#Tayikistán

Los/as defensores/as de derechos humanos en Tayikistán trabajan en el contexto de un poder político inamovible que mantiene su persecución sobre las voces que se le oponen. Abogados/as de derechos humanos y organizaciones no pueden denunciar públicamente el acoso y la presión que se ejerce sobre ellas. El gobierno dificulta el funcionamiento de las ONG de derechos humanos a través de chequeos administrativos e imposición de multas, de cuantías tales que pueden dar lugar a la aniquilación de las organizaciones. En 2013, a petición del Ministerio de Justicia, los tribunales decidieron cerrar una activa ONG, Amparo, tras la denuncia pública que hizo su portavoz sobre los casos de tortura en el ejército y la impunidad de los autores. En 2015, otras diversas organizaciones fueron sujetas a auditorías desmesuradas que acabaron con  la imposición de enormes multas.

Los/as abogados/as de derechos humanos son forzados a ser prudentes con sus actividades, ya que son objeto regular de amenazas contra ellos/as y sus familias. En 2015, un conocido abogado de derechos humanos y líder del partido de la oposición política fue condenado a nueve años de prisión en base a cargos falsos. Varios activistas de grupos juveniles de desobediencia civil fueron sometidos a o corren el riesgo de ser extraditados de Tayikistán, y muchos/as integrantes de organizaciones de derechos humanos temen por sus vidas y salud debido al uso generalizado de la tortura en el país.