.
