Registro ilegal en la casa de la defensora de derechos humanos Sonia Jeannette Sánchez Pérez
El 29 de junio de 2017, la casa de la defensora de derechos humanos Sonia Jeannette Sánchez Pérez fue allanada por segunda vez en un mes por miembros de la Policía Nacional en San Salvador, El Salvador. Las autoridades no presentaron una orden de cateo.
Sonia Jeannette Sánchez Pérez es coordinadora del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás en San Salvador. La organización trabaja en la defensa de los derechos de las mujeres, apoyando a las mujeres que han sido víctimas de violencia, trabajando para la prevención de la violencia de género, así como haciendo campaña por la justicia ambiental. Sonia Jeannette Sánchez Pérez es también reconocida defensora de los derechos del medio ambiente que trabaja en la protección de los recursos naturales del bosque de El Porvenir desde marzo de 2015. El bosque ha sido amenazado por un proyecto de urbanización llevado a cabo por el Grupo Roble, uno de las empresas más grandes del país.
El 29 de junio de 2017, la casa de la defensora de derechos humanos Sonia Jeannette Sánchez Pérez fue allanada por segunda vez en un mes por miembros de la Policía Nacional en San Salvador, El Salvador. Las autoridades no presentaron una orden de cateo.
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El 29 de junio de 2017, la casa de Sonia Jeannette Sánchez Pérez fue ilegalmente allanada por miembros de la Policía Nacional. Cuando llegó la policía, sólo la hija de la defensora estaba en casa. Los oficiales registraron la casa y le preguntaron si tenían ilícitos pero no presentaron ninguna orden para realizar la búsqueda. Esta es la segunda vez en un mes que las autoridades han registrado la casa de la defensora de derechos humanos, a pesar de que no se conoce de ninguna investigación o procedimiento oficial en su contra.
El 7 de junio de 2017, miembros de la Policía Nacional registraron la casa de Sonia Jeannette Sánchez Pérez. No presentaron una orden de cateo y formularon preguntas sobre los residentes de la residencia de la defensora. Uno de los agentes de policía declaró que estaban llevando a cabo investigaciones, ya que había presuntos delincuentes que vivían en la zona. Aunque hay varias residencias en el barrio, sólo se buscó en su casa.
Front Line Defenders ha informado previamente sobre violaciones contra la defensora de derechos humanos. El 29 de septiembre de 2015, la empresa Grupo Roble presentó una denuncia contra Sonia Jeannette Sánchez Pérez, acusándola de difamación y calumnia, en relación con declaraciones que ella había hecho en tres canales de televisión (Canal 33, Canal 10 y TVX) radio. Sonia Jeannette Sánchez Pérez habló sobre el daño ambiental causado por los proyectos de Inversiones Roble. El proceso referente a la difamación parece ser una forma de obstaculizar el trabajo de la defensora, al restringir su libertad de expresión.
El 15 de mayo de 2015 Sonia Jeannette Sánchez Pérez recibió medidas cautelares de la Fiscalía para la Defensa de los Derechos Humanos. En su decisión, afirmaron que las amenazas que recibe constantemente "se refieren a violaciones graves del derecho a la vida y a la integridad personal ... porque estas amenazas pretenden restringir el ejercicio de su trabajo ... e implican una violación del derecho a la libertad de expresión".
Front Line Defenders expresa preocupación por las acciones más recientes llevadas a cabo por la Policía Nacional contra Sonia Jeannette Sánchez Pérez, ya que considera que están vinculadas a su trabajo pacífico y legítimo en defensa de los derechos ambientales y de las mujeres en El Salvador.
Front Line Defenders insta a las autoridades de El Salvador a:
1. Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los allanamientos ilegales realizados en la casa de Sonia Jeannette Sánchez Pérez con el fin de publicar los resultados y llevar a los responsables ante la justicia de acuerdo con las normas internacionales;
2. Tomar todas las medidas necesarias, en consulta con la defensora de los derechos humanos, para garantizar su integridad física y psicológica y su seguridad;
3. Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores de los derechos humanos en El Salvador puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias y libres de todas las restricciones, incluido el acoso judicial.
