Marco Antonio Ponce sufre continua campaña de desprestigio e incitación a la violencia
Durante el mes de enero, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), y en particular su presidente Marco Antonio Ponce, ha visto una intensificación en el nivel de amenazas en su contra. Desde marzo de 2014, cuando empezaron los incidentes, hasta el 31 de enero de 2019, el defensor ha documentado al menos 68 incidentes de seguridad contra él y su organización.
Marco Antonio Ponce es Coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), organización dedicada a la promoción de los derechos humanos y la dignidad humana en Venezuela. El OVCS monitorea protestas y manifestaciones en Venezuela regularmente, así como la respuesta del Estado. Marco Antonio Ponce es un experto nacional e internacional sobre el derecho de reunión pacífica en Venezuela.
Durante el mes de enero, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), y en particular su presidente Marco Antonio Ponce, ha visto una intensificación en el nivel de amenazas en su contra. Desde marzo de 2014, cuando empezaron los incidentes, hasta el 31 de enero de 2019, el defensor ha documentado al menos 68 incidentes de seguridad contra él y su organización.
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Marco Antonio Ponce es Coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), organización dedicada a la promoción de los derechos humanos y la dignidad humana en Venezuela. El OVCS monitorea protestas y manifestaciones en Venezuela regularmente, así como la respuesta del Estado. Marco Antonio Ponce es un experto nacional e internacional sobre el derecho de reunión pacífica en Venezuela. Como resultado de la campaña de desprestigio permanente llevada a cabo en su contra por parte de altos funcionarios públicos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó Medidas Cautelares en marzo de 2015.
Marco Antonio Ponce recibió información recientemente que su organización estaba incluida en un informe gubernamental interno sobre Agendas de Información Nacionales e Internacionales, preparado por el Ministerio de Comunicación e Información. OVCS apareció en una sección titulada "Agenda de oposición: Interferencia internacional". El defensor de derechos humanos teme que él y la organización estén clasificados por el gobierno como "intervencionistas".
El 25 de enero de 2019, en el marco de una nueva oleada de protestas sociales, el portal gubernamental en línea Misión Verdad publicó el artículo: Primera política del "Gobierno paralelo": Construcción de un apartheid en Venezuela. El artículo incluía una imagen de la entrevista con Marco Antonio Ponce en el medio digital Vivoplay, en la que habló sobre las protestas del 21 y el 22 de enero. Las mismas fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas gubernamentales. El artículo hace acusaciones contra los partidos de la oposición y presenta las protestas como incidentes desestabilizadores financiados por ONG. Sugiere que las ONG están "promoviendo y buscando extender la lógica del odio y la confrontación a los sectores populares de Caracas" e incluye un hipervínculo a la cuenta de Twitter de OVCS.
Front Line Defenders ha denunciado previamente ataques similares contra Marco Antonio Ponce y el OVCS. En junio de 2016, el Congresista Diosdado Cabello se refirió a Marco Antonio Ponce como traidor ("vendepatria") en su programa semanal "Con el Mazo Dando". Esto fue motivado por la participación del defensor de derechos humanos en la 47a Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El Congresista Diosdado Cabello también proporcionó información sobre un vuelo que Marco Antonio Ponce tomaría el mes siguiente, incluidos detalles sobre dónde se sentaría en el avión.
En mayo de 2016, el periódico estatal "Ciudad Caracas, Revolución a Diario" imprimió un artículo titulado "Revelan Mecenas Internacionales de ONG Criollas", que mostraba la foto de Marco Antonio Ponce y sugería que estaba actuando en contra del interés de la nación y que era responsable de incitar violencia en el país.
Front Line Defenders denuncia la publicación de la fotografía y el nombre de Marco Antonio Ponce en este contexto, así como las graves denuncias que se han hecho contra el trabajo del OVCS. Debido al clima de tensión actual en Venezuela, estos actos pueden poner al defensor en un mayor riesgo al exponerlo a posibles represalias de actores públicos y privados, incluso a medidas judiciales.
Venezuela ha visto una escalada de violencia desde el 21 de enero de 2019, cuando comenzó una nueva oleada de protestas masivas en el país. Según la CIDH, las autoridades venezolanas detuvieron a un total de 943 personas en al menos 22 estados entre el 21 y el 31 de enero, especialmente en el Distrito Capital, Aragua, Zulia y Bolívar. Según informes disponibles, al menos 35 personas han sido asesinadas.
Desde 2014, Marco Antonio Ponce ha sido víctima de diferentes tipos de ataques motivados por su trabajo como defensor de derechos humanos. Sufrió desde actos de intimidación, hostigamiento, seguimientos, vigilancia en aeropuertos, descalificaciones personales y en contra de su organización, hasta la criminalización del trabajo realizado por el OVCS. El defensor ha sido acusado de ser "enemigo del Estado", "agente desestabilizador", entre otros, particularmente en el contexto de sus actividades ante sistemas de protección internacional, como durante su comparecencia a las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en sus informes a las Naciones Unidas.
Front Line Defenders expresa profunda preocupación por esta campaña de desprestigio continua contra el defensor de derechos humanos Marco Antonio Ponce y el trabajo que realiza a través del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El hecho de que el nombre y la imagen de Marco Antonio Ponce se muestren rutinariamente en los medios de comunicación estatales, junto a contenido que sugiere que es una amenaza para la nación, constituye una incitación a la violencia y hostilidad contra el defensor de derechos humanos.
Front Line Defenders expresa preocupación adicional por el uso, por parte del gobierno de Venezuela, de los poderes punitivos del Estado para disuadir, sancionar o impedir el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación social y política en el sentido más amplio, y los esfuerzos generalizados para desacreditar y criminalizar a cualquier organización que reciba fondos extranjeros e interactúe con mecanismos internacionales sin tener en cuenta el trabajo real que realizan, en particular las organizaciones que buscan defender los derechos humanos de todas las y los venezolanos.