Detención arbitraria del defensor de derechos humanos Juan Eduardo Caal Suram
El 1 de diciembre de 2017, a Juan Eduardo Caal Suram se le permitió volver a su casa bajo una medida de arresto domiciliario, luego de la celebración de la audiencia sobre su caso el 23 de noviembre de 2017. El defensor de derechos humanos ha estado detenido desde el 11 de octubre de 2017.
Juan Eduardo Caal Suram es miembro de la comunidad indígena Maya-Q'eqchi’ y un defensor del territorio y de los derechos ambientales. Él es integrante del Gremio de Pescadores Artesanales (GPA), que junto con otras organizaciones locales trata de proteger a las comunidades Maya-Q'eqchi’ en El Estor, Izabal, de la contaminación de níquel por las actividades mineras en la región, que pueden afectar sus tierras y poner en peligro su sustento.
El 1 de diciembre de 2017, a Juan Eduardo Caal Suram se le permitió volver a su casa bajo una medida de arresto domiciliario, luego de la celebración de la audiencia sobre su caso el 23 de noviembre de 2017. El defensor de derechos humanos ha estado detenido desde el 11 de octubre de 2017.
Juan Eduardo Caal Suram, es miembro de la comunidad indígena Maya-Q’eqchi', así como también, defensor de los derechos de las comunidades indígenas, los territorios ancestrales y derechos ambientales. Es miembro de la Gremial de Pescadores Artesanales- GPA, que junto a otras organizaciones locales, se dedica a proteger a la comunidad Maya-Q’eqchi' en El Estor, Izabal, de la contaminación producto de la actividad minera del níquel en la región, la cual afecta sus tierras y pone en riesgo su forma de vida. El defensor de derechos humanos actualmente enfrenta los cargos de “amenaza”, “incitación a delinquir”, “asociación ilícita”, “reuniones y manifestaciones ilícitas”, “daños y detenciones ilegales.”
El 23 de noviembre de 2017, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Puerto Barrios celebró una audiencia sobre el caso de Juan Eduardo Caal Suram. En la audiencia, la defensa pidió al Juez la implementación de medidas sustitutivas a la detención preventiva durante el juicio. El Juez permitió que Juan Eduardo Caal Suram continuara el proceso penal en su contra bajo arresto domiciliario, mientras cumpliera con las medidas de prohibición de salida del país, presentación periódica ante tribunales y el pago de una fianza valorada en 10000 quetzales (aproximadamente €1150). El 29 de noviembre de 2017, los miembros de la GPA lograron pagar el monto de la fianza impuesta al defensor, a través de la recolección de un fondo solidario en la comunidad. El defensor fue trasladado a su casa el 1 de diciembre de 2017.
El gobierno de Guatemala continuamente ha incumplido con la legislación nacional e internacional, así como también, con las decisiones judiciales que le demandan respetar los derechos de las comunidades indígenas. Este último arresto sigue un patrón sistemático de acoso a defensores de los derechos de las comunidades indígenas, los territorios ancestrales y derechos ambientales en Guatemala, tales como Lesbia Artola, Lolita Chavez, Abelino Chub Caal y Angélica Choc. Un mes después de la detención de Juan Eduardo Caal Suram, Jerson Antonio Xitumul Morales, defensor de las comunidades indígenas y periodista de El Estor, también fue detenido bajo falsas acusaciones relacionadas a las denuncias que realizó en contra de la Compañía Guatemalteca de Níquel – CGN, cuyas actividades contribuyen a la contaminación y daño ambiental en El Estor. Juan Eduardo Caal Suram, Jerson Antonio Xitmul Morales y por lo menos otros 7 miembros de la GPA enfrentan procesos penales debido a los esfuerzos que realizan para preservar el medio ambiente en El Estor.
Front Line Defenders esta profundamente consternado por la actual criminalización en contra de los miembros de la GPA y demás periodistas que denuncian la contaminación en la región, ya que se cree que tal persecución está motivada por el trabajo pacífico que realizan por la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. En consecuencia, Front Line Defenders insta a las autoridades de Guatemala para que garanticen la liberación inmediata e incondicional y desista de los cargos penales en contra de Eduardo Caal Suram, Jerson Antonio Xitmul Morales y los demás miembros del la GPA. Front Line Defenders insta a las autoridades en Guatemala a cesar la criminalización en contra de los defensores de derechos humanos en Guatemala, y garantizar que bajo cualquier circunstancia, puedan llevar a cabo sus actividades en materia de derechos humanos sin miedo a recibir represalias y libres de cualquier restricción, incluyendo acoso judicial.
