Defensores de derechos humanos llamados a declarar en caso de difamación contra Richard Mariani
El 3 de abril de 2019, varias personas defensoras de derechos humanos que en 2018 firmaron una carta pidiendo la destitución de Miguel Zuluaga, entonces jefe de seguridad de la selección uruguaya de fútbol, fueron llamados a declarar ante la Fiscalía General de la Nación en Montevideo en un caso contra el defensor de derechos humanos Richard Mariani. Richard Mariani fue acusado de difamación por parte de Miguel Zuluaga.
Richard Mariani es un jugador de fútbol y defensor de derechos humanos. Actúa como Presidente de la Comisión Directiva de Rebeldía Organizada, una asociación civil que promueve los derechos humanos y la solidaridad, además de luchar contra la impunidad que gozan los autores de crímenes de lesa humanidad en la dictadura de Uruguay. Richard Mariani es reconocido por su trabajo en la defensa de los derechos humanos desde 2015, y desde entonces ha trabajado para promover los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, el acceso a la justicia y el ejercicio de derechos culturales en Uruguay.
El 3 de abril de 2019, varias personas defensoras de derechos humanos que en 2018 firmaron una carta pidiendo la destitución de Miguel Zuluaga, entonces jefe de seguridad de la selección uruguaya de fútbol, fueron llamados a declarar ante la Fiscalía General de la Nación en Montevideo en un caso contra el defensor de derechos humanos Richard Mariani. Richard Mariani fue acusado de difamación por parte de Miguel Zuluaga.
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Richard Mariani es un jugador de fútbol y defensor de derechos humanos. Actúa como Presidente de la Comisión Directiva de Rebeldía Organizada, una asociación civil que promueve los derechos humanos y la solidaridad, además de luchar contra la impunidad que gozan los autores de crímenes de lesa humanidad en la dictadura de Uruguay. Richard Mariani es reconocido por su trabajo en la defensa de los derechos humanos desde 2015, y desde entonces ha trabajado para promover los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, el acceso a la justicia y el ejercicio de derechos culturales en Uruguay.
En abril de 2018, Rebeldía Organizada presentó una carta pública
a las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), denunciando al entonces jefe de seguridad de la Selección Nacional, Miguel Zuluaga, como responsable por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. Miguel Zuluaga fue el subcomisionado de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía de Uruguay en el período entre 1976-1982. El órgano es ampliamente reconocido por el uso sistemático de tortura contra disidentes políticos durante la dictadura cívico-militar que duró desde 1973 hasta 1985. De acuerdo con declaraciones de víctimas, Miguel Zuluaga habría firmado informes policiales de interrogatorios de presos políticos que habían sido sometidos a torturas, y habría estado presente durante redadas policiales y sesiones de tortura.
La carta ya mencionada fue firmada conjuntamente por más de 30 organizaciones de derechos humanos y más de 50 individuos, con el objetivo de provocar una "condena social" y la remoción de Miguel Zuluaga de su puesto en la selección nacional de fútbol. Simultáneamente, las organizaciones firmantes lanzaron la campaña "Hagámosle un gol a la impunidad: Fuera Zuluaga de la selección” para traer atención pública al tema de la impunidad. Richard Mariani actuó como el portavoz de la campaña. En mayo de 2018, se anunció la salida de Miguel Zuluaga de la UAF.
El 9 de noviembre de 2018, Richard Mariani fue convocado ante la Fiscalía Penal de 4to Turno para declarar sobre la denuncia penal de difamación e injúria que Miguel Zuluaga presentó en su contra. El autor de la denuncia busca la retractación pública de las declaraciones que hizo Richard Mariani sobre la presunta responsabilidad de Zuluaga por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Varios defensoras de derechos humanos que firmaron la carta fueron citadas a presentar declaraciones en el caso contra Richard Mariani el 3 de abril de 2019, incluido el Grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. El grupo está liderando el llamado a la comunidad nacional e internacional a participar en la lucha en repudio a la criminalización de Richard Mariani y cualquier defensor o defensora que apoye a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Una movilización social está planeada para el 3 de abril de 2019, en frente a la Fiscalía General en Montevideo.
Esta no es la primera vez que Front Line Defenders expresa su preocupación por el clima de impunidad y la falta de un ambiente seguro para personas defensoras de derechos humanos cuyo trabajo se centra en búsqueda de justicia por las atrocidades cometidas durante la dictadura uruguaya. El patrón de intimidación y amenazas de muerte contra estos activistas es creciente. En 2016, personas desconocidas robaron información y evidencias de la sede del Grupo de Investigación en Antropología Forense de la Universidad de la República. El equipo de investigación ha realizado exhumaciones de cuerpos de personas que fueron objeto de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales durante la dictadura. Este grupo de antropólogos también ha recibido amenazas de muerte. Asimismo, en octubre de 2017, personas desconocidas intentaron acceder en varias oportunidades a las áreas de excavación en donde los antropológos estaban exhumando cuerpos de víctimas, que sufrieron desapariciones forzadas en el Batallón 13 y el Grupo de Artillería Antiaérea N°1. Front Line Defenders sigue preocupada por la falta de investigaciones y sanciones adecuadas por parte de las autoridades uruguayas.
Front Line Defenders sigue preocupada por los intentos de silenciar e intimidar a las personas defensoras de derechos humanos que trabajan por los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición en Uruguay. Front Line Defenders expresa una especial preocupación por los intentos de criminalizar a Richard Mariani y a cualquier organización que apoye a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Además, Front Line Defendes sigue preocupada de que este proceso de criminalización pueda significar un precedente desalentador contra personas defensoras de derechos humanos que denuncian violaciones graves de derechos humanos cometidas por funcionarios públicos, así como con la posibilidad de que se inicien otros procesos penales contra las organizaciones, defensoras y defensores que firmaron la carta conjuntamente y lideraron la campaña pública por la condena social de Miguel Zuluaga.