#Turkmenistan

El país permanece inaccesible a todo escrutinio independiente, las libertades de prensa y religiosa están sujetas a restricciones draconianas y defensores/as de los derechos humanos son víctimas de la constante amenaza de represalias del gobierno. El ambiente de represión reinante en Turkmenistán hace que sea extremadamente difícil operar para organizaciones no gubernamentales independientes.

Todos los medios de prensa impresos y electrónicos están controlados por el estado. El acceso a Internet está limitado y es estrechamente vinculado por el estado. En su esfuerzo por controlar el flujo de información, en el 2015 el gobierno comenzó a retirar los receptores de satélite de usuarios privados. El único proveedor de servicio de Internet está operado por el estado, los sitios web de la oposición política están bloqueados. Los cibercafés requieren que los visitantes presenten sus pasaportes. Se sabe que el gobierno supervisa las comunicaciones telefónicas y electrónicas. Los/as activistas de derechos humanos y sus familiares suelen ser citados por los servicios de inteligencia. Presionan especialmente a defensores/as y periodistas que tienen contactos en el exterior. Los sitios web de las ONG que supervisan la situación de los derechos humanos en Turkmenistán desde el exterior están bloqueados, como en el caso del Turkmen Human Rights Initiative (THRI).

El sistema de justicia no es transparente; en los casos políticos los juicios se celebran a puertas cerradas, y el nivel de represión general impide cualquier control independiente de los derechos humanos. El gobierno ha negado sistemáticamente el acceso al país a monitores independientes de los derechos humanos, entre ellos al Comité Internacional de la Cruz Roja y diez Relatores Especiales de la ONU que solicitaron permiso para visitarlo no recibieron respuesta.