El 11 de octubre de 2017, el defensor de derechos indígenas y ambientales, Juan Eduardo Caal Suram, fue detenido arbitrariamente por oficiales vestidos de civiles, mientras trabajaba en su barbería en El Estor, Izabal, Guatemala. Los oficiales no presentaron orden de arresto ni explicación de su detención.
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El 11 de octubre de 2017, alrededor de las 14:30 horas, Juan Eduardo Caal Suram fue detenido mientras trabajaba en su barbería. Los policías no identificados vestidos de civiles no presentaron una orden de arresto. Juan Eduardo Caal Suram fue mantenido en régimen de incomunicación y su familia, abogados y otras personas defensoras de derechos humanos de GPA desconocían su paradero hasta la mañana del 12 de octubre, cuando fueron informados de que él se encuentra detenido en Puerto Barrios, Izabal.
El 21 de julio de 2017, los defensores de derechos humanos y miembros del GPA, entre ellos Juan Eduardo Caal Suram, Eduardo Bin Poou, Tomas Che Cual, Cristóbal Pop Coc, Vicente Rax Pop, Carlos Ernesto Choc Chub, Jerson Antonio Xitumul Morales, así como periodistas que reportaron la contaminación en El Estor y sus alrededores, fueron informados de que se estaba llevando a cabo un proceso penal contra ellos. El 11 de agosto de 2017, el Juez del Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal emitió órdenes de detención contra ellos. Los defensores de derechos humanos han sido acusados de amenazas, instigación a delinquir, asociación ilícita, reuniones y manifestaciones ilícitas, daños y detenciones ilegales. Las acusaciones se produjeron a raíz de las denuncias y acusaciones formuladas por los ejecutivos de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), cuyas actividades están contribuyendo a la contaminación y daños ambientales en El Estor.
El 27 de mayo de 2017, la comunidad de El Estor decidió realizar una manifestación pacífica cerrando la carretera que conduce a Alta Verapaz y a las instalaciones mineras allí localizadas, tras el abandono unilateral del gobierno de las negociaciones con el GPA sobre minería y contaminación. El Ministerio del Interior de Guatemala ordenó el despliegue de la unidad de policía antimotines de la Policía Nacional Civil a la región. El uso desproporcionado de la fuerza, incluyendo el uso de balas de goma, municiones reales, bombas de gas y bombas sonoras, resultó en varias personas heridas y en la muerte de Carlos Maaz Coc, que fue atingido con munición real. Varias autoridades guatemaltecas, incluido el Ministro de Medio Ambiente, Sydney Samuels, han negado públicamente la muerte.
El gobierno guatemalteco ha incumplido continuamente la legislación internacional y nacional, así como decisiones judiciales que le exigen que respete los derechos de las comunidades indígenas. Este último arresto sigue un patrón sistemático de hostigamiento contra personas defensoras de los derechos indígenas y territoriales en Guatemala. Ejemplos recientes incluyen amenazas y hostigamiento de Lesbia Artola, Abelino Chub Caal y Angélica Choc.
Front Line Defenders muestra preocupación por el arresto ilegal del defensor de derechos humanos Juan Eduardo Caal Suram, así como por la criminalización en curso de miembros del GPA y periodistas que informan sobre la contaminación en la región.
Front Line Defenders insta a las autoridades de Guatemala a:
1. Liberar inmediata e incondicionalmente a Juan Eduardo Caal Suram, ya que Front Line Defenders cree que está detenido únicamente como resultado de su trabajo legítimo y pacífico en defensa de derechos humanos;
2. Asegurar que el trato a Juan Eduardo Caal Suram durante su detención se adhiera a las condiciones establecidas en el "Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión", aprobado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 43/173 de 9 de diciembre de 1988;
3. Retiren inmediatamente todos los cargos contra Juan Eduardo Caal Suram y los miembros del GPA Eduardo Bin Poou, Tomas Che Cual, Cristóbal Pop Coc, Vicente Rax Pop, Carlos Ernesto Choc Chub, Jerson Antonio Xitumul Morales, así como los periodistas acusados, ya que se cree que éstos están motivados únicamente por su legítimo y pacífico trabajo en defensa de los derechos humanos;
4. Tomar medidas para asegurar que funcionarios/as gubernamentales u otras figuras públicas se abstengan de hacer declaraciones estigmatizando el trabajo legítimo de personas defensoras de derechos humanos;
5. Tomar todas las medidas necesarias, en consulta con las personas defensoras, para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las comunidades Maya-Q’eqchi de El Estor, incluyendo miembros del GPA;
6. Tomar todas las medidas necesarias para poner fin a las intimidaciones contra los/as defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, para que puedan seguir con sus actividades de defensa de los derechos humanos sin temor a represalias, de acuerdo con la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
