Es detenido, Julio Gómez Lucas, defensor de los derechos de los pueblos indígenas
El 3 de Febrero de 2020 el defensor de los derechos de los pueblos indígenas Julio Gómez Lucas fue puesto bajo arresto domiciliario por el juez Alberto Calmo, un juez del juzgado de primera instancia especializado en delitos de drogas y ambientales del municipio de Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango.
El 26 de enero de 2020, el defensor de los derechos de los pueblos indígenas Julio Gómez Lucas fue detenido por la policía en el municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango. Se le acusa de instigación a delinquir, reuniones y manifestaciones ilícitas, agrupaciones ilegales de gente armada, atentado, asesinato en grado de tentativa y daño.
Julio Gómez Lucas es un defensor de los derechos humanos, líder de la comunidad Maya Chuj del municipio de San Mateo Ixtatán y miembro de Resistencia Pacífica de la Microregión de Ixquisis, un movimiento comunitario que defiende los derechos humanos, el cual se formó en respuesta a violaciones graves de derechos humanos cometidas en nombre del avance económico en Guatemala. La Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis fue la ganadora regional de 2018 del Premio Front Line Defenders para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo.
El 3 de Febrero de 2020 el defensor de los derechos de los pueblos indígenas Julio Gómez Lucas fue puesto bajo arresto domiciliario por el juez Alberto Calmo, un juez del juzgado de primera instancia especializado en delitos de drogas y ambientales del municipio de Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango
El defensor fue vinculado a proceso por los delitos de manifestación ilícita, instigación a delinquir, reuniones y manifestaciones ilícitas y asociación ilícita y, declaró al defensor con falta de mérito por asesinato en grado de tentativa. Además, el juez le impuso las siguientes medidas de obligación, firmar cada mes un libro ante el Ministerio Público, una caución económica de cinco mil quetzales guatemaltecos y la prohibición de abandonar el país hasta que se resuelva el caso.
Vale la pena señalar que la policía detuvo previamente al defensor el 26 de enero de 2020, bajo un reclamo de detención falsa y sin una orden de arresto. Posteriormente, el defensor fue transferido a una oficina local de la División de Investigación Criminal Especializada, donde un juez le informó que se había emitido una orden de arresto contra él el 19 de junio de 2018.
Front Line Defenders está seriamente preocupado por el arresto domiciliario impuesto al defensor de derechos humanos Julio Gómez Lucas y los cargos presentados contra él, que Front Line Defenders cree que se deben a sus actividades legítimas en defensa de los derechos indígenas.
El 26 de enero de 2020, el defensor de los derechos de los pueblos indígenas Julio Gómez Lucas fue detenido por la policía en el municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango. Se le acusa de instigación a delinquir, reuniones y manifestaciones ilícitas, agrupaciones ilegales de gente armada, atentado, asesinato en grado de tentativa y daño.
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Julio Gómez Lucas es un defensor de los derechos humanos, líder de la comunidad Maya Chuj del municipio de San Mateo Ixtatán y miembro de Resistencia Pacífica de la Microregión de Ixquisis, un movimiento comunitario que defiende los derechos humanos, el cual se formó en respuesta a violaciones graves de derechos humanos cometidas en nombre del avance económico en Guatemala. La Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis fue la ganadora regional de 2018 del Premio Front Line Defenders para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo.
En la tarde del 26 de enero de 2020, agentes de la División de Investigación Criminal Especializada (DEIC) de la Policía Nacional Civil detuvieron a Julio Gómez Lucas cerca de la entrada al municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango. La policía siguió al camión del defensor de los derechos humanos antes de obligarlo a detenerse. Afirmaron que habían escuchado disparos en el área y querían registrar su vehículo. Luego fue detenido y trasladado a una oficina local de DEIC, sin que se le mostrara una orden de arresto. Esto sucedió un día después de una visita del presidente Alejandro Giammattei al municipio de San Mateo Ixtatán - para anunciar tanto la instalación de una sede del Ministerio Público como también una sede de un Juzgado. El presidente también acudió para respaldar el denominado “Acuerdo de Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán”, en territorio donde la presencia del Estado es no bienvenido.
Esa misma noche, el defensor de derechos humanos fue presentado ante un Juez de Paz de Chiantla, quien le informó que una orden de aprehensión fue girada el 19 de junio de 2018 por Alberto Calmo Ramírez, Juez del Tribunal de Primera Instancia especializado en delitos de drogas y ambientales del municipio de Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango.
Ese mismo día, alrededor de las 4am, Julio Gómez Lucas fue transferido al Centro de Administración de Justicia (CAJ) en Santa Eulalia. El lunes 27, el defensor fue trasladado de regreso a la prisión local en la ciudad de Huehuetenango.
Julio Gómez Lucas ha sido previamente objeto de ataques como resultado de sus actividades pacíficas de derechos humanos. En febrero de 2019, él y seis de los integrantes de su familia fueron secuestrados y torturados por residentes de la comunidad indígena vecina de Tz’ununkab, en represalia por su oposición al proyecto hidroeléctrico local. Front Line Defenders ha denunciado previamente la escalada de ataques contra la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis, que han sido víctimas de asesinatos, amenazas, campañas de desprestigio y un ataque armado por parte de la policía nacional.
Front Line Defenders está preocupada por la detención y los cargos contra Julio Gómez Lucas, que parecen ser un acto de represalia por sus actividades pacíficas en defensa de los derechos indígenas. Front Line Defenders condena aún más la violencia policial, las amenazas y los asesinatos de integrantes de la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis, y reitera sus llamados a las autoridades locales y nacionales para que brinden una protección adecuada a las y los defensores de los derechos humanos y garanticen su integridad física y psicológica, especialmente dados los crecientes niveles de violencia en la región.
