#República Centroafricana
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Los enfrentamientos armados siguen afectando al país, mientras que la seguridad es una de las mayores preocupaciones de los/as defensores/as de derechos humanos (DDH). Hoy, la República del Centro de África es un país dividido en dos: el este y el norte están ocupados por una coalición de grupos armados conocidos como Seleka, acusados de graves violaciones de los derechos humanos, mientras que la violencia anti Balaka, contra la población musulmana continua asolando tanto Bangui como el oeste del país.
Desde que estalló la guerra civil en diciembre de 2012, prevalece una atmósfera de temor e inseguridad entre los/as DDH. Al igual que la población civil, están muy afectados por el conflicto y son tomados como blanco por todas las partes del conflicto. Los/as DDH y los periodistas que denuncian violaciones a los derechos humanos de parte de grupos armados, incluyendo el saqueo de propiedades, las torturas, el reclutamiento de niños soldados, la violación y el asesinato, hacen frente a amenazas de muerte, episodios graves de hostigamiento e intimidación, tortura, violación y homicidio. Los rebeldes armados han saqueado muchas organizaciones de derechos humanos, con la intención de destruir toda evidencia de las violaciones perpetradas por sus integrantes.
Las estaciones de radio y las oficinas de los medios de comunicación también suelen ser blanco de allanamientos, tanto de parte de Seleka como de rebeldes anti Balaka, donde cada grupo armado las acusa de estar del lado del enemigo. En consecuencia, varios líderes de organizaciones de derechos humanos y periodistas han debido ocultarse, mientras que otros huyeron del país por su propia seguridad. Al denunciar a la policía estos incidentes de saqueo y violencia, en la mayoría de los casos los responsables no son llevados a la justicia y prevalece la impunidad. Además, los/as DDH y periodistas que denunciaron violaciones a los derechos humanos de parte de soldados del gobierno también sufren habitualmente arrestos arbitrarios, hostigamiento judicial, amenazas de muerte, actos de intimidación y calumnias.