Asesinato de la defensora de derechos humanos Ludivia Galindez

El 23 de febrero, la líder social y defensora de derechos humanos Ludivia Galindez fue asesinada a tiros por un grupo de sujetos armados no identificados cuando se encontraba en su residencia en el municipio de Florencia, Caquetá.

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Ludivia Galindez era una defensora de derechos humanos del municipio de La Montañita y presidenta de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal (ASOJUNTAS) de la misma comunidad. Trabajó con las comunidades en procesos de orientación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Fue parte de la Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer Colombiana (ASODEMUC) y del Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Desde estos colectivos, la líder comunitaria promovió el desarrollo de las comunidades de Caquetá y el respeto de los derechos humanos en la región.

En la noche del 23 de febrero, un grupo de sujetos armados dispararon a la defensora desde las rejas de su casa luego de que el esquema de protección que le fuera asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) se retirara de su domicilio. Uno de los hijos de la defensora también resultó herido, pero recibió atención médica inmediata.

La defensora de derechos humanos ya había denunciado anteriormente que recibía amenazas en contra de su vida. En el 2018, fue desplazada de su hogar en la vereda Miramar, municipio La Montañita, ante las amenazas del Grupo Armado Organizado residual (GAOR) por haberlos denunciado ante el Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH) por la violación de derechos humanos en la zona. Esta situación de desplazamiento forzado también motivó su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) del gobierno colombiano. Junto a su esposo e hijos, la defensora se reubicó en el municipio de Florencia, donde ocurrió su asesinato.

En setiembre de 2023, ante la insistencia de las amenazas en su contra, la Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió otorgar por el lapso de 12 meses un esquema de protección consistente en un vehículo convencional y dos personas de protección, así como un medio de comunicación y un chaleco blindado. En su decisión, la UNP constata que la defensora había previamente reportado las amenazas que recibía, cuya investigación recae en la Fiscalía General de la Nación. Ello sumado a la inclusión en el RUV por amenazas y desplazamiento forzado motivaron la conclusión de que la defensora continuaba inmersa en una situación de riesgo extraordinario derivado de su labor de lideresa social, por lo cual se decidió otorgarle las medidas de protección.

A la fecha, los familiares de la defensora denuncian que se encuentran en una situación de riesgo debido a que fueron testigos del asesinato y se encontraban viviendo en el domicilio donde ocurrieron los hechos, motivo por el cual temen ser objeto de represalias. Frente a ello, el esposo e hijos de la defensora de derechos humanos han solicitado ante la UNP la reasignación de las medidas de protección en favor de ellos.

Front Line Defenders condena el asesinato de la defensora Ludivia Galindez, y expresa su preocupación por los actos de agresión hacia las personas defensoras de derechos humanos, ya que los mismos están vinculados a su legítima actividad en defensa de los derechos humanos, particularmente ante la presencia de grupos criminales armados. Front Line Defenders también expresa su preocupación por los ataques recurrentes contra personas defensoras de derechos humanos que cuentan con medidas de protección.

Front Line Defenders insta a las autoridades de Colombia a:

1. Condenar públicamente el asesinato de la defensora de derechos humanos Ludivia Galindez;
2. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Ludivia Galindez, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y aplicarles las sanciones previstas por la ley colombiana;
3. Otorgar inmediatamente medidas de protección y apoyo en favor de los familiares de la defensora de derechos humanos Ludivia Galindez;
4. Tomar medidas para poner fin a los ataques contra los y las defensoras de derechos humanos en Colombia, para que puedan continuar sus actividades en defensa de los derechos humanos sin temor a represalias, de conformidad con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos.