Pepe Acacho

Pepe Acacho es un líder indígena Shuar en Ecuador. El Pueblo Shuar es una de las comunidades indígenas más numerosas en Sur América, sus territorios ancestrales están localizados en la Amazonía Ecuatoriana y Peruana. Desde el 2009, Pepe ha organizado y participado en protestas pacíficas en contra de la Ley para la privatización de Recursos Hídricos en Ecuador y las actividades de las compañías mineras en el Amazonas. Además, Pepe fue parte del Movimiento Pachakutik, una organización política con raices indígenas creada para promover la diversidad, igualdad y acción social. Por el trabajo de activismo que ha realizado, Pepe Acacho ha enfrentado un fuerte proceso de criminalización.

En agosto de 2013, la Corte de Justicia de Morona Santiago sentenció a Pepe Acacho a 12 años de prisión por el crimen de terrorismo. El fiscal acusó al defensor de utilizar varias estaciones de radio, incluyendo la radio comunitaria que el dirigía, para incitar a la comunidad a tomar las calles con lanzas y botellas de veneno con el objetivo de protestar en contra de la ley de minería propuesta por el gobierno. La Corte encontró a Pepe culpable de incitación a la violencia durante las protestas que tuvieron lugar en la cuidad de Macas en 2009, donde varios miembros del Pueblo Shuar y 38 policías resultaron heridos y un profesor fue asesinado.

Pepe Acacha solo convocó protestas pacíficas y las Cortes malinterpretaron su mensaje en la lengua Shuar. El defensor explicó que las lanzas que llevaban las personas que participaron en la protesta son simbólicas para el Pueblo Shuar y no pretendían utilizarlas como armas. La escalada de violencia se produjo solo después de que la policía desplegara un uso excesivo de la fuerza para dispersar dicha manifestación.

Pepe apeló la decisión del la Corte de Justicia y el 15 de enero de 2018, la Corte Nacional de Justicia modificó la sentencia, condenandolo a 8 meses de prision por obstrución de servicios públicos, delito del cual ni siquiera fue acusado. Pepe Acacho presentó un recuso de aclaración sobre la sentencia ante la Corte Nacional de Justicia. El 23 de febrero de 2018, la Corte confirmó la sentencia de 8 meses de prision por el delito de obstrución de servicios públicos, por tanto se teme que su detención pueda tener lugar en cualquier momento.