Amenaza contra el defensor de derechos humanos José Vicente Murillo Tobo
El 2 de abril de 2017, el defensor de derechos humanos, José Vicente Murillo Tobo, recibió un mensaje de texto y llamada telefónica en que lo amenazaban por su trabajo en derechos humanos en Colombia.
José Vicente Murillo Tobo es el líder del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, portavoz nacional de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y miembro del Congreso de los Pueblos. Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia es una organización campesina que lucha por los derechos a la tierra y por los derechos de las personas marginadas, como los indígenas y afrodescendientes, en la región centro-oriental de Colombia. Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular tiene su origen en las huelgas agrícolas que tuvieron lugar en Colombia en 2013, debido a los bajos precios de los productos agrarios en el mercado internacional. La Cumbre reúne a diferentes movimientos indígenas, afrodescendientes, campesinos y populares para proponer un nuevo modelo para fortalecer sus derechos y su trabajo. Congreso de los Pueblos es un movimiento social que reúne a diferentes sectores y actores sociales. Desde su lanzamiento en 2010, ha desempeñado un papel destacado en las movilizaciones sociales en Colombia, como las huelgas agrícolas de 2013, 2014 y 2016.
El 2 de abril de 2017, el defensor de derechos humanos, José Vicente Murillo Tobo, recibió un mensaje de texto y llamada telefónica en que lo amenazaban por su trabajo en derechos humanos en Colombia.
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El 2 de abril de 2017, por la tarde, José Vicente Murillo Tobo asistió a la mesa redonda de intercambio cultural para el diálogo y consulta entre la organización indígena Nación Uwa y el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia con el gobierno colombiano. Después de la reunión, el defensor de derechos humanos recibió un mensaje de texto y una llamada telefónica que contenían amenazas contra su trabajo. La persona se identificó como Camilo y dijo que era el líder de Águilas Negras, una organización paramilitar en Colombia. Camilo dijo que "necesitamos hablar con ud sabemos de sus movimientos sabemos para quienes trabaja necesitamos que copere con las indicaciones que le vamos a dar sino será nuestro objetivo".
Durante una serie de eventos coordinados entre el 21 y el 22 de marzo de 2017, la Policía y el Ejército Nacional realizaron incursiones en residencias y detuvieron a varios líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos de la región sur de Bolívar, entre ellos miembros del Congreso de los Pueblos. El Estado colombiano ha acusado previamente a líderes sociales de estar vinculados a grupos guerrilleros sin pruebas concretas.
Front Line Defenders expresa preocupación por el número de asesinatos, agresiones, amenazas, intimidación y otros actos violentos contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia. El 2 de marzo de 2017, el asesinato de Ruth Alicia López Guisao llevó al número de líderes comunitarios muertos en el país a 25 desde el comienzo de este año. La defensora de derechos humanos trabajó con indígenas y fue miembra del Congreso de los Pueblos. En su Informe Anual 2017, que abarca el período comprendido entre enero y diciembre de 2016, Front Line Defenders reportó 281 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en todo el mundo. 86 de esos asesinatos tuvieron lugar en Colombia, convirtiéndose en el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en el mundo.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo colombiano, 156 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en los últimos 14 meses. Además de eso, se informó 5 desapariciones, 33 ataques y más de 500 casos de amenazas. Según el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera: "una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las FARC, para controlar las economías ilegales que han sido el combustible de la guerra en Colombia".
El gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016, pero esto no ha hecho que el país sea más seguro para las y los activistas indígenas y de derechos humanos. A pesar de todas las pruebas en contrario, el gobierno continúa manteniendo la posición de que estos homicidios no son ni sistemáticos ni vinculados a la actividad paramilitar, y se niega a reconocer la causa de las muertes en lugar de tomar medidas para evitar que sucedan.
Front Line Defenders expresa su preocupación por las amenazas más recientes contra el defensor de derechos humanos José Vicente Murillo Tobo, que se relacionan con su trabajo de derechos humanos y con su liderazgo en su comunidad y organizaciones. Front Line Defenders expresa su preocupación por la continua estigmatización de los líderes sociales en Colombia, en particular las personas defensoras de derechos humanos que trabajan en áreas que históricamente han sido afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.
Front Line Defenders insta a las autoridades de Colombia a:
1. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y intimidaciones contra José Vicente Murillo Tobo con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley
2. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de José Vicente Murillo Tobo, así como de todas/os las/os miembros del Congreso de los Pueblos y otras organizaciones en Colombia;
3. Cesar actos y acciones contra las personas defensoras de derechos humanos en Colombia y garantizar que puedan seguir con sus actividades de defensa de los derechos humanos en Colombia sin temor a represalias y sin restricciones cualesquiera, incluso hostigamiento judicial.